Funcionamiento de la depuradora de Las Majadillas. / C7

El Gobierno asegura que la ciudad no ha pedido que se autorice el vertido del Teatro desde 2019

Los técnicos autonómicos aseguran que una parte de lo que se vierte no tiene un tratamiento secundario, como obliga la UE

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, detalló este viernes que desde la denegación del permiso para verter aguas pretratadas por el emisario submarino del Teatro, en 2019, el Ayuntamiento capitalino no ha vuelto a solicitar autorización.

El Ayuntamiento carece oficialmente de permisos desde que la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo autónomo denegase, el 17 de julio de 2017, «la autorización de vertido desde tierra al mar para efectuar el vertido de aguas pretratadas procedentes de la estación de bombeo de aguas residuales del Teatro, y las aguas depuradas y salmuera procedentes de la estación depuradora de aguas residuales de Barranco Seco».

EL PANORAMA DE LA DEPURACIÓN

  • 15 millones. Con datos de 2016, el volumen de aguas depuradas en la ciudad rondaba los 15 millones de metros cúbicos, más del doble de lo que se trataba en la década anterior, cuando se trataban solo siete.

  • 17 millones. Era la expectativa de aguas residuales tratadas una vez que entraran en funcionamiento las estaciones de Tenoya y Tamaraceite.

  • 66% menos. Se calcula que la puesta en marcha y optimización de la estación depuradora de Tamaraceite ha reducido en dos tercios los vertidos.

El 5 de abril de 2018, la ciudad inició un procedimiento de autorización «con objeto de legalizar el referido vertido». La solicitud fue registrada con el número de expediente 2018/7666.

Sin embargo, esta petición fue finalmente desestimada por parte del Gobierno de Canarias el 8 de marzo de 2019, según consta en la resolución que resuelve el procedimiento sancionador contra el Consistorio capitalino.

«Una vez denegada esa autorización, no hemos recibido nueva solicitud por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria», explicaron desde el Ejecutivo autonómico.

Se incumple la norma europea

El motivo por el que se denegó la autorización es el incumplimiento de la normativa europea -traspuesta a la nacional- relativo al tipo de vertidos.

En efecto, aunque las emisiones desde la zona del Teatro son de agua pretratada, como ha señalado la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, y, por tanto, «no generan ningún daño para la salud ni para el medio ambiente», las aguas no reciben el tratamiento requerido. « Hay una parte de lo que se vierte desde la estación de bombeo del Teatro que no pasa por un tratamiento secundario, que es lo que establecen la normativa nacional y europea», señalan.

De acuerdo con la normativa vigente, el caudal de aguas vertidas a través del emisario submarino del Teatro supera el permitido para los habitantes equivalentes, que es una unidad de medida de la carga orgánica biodegradable.

De acuerdo a estos parámetros, solo se podría verter en caso de lluvia.

Por no tener autorización

En todo caso, la multa de 30.000 euros que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural impuso al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fue por no disponer de autorización.

El permiso no lo podrá obtener porque no se da el tratamiento secundario a las aguas, según el Ejecutivo autónomo. «A pesar de que se trasladaron estas incidencias por parte del servicio al Ayuntamiento, no se han subsanado estos problemas», añadieron las fuentes consultadas por este periódico.

Desde el Consistorio capitalino se insiste en que dado el dimensionamiento de la red actual no queda más remedio que realizar los vertidos.

En febrero de 2021, la Unidad Técnica de Aguas de la ciudad remitió un requerimiento para declarar nula la orden de cese inmediato de la actividad a través del emisario del Teatro. « No se dispone de otra alternativa técnica que permita canalizar los vertidos a otra conducción autorizada», indicaba el escrito, que advertía de que acatar el cese inmediato «resultaría lesivo para el interés público».

Sin embargo, la petición municipal también fue desestimada por el Gobierno canario.