«Si no llega a tiempo, no es una ayuda»

No quiere dar su nombre. Siempre late un miedo a que la denuncia acabe por perjudicarla. Pero la necesidad aprieta y no se resiste a contar su andadura en la administración para conseguir una ayuda de emergencia. Pidió cita en noviembre y la emplazaron a febrero para presentar los papeles. Pero el día fijado, le dicen que su cita no está asignada. Debía esperar tres meses para el siguiente encuentro. Pero se negó. Protestó. «Me atendieron a regañadientes», explica desde el anonimato, «quería tramitar la Prestación Canaria de Inserción y la ayuda de emergencia».

Le dieron una fecha nueva para presentar los papeles. El 4 de marzo. Lo hizo en el distrito de Ciudad Alta pero este jueves los volvió a mandar. «Me dijeron que no los encontraban», añadió.

Solo le quedan cuatro meses de cobro del subsidio de desempleo. Y tiene a su cargo a una niña de trece años. «No me da con los 450 euros que cobro». Por eso, reclama una mayor agilidad al Ayuntamiento. «La necesidad no entiende de espera», expone, «si lo necesito hoy no puedo esperar a pasar cuatro meses con hambre». Dice que si pudiera sentarse con el alcalde, Augusto Hidalgo, le diría que «una ayuda no es una ayuda si no llega a tiempo».

No es el único caso que denuncia la tardanza en la tramitación de las ayudas de emergencia. Otra vecina de La Isleta se encuentra en una situación similar. Contactó con los servicios sociales en diciembre, «estamos en abril y todavía no la tengo». Este jueves le dijeron también que no podían acceder a su documentación por un error, pese a que fue remitida por correo electrónico.

Su caso es el de una mujer de 47 años para quien la edad se está convirtiendo en un obstáculo insalvable a la hora de encontrar trabajo. Sus ingresos se reducen a los 450 euros mensuales que recibe en concepto de subvención para mantener a un hijo menor a su cargo.

Tiene dos niños de doce y veintiún años, y el alquiler de su casa le resta 350 euros. Con lo que le queda y los alimentos que le ofrecen desde la iglesia del Carmen puede sobrevivir. «Hay veces que dejo de comer por que los niños tengan un plato de comida».

Todas sus peticiones de ayuda tropiezan con un pero: presentó una solicitud para obtener una Prestación Canaria de Inserción, «pero me dieron cita para el 6 mayo»; solicitó una tarjeta de compra para el supermercado, «pero me dijeron que no porque estaba cobrando el subsidio»; y el año pasado solicitó el Ingreso Mínimo Vital, pero su petición decayó porque estuvo trabajando cinco meses en 2019.

«No podemos esperar tanto por una ayuda de emergencia», denunció, «mis hijos necesitan comer hoy, no dentro de seis meses».

El anonimato que demandaron estas dos mujeres impidió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofrecer una respuesta articulada sobre la casuística que rodea a estas dos personas, pero se aclaró que desde que se tramita la ayuda, la prestación económica de emergencia social solo tarda dos días. En el catálogo de trámites de la web municipal se fija un plazo de resolución de la prestación de tres meses.

Por otro lado, la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria Rosa Viera considera «inexplicable» que el Ayuntamiento pierda esta semana a 20 trabajadores sociales, a las que se les finalizó el contrato tras seis meses de trabajo gracias a un programa financiado por el Cabildo de Gran Canaria.

«Se trata de empleadas que han sido formadas, que estaban sacando trabajo adelante y sobre todo que venían cumpliendo un papel fundamental en un momento de estallido social, en el que las colas del hambre se han multiplicado por tres», indicó la edila del PP a través de una nota de prensa.

«Aún con este refuerzo ha seguido habiendo retrasos en las atenciones, en las valoraciones, porque la demanda continúa y sigue creciendo con lo cual muchas de las personas que necesitan ayudas económicas para salir adelante tienen que asumir ese retraso que supone más sufrimiento en sus vida», indicó.

Viera aplaudió la decisión de contratar a 20 trabajadoras sociales, a pesar de que se realizara tarde. «Después de conseguir a estas profesionales, como todos sabemos, los meses van pasando y se debió trabajar en alguna fórmula que permitiera prolongar estos contratos, ya que la situación lejos de mejorar, está empeorando», aseveró.

«¿Qué ha hecho el tripartito para solventar esta situación que se sabía que iba a pasar?», se pregunta la concejala, quien cuestiona cómo va a solventar esta situación el personal de Servicios Sociales, dado que al perder este refuerzo será aún más difícil atender a los demandantes de ayuda de una manera más ágil.