Imagen de un vertido que se produjo en el mar en el año 2011. / C7

El Gobierno multa a la capital por los vertidos sin permiso a través del emisario del Teatro

La capital se enfrenta a una sanción de 30.000 euros y el Ayuntamiento autoriza el ejercicio de acciones judiciales para seguir vertiendo

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha impuesto una sanción de 30.000 euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el vertido de aguas pretratadas y depuradas a través del emisario submarino del Teatro.

La propuesta de sanción hace referencia a la supuesta comisión de una infracción tipificada como grave en la Ley de Costas, en concreto la realización de vertidos «sin la preceptiva autorización».

A fines del año pasado, el Gobierno dio por concluido el trámite sancionador que, además, «obliga al cese de forma inmediata de cualquier vertido que se esté produciendo a través del emisario submarino del teatro».

Contencioso-administrativo

Ante el agotamiento de la vía administrativa, en febrero de este año, el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, emitió una resolución por la que se autorizaba «el ejercicio de acciones judiciales y administrativas» contra la orden autonómica.

Se trata de un problema que se remonta al año 2017. En julio de ese año, la Dirección General de Protección de la Naturaleza denegó la autorización de los vertidos al mar.

El Consistorio había solicitado permiso para evacuar las aguas pretratadas procedentes de la estación de bombero del Teatro, así como de las aguas depuradas y la salmuera que venían de la depuradora de Barranco Seco.

Se quería hacer a través del emisario que está cerca de los antiguos juzgados. Se trata de una tubería de 2,1 kilómetros que fue construida a principios de los años 90 por el Gobierno canario.

Petición de autorización

En abril de 2018 se inició un procedimiento para autorizar estos vertidos pero finalmente fue desestimado en marzo de 2019.

Siete meses después, y ante la persistencia de los hechos, el Gobierno de Canarias decide iniciar un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento.

«Se requirió a la entidad referida para que, durante la tramitación del procedimiento, procediera a corregir la situación creada como consecuencia de la presunta comisión de la infracción, mediante la obtención de la preceptiva autorización de vertido al mar, y el consiguiente cese de los vertidos no autorizados, en un plazo no superior a un mes», consta en la resolución.

Propuesta de multa

Como el Ayuntamiento no formuló alegaciones, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural formuló una propuesta de resolución, en diciembre de 2020, que imponía la multa de 30.000 euros y ordenaba la «inmediata paralización de los vertidos».

Ante esta resolución, la Unidad Técnica de Aguas del Consistorio emitió en febrero de 2021 un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa para que se declarara nula la orden de cese inmediato de los vertidos a través del emisario submarino del Teatro.

«Acatar este punto de la resolución», determinaba el escrito del Ayuntamiento, «resultaría lesivo para el interés público, pues se trata de vertidos a consecuencia de una actividad esencial de carácter público». Además, recogía que « no se dispone de otra alternativa técnica que permita canalizar los vertidos a otra conducción autorizada» y se aclaraba que se hacían controles analíticos constantes de los vertidos, de sedimentos y de organismos para evitar daños al medio.

Inspecciones de la tubería

También se añadía que había inspecciones de la estructura de la conducción «en toda su longitud para asegurar su buen funcionamiento».

De hecho, en 2018, el Consistorio invirtió más de 609.000 euros en la reparación del emisario para acabar con las fugas que se venían produciendo de manera puntual desde años atrás.

Sin embargo, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural entendió que esta argumentación no podía ser aceptada «toda vez que ello significaría, por una parte, obviar lo previsto en la Ley de Costas, que establece que todos los vertidos requerían autorización de la administración competente».

Además, consideró que permitir los vertidos «supondría dar cobertura a un acto de naturaleza negativa y ello equivaldría al otorgamiento provisional de la autorización, mientras se sustancia el proceso de lo interesado».

De este modo, el Gobierno Canarias desestimaba la petición del Ayuntamiento y confirmaba en todos sus extremos la resolución de diciembre de 2020 por la que no solo se mantenía la orden de cese de los vertidos, sino también la multa de 30.000 euros por estas prácticas.

Imagen de archivo de la depuradora de Barranco Seco. / C7

«No existen daños y perjuicios al medio ni a las personas»

En el expediente sancionador por los vertidos a través del emisario submarino del Teatro consta la garantía de la inocuidad de esta práctica. «A pesar de tratarse de un vertido no autorizado, no existen daños y perjuicios al medio ambiente y a las personas, dado que está sometido a control y vigilancia del efluente y del medio receptor, así como a control de organismos y sedimentos e inspección y vigilancia estructural del emisario submarino del Teatro», se detalla.

En cuanto a la orden de cese, se explica, «la medida únicamente sería posible ejecutando, de forma inmediata, las actuaciones hidráulicas en materia de saneamiento y depuración para la adecuación de las instalaciones necesarias para alcanzar el objetivo de vertido cero a través del emisario submarino del Teatro».

En este punto se detalla que habría que acometer obras como la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Barranco Seco; la mejora de la estación de bombeo de aguas residuales del Teatro; o la construcción de una nueva depuradora en el Puerto de La Luz con capacidad para tratar unos 36.000 metros cúbicos de aguas residuales cada día.

«De otro modo, el cese de este vertido no autorizado supondría un mayor perjuicio ante la ausencia de otra alternativa viable en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria», se advierte.

Muchas de las actuaciones reseñadas forman parte del Plan de Infraestructuras Hidráulicas, que fue presentado en noviembre de 2020 sin que hasta el momento se haya materializado. Esta propuesta preveía una inversión de 660 millones de euros en los próximos diez años para responder a las necesidades futuras.