La huelga de letrados suma ya 1.345 juicios suspendidos en Las Palmas
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El paro atasca los órganos judiciales y no se vislumbra una solución a corto plazo. El Ministerio sigue sin reunirse con el comité de huelga
La huelga general que los letrados de la administración de Justicia (LAJ) mantienen desde el pasado 24 de enero ha provocado la suspensión en la provincia de Las Palmas de 1.345 juicios, la tramitación de 1.608 diligencias y un monto total de 2.787.241 euros entrantes en las cuentas sin poder moverse, según el comité de huelga. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia sigue sin reunirse con los convocantes, por lo que no se vislumbra una solución a corto plazo.
Este miércoles se volvió a producir una protesta de los LAJ del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria en la puerta de la Ciudad de la Justicia -además de en los restantes edificios judiciales- en la que la respuesta de los letrados fue mayoritaria. A la misma se sumaron numerosos magistrados que han querido solidarizarse con este cuerpo en un momento tan complicado.
LOS DATOS
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2.514 demandas paralizadas y 9.843 escritos sin registrar se acumulan por esta huelga. El seguimiento en Las Palmas es del 55,66% de los LAJ.
En este escenario, las noticias que llegaban desde Madrid no eran positivas, puesto que la reunión que mantuvieron representantes del Ministerio con los secretarios de Gobierno -los superiores de los letrados de la administración de Justicia-, no arrojó ninguna novedad. Fuentes próximas sostienen que en ese encuentro, los representantes de los LAJ insistieron al Ejecutivo la necesidad de que se reúnan con el comité de huelga para desbloquear la situación crítica por la que está pasando la Justicia, que está abocada al colapso si no hay acuerdo.
«El silencio sigue ocasionando perjuicios a todos», declaró a este periódico la representante del comité de huelga en la Gran Canaria, Isabel Morales. «No sabemos nada, no hay comunicación alguna con el Ministerio y ningún intento de diálogo», añadió.
«No sabemos en qué momento se dignarán a vernos, pero después de las palabras del secretario de Estado que nos íbamos a morir de hambre, pues somos muy pesimistas. Lo único que han intentado hacer con sus declaraciones es desprestigiarnos y desmoralizarnos, pero realmente lo que han conseguido a base de insultos es que haya más unión en el cuerpo y que vayan más compañeros a la huelga», destacó Morales.
Las asociaciones convocantes -Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (Ainlaj)- exigen mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les han ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.
Entre las reivindicaciones, destaca una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que los letrados nunca cobren menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos. Hay que destacar que en España hay 4.760 funcionarios de esta categoría.
Para este jueves, los LAJ han convocado otra concentración en la puerta de la Ciudad de la Justicia a partir de las 11.00 horas.
Quejas de la abogacía
Por otro lado, el Consejo General de la Abogacía urdió al Ministerio de Justicia y a los letrados a que lleguen a un acuerdo ante el «daño desproporcionado» que su huelga está causando a la ciudadanía, con miles de vistas suspendidas en los juzgados.
La abogacía considera que «la materialización del derecho a la huelga no debe menoscabar otros como el derecho de defensa y el derecho de acceso a la justicia».
El Consejo asegura que tanto el Ministerio como los propios convocantes «tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo que ponga fin al daño desproporcionado al que está siendo sometida la ciudadanía y permita a los juzgados recuperar su actividad en condiciones de normalidad».
Los abogados entienden que la huelga «está perjudicando seriamente el funcionamiento de los juzgados y tribunales», ya que ha provocado «la suspensión de miles de vistas, haciendo perder a los implicados en las mismas decenas de miles de horas».
En clave local, la Agrupación de Jóvenes Abogados de Las Palmas y de Tenerife manifestaron en un comunicado su «firme apoyo» al derecho de los LAJ «a convocar la huelga en su búsqueda de reivindicar las mejoras y el reconocimiento que estimen pertinentes». Pero, además, solicitaron que este parón «puede ni debe ser ejercido sin límites, entendiendo como tal, a la falta de consideración con la ciudadanía, la abogacía, la procura, etcétera, que se está observando», dijeron.
«No es necesario suspender in situ, haciendo perder tiempo y dinero, a la abogacía, a la procura y al ciudadano en desplazarse a los juzgados y tribunales», sostienen, «por no querer avisar con un mínimo de antelación, prohibiendo a los auxilios, tramitadores y gestores informar al respecto», manifestaron los miembros de estas asociaciones provinciales.
Se suspende el juicio contra Juan Francisco Vargas
El juicio que tenía que celebrarse este miércoles contra Juan Francisco Vargas, padre del desaparecido Yéremi Vargas, se suspendió por la huelga de letrados. Está acusado de haber cometido un presunto delito de abuso sexual sobre una de sus propias hijas, menor de edad. Por estos hechos, Vargas –que acudió a la Ciudad de la Justicia en compañía de su representante legal– se enfrenta a una petición de condena de seis años de prisión y que indemnice a la víctima con 15.000 euros, según la Fiscalía. Por su parte, la familia que ejerce de acusación particular pide a Vargas el pago de 20.000 por los daños morales ocasionados.
