El juez del caso Valka ordena revisar las tasaciones del suelo permutado en Tamaraceite

El magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro, ha accedido a la petición del fiscal Javier Ródenas para investigar si las permutas de suelo que se sucedieron en el ámbito de Tamaraceite Sur a partir de 2006 y cuya denuncia por parte de la asociación Rehoyas Avanza dio origen a la investigación que conforma el caso Valka. Se trata de una revisión de actuaciones municipales para descubrir si en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria operó una supuesta trama corrupta con ramificaciones en Urbanismo y en Parques y Jardines.

Un auto del Juzgado acuerda intervenir en dos sentidos: en primer lugar, citar a una arquitecta municipal para aclarar si la organización Ojos Solidarios tenía algún derecho en el proyecto de expropiación forzosa de Tamaraceite Sur; y en segundo término, la realización de una prueba pericial sobre la delimitación de los terrenos que fueron objeto de tasaciones, así como el valor de los bienes intercambiados.

Con el encargo de estas dos pruebas, el magistrado va al origen del caso Valka, en concreto a la finca 66.808, de donde se segregaron dos parcelas (59 y 85-A) que formaron parte de las transacciones de suelo con el empresario Felipe Guerra y que están bajo investigación.

Ahí es donde se analiza la primera transmisión, la efectuada en el año 2006. En aquel momento, la entidad Ojos Solidarios otorgó una escritura de permuta a favor de las empresas Exariño y Consguerra, esta última del empresario investigado. El acuerdo fijaba un plazo de diez años para satisfacer las cláusulas del contrato, que establecían que si el acuerdo no se materializaba, la titularidad de la finca era de la organización no gubernamental.

Sin embargo, un informe de la técnica municipal, que ahora se cita en la doble condición de testiga-perita, alertaba en 2012 de que Ojos Solidarios no estaba incluida en la relación de expropiados por el desarrollo del plan parcial Tamaraceite Sur, tal y como consta en la denuncia presentada por Rehoyas Avanza.

Esto permitió acreditar que la finca 66.808 estaba afectada por una doble inmatriculación. Los empresarios llegaron a demandar a Ojos Solidarios por esto en 2013, pero el procedimiento judicial caducó en 2017 por falta de actividad procesal.

No obstante, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) aceptó las permutas de dos parcelas (la 59 y la 85-A) que procedían de la finca 66.808, a pesar de que este suelo no tenía superficie real como consecuencia de la doble inmatriculación.

El Ministerio Fiscal advirtió de que existían «una seria de operaciones urbanísticas susceptibles de fraude que nacen de la segregación de la finca registral 66.808 y de la finca registral 96.560».

Y ahora el magistrado solicita que se calcule el valor de todas las fincas permutadas «con la finalidad última de que se pueda escrutar el posible perjuicio al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las tasaciones de los bienes municipales objeto de investigación judicial».

Se trata de averiguar si los convenios urbanísticos de Geursa en el ámbito de Tamaraceite Sur se hicieron en detrimento del patrimonio público en favor de los intereses del empresario Felipe Guerra.

Esta es la pieza principal de las cuatro que conforman el caso Valka. En ella están siendo investigados el citado empresario; el excoordinador de Urbanismo, José Manuel Setién; la exgerente de Geursa, Marina Más; y el jefe de la oficina técnica de Obras de Geursa, Carlos Cabrera.