El juez suma los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a dos investigados de Valka
Un préstamo del empresario Felipe Guerra al funcionario Miguel Padrón es entendido por el fiscal como un presunto «soborno»
Javier Darriba y Francisco Suárez Álamo
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00
El magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, que dirige la investigación del caso Valka por el posible funcionamiento de una trama corrupta en el Ayuntamiento, dictó el lunes pasado dos autos que ordenan la ampliación de la investigación a los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales para dos de los investigados, el empresario Felipe Guerra y el exjefe de Parques y Jardines del Consistorio capitalino, Miguel Ángel Padrón.
El juez también ordena el decomiso preventivo de un edificio de apartamentos del funcionario y el registro de una anotación preventiva con la prohibición de disponer de estos apartamentos.
Por este motivo, el juez citará a Guerra y Padrón para que vuelvan a prestar declaración como investigados por los posibles delitos de cohecho y de blanqueo de capitales. Hasta ahora, la pieza separada del caso Valka que afectaba a estos dos investigados se centraban en la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.
El préstamo que desató las sospechas
El origen de los dos autos judiciales están en una petición del fiscal Javier Ródenas tras descubrir la Guardia Civil en el móvil de Miguel Ángel Padrón un archivo con documentación sobre un préstamo concedido por Felipe Guerra en unas condiciones muy ventajosas. Ese acuerdo estaba incluido también en una carpeta azul que llevaba un pósit con las siglas M.P. y que fue hallada en el registro domiciliario del empresario que se llevó a cabo en verano de 2024.
El préstamo, concedido por la entidad Guerra Patrimonial FGG, permitía cubrir el 70% de ejecución de las obras de construcción de un edificio de apartamentos promovido por Miguel Ángel Padrón en La Palma, hasta un máximo de 430.000 euros.
En total, se dispuso de 407.184,3 euros entre mayo de 2019 y marzo de 2020 para financiar certificaciones de obra. Pero lo que llamó la atención del Ministerio Fiscal fueron las condiciones del préstamo, que se consideran «ilógicamente ventajosas para el funcionario público y groseramente perjudiciales para la empresa Guerra Patrimonial FGG»: índice euribor con interés cero, sin amortizaciones y a devolver con plena libertad en dieciséis años.
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«La existencia de este contrato de préstamo en favor del investigado, Miguel Ángel Padrón Hernández, es un revelador indicio de un presunto delito de cohecho y de blanqueo de capitales», detalla el fiscal, «su potencia incriminatoria es, ciertamente, muy significativa, tanto por, las condiciones estipuladas por los dos investigados que carecen de cualquier lógica financiera (Euribor +0, sin amortizaciones y devolución en 2035) y sugieren una simulación para encubrir una dádiva, esto es, un soborno, así como, por ser el medio para dotar de apariencia de legitimidad el destino de la dádiva al refugio del dinero transferido en un edificio de apartamentos vacacionales».
El Ministerio Fiscal interpreta que el préstamo no está hecho para generar un beneficio financiero al prestamista, sino para que éste consiga una posición de fuerza frente al funcionario público a la hora de ser favorecido en las adjudicaciones de concursos públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Posible trato preferencial
«Es altamente probable, en términos de esta provisoria fase de instrucción, que el investigado Felipe Guerra, a través de su empresa Guerra Patrimonial FGG, estaría utilizando este 'préstamo' (el entrecomillado es del fiscal) como una forma de obtener un trato preferencial en los procesos de licitación pública que giran bajo la órbita de su socio, amigo y deudor (Padrón) para garantizarse su adjudicación, su celeridad en la aprobación de sus certificaciones de obra y pagos de suministros», dicta en su escrito de 16 de septiembre.
«La concesión de un préstamo con unas condiciones tan desfavorables para la empresa prestamista y tan ventajosas para el funcionario desprenden un inconfundible aroma de corrupción y no parece descabellado inferir que realmente se trata de una muy considerable dádiva (nada menos que un capital de 430.000 euros), un favor indebido a cambio de la ejecución de una multiplicidad de actos administrativos (vigilar y supervisar el contrato, certificar los trabajos, agilizar los pagos) contrarios a derecho, contrarios a los más elementales deberes inherentes al relevante cargo público ostentado por el investigado, Miguel Ángel Padrón, por la infracción clamorosa del deber de abstención, de imparcialidad, de probidad y de objetividad respecto de su deudor financiero, socio y amigo, Felipe Guerra», añade el Ministerio Fiscal.
Ródenas emplea la palabra «soborno» en nueve ocasiones a lo largo del escrito en el que interesa la investigación de las cuentas de Guerra Patrimonial FGG, de Miguel Ángel Padrón y de Flying La Palma, la empresa que explota los apartamentos en nombre del funcionario investigado.
El contrato de 2019
La investigación de la Fiscalía relaciona el préstamo con la concesión a la empresa de Felipe Guerra, desde el área de Parques y Jardines que dirige Padrón, del contrato 'Suministro de agua de riego en tomaderos del Distrito Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya', adjudicado en diciembre de 2019 por un importe de 750.000 euros para un periodo de tres años.
Su papel en la redacción del pliego de prescripciones técnicas del contrato, en la firma del acta de inicio del contrato y en la certificación, junto al empresario, de los importes del suministro mientras ambos intervienen en la operación financiera del préstamo «sugiere una relación que va más allá de lo puramente profesional y apunta a una posible colusión» o acuerdo ilícito y secreto entre dos partes para perjudicar a un tercero.
«¿Cómo no le va a interesar que Guerra Patrimonial cobre si Guerra Patrimonial es quien le paga su obra?», se pregunta Ródenas, quien insiste en que «cuando un contrato de préstamo carece de elementos esenciales como el plazo, el interés y las penalizaciones, y se celebra entre un empresario que opta a un concurso público y el funcionario que lo gestiona, ese 'préstamo' (de nuevo, el entrecomillado lo pone el fiscal) deja de ser una operación financiera para convertirse indiciariamente en una dádiva o soborno».
Hay que recordar, además, que Guerra y Padrón formaron parte de una empresa común, Esvertical, entre 2014 y 2019, cuyo papel está siendo investigado en el caso Valka.
«La existencia de una empresa en común (...) mientras se producen los hechos relacionados con la licitación y el contrato público, y el préstamo, visibiliza un escenario de presunta corrupción institucionalizada y altamente sofisticada», advierte el fiscal, «no es solo un conflicto de intereses omitido, es una relación personal y patrimonial profunda que invalida cualquier pretensión de imparcialidad por parte del funcionario público y que, por parte del contratista, demostraría una voluntad clara y continuada de operar bajo la sombra de la ilegalidad para asegurar beneficios en la contratación pública». A ello se añade la ocultación de la relación empresarial y del préstamo en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
Por eso, el escrito de la Fiscalía concluye que «la actividad delictiva en este caso es el presunto soborno (cohecho activo) que el empresario investigado cometería al ofrecer (y transferir) los 430.000 euros para influir en la adjudicación de los concursos públicos».
En cuanto al blanqueo de capitales, el fiscal lo explica del siguiente modo: «La seria apariencia de que un préstamo encubre un soborno, y la inversión de ese capital en la construcción del edificio constituye un presunto acto de blanqueo de capitales, ya que se busca dar una apariencia de legalidad a un dinero de origen delictivo: la compra de la voluntad pública del beneficiario del préstamo, jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento».
