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El Pleno del Consistorio capitalino aprueba este viernes, de manera definitiva, la actualización de tarifas por los servicios que se prestan en los cementerios municipales. Esto supone una subida de las tasas de un 21%, derivada de la aplicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) en el periodo comprendido entre 2005 y 2021.
Para las unidades de enterramiento más comunes en la capital grancanaria, las concesiones de nichos a cinco años, se encarecerán en 56,46 euros por el lustro al completo, al pasar de los 263,81 euros actuales a los 320,27 euros que quedan fijados en el nuevo cuadro tarifario, que no recoge el Impuesto General Indirecto Canario. Esto supone un aumento de 11,29 euros al año para cada pagador, que deberá afrontar un desembolso total anual de 64,05 euros por el nicho.
El encarecimiento es mucho menor si el tiempo de concesión se amplía. Así, en el caso de los nichos a 50 años, el precio pasa de los 1.280,29 euros vigentes a los 1.554,27 que entrarán en vigor en cuanto se publique la nueva ordenanza en el Boletín Oficial. Esto arroja un aumento de 5,48 euros anuales, de forma que se pasará de 25,61 euros a 31,09 euros cada año de la concesión.
Si se opta por el uso de un nicho durante 99 años, la tarifa pasará de los 1.899,77 euros (19,19 euros anuales) a los 2.306,32 euros (23,3 euros al año). Esta diferencia de casi 407 euros, implica una diferencia de 4,11 euros cada año de la concesión.
En cuanto a los columbarios, la diferencia de precio será menor. Así, a 50 años, se quedará un pago de 322,45 euros (frente a los 265,61 de ahora), lo que implica un sobresfuerzo de 1,14 euros anuales; y a 99 años, el precio sube, desde los 385,25 actuales, a los 467,69 euros nuevos, lo que significa un desembolso extra anual de 0,83 euros.
Los precios que estaban vigentes hasta ahora y que aplicaba Canaricem -la concesionaria del servicio desde 1997- no se actualizaban desde el año 2006.
Eso hacía que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tuviera que ir compensando a la empresa por el desequilibrio económico que se generaba en sus cuentas como consecuencia de la aplicación de tarifas obsoletas. Entre 2005 y 2019, la ciudad pagó por este concepto un total de 1,9 millones de euros.
El concejal de Salud Pública del Consistorio capitalino, Luis Zamorano, explicó que «no es una subida exagerada, es lo que nos obliga el contrato, en cinco años el incremento de un año es de once euros, no llega ni a un euro al mes».
El edil explicó que se trata de un incremento «asumible» sobre todo si se compara con otros gastos del día a día que utilizamos cada vecinos. «Además, quitamos carga de expedientes al Ayuntamiento y cumplimos la ley», añadió, «si se hubiera hecho en el pasado por cada grupo de gobierno, no estaríamos ahora en el aumento del 21,4%».
Con datos aportados por la concesionaria, casi el 92% de los pagos se hacen a través de una compañía de seguros o decesos, y en el precio va incluida la primera inhumación, con ataúd y flores.
1,3 millones. Es la cantidad que cada año abona de promedio el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a Canaricem en cumplimiento de las sentencias judiciales que obligan a la ciudad a compensar la suspensión de la tasa de mantenimiento acordada en 2010.
Respecto al momento en que se produce la subida, Zamorano recordó que se viene trabajando en ella desde hace tiempo. En el propio expediente se especifica que la compañía recordó al Ayuntamiento, en 2021, que el pliego de cláusulas administrativas en que se sustentó la adjudicación del servicio de cementerios determinaba la obligación de revisar las tarifas cada año en función del IPC.
Lo que no se admite es la creación de nuevos epígrafes ni la reactivación de la tasa de mantenimiento.
La actualización de los precios se impulsa junto a un cambio de ordenanza ya que la ley modifica su naturaleza jurídica: dejan de ser tasas y se convierten en prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. Por eso, la nueva norma municipal ya no es de tipo fiscal.
Este año, el Ayuntamiento ha notificado el vencimiento de las concesiones administrativas de 125 unidades de enterramiento, de los que 109 son nichos; dieciséis son guardarrestos; y otras tres son parcelas.
Antes de que acabe la concesión de cada una de las unidades de enterramiento de los cementerios municipales, se notifica a los titulares de la extinción del servicio para que decida qué hacer con los restos.
En caso de que no se pueda conectar con el titular y sus familiares, se inicia un procedimiento de notificación. ASí, el Ayuntamiento anuncia los vencimientos de las concesiones y lo publica en el Boletín Oficial del Estado. Luego da diez días a los interesados para que se pongan en contacto con Canaricem y trate de regularizar la situación de sus seres queridos.
En caso de que este procedimiento no permita localizar a los familiares, se solicita la extinción del derecho funerario y el Ayuntamiento emite una resolución en este sentido.
La tramitación de todo el expediente tarda entre ocho y nueve meses. Una vez concluido, se trasladan los restos al osario, donde permanecen más de un año perfectamente identificados por si la familia decide recuperarlos en algún momento.
Pero pasado ese tiempo, los restos son trasladados a la fosa común y ya son irrecuperables.
Los últimos desalojos de este año son los referidos a los vencimientos de enero. Luego ha habido anuncios de fin de las concesiones en los meses de mayo, julio y octubre para todo el año.
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