Embargados por aparcar en la calle
A Lidia le embargaron 3.850 euros, a Laura 3.080, a Alexis 2.300, a Jorge 6.300 a José María 1.000 y a Beatriz 5.100. Son solo algunos de los cientos de casos de ciudadanos de la capital grancanaria embargados por deudas contraídas por aparcar en zona azul y verde.
Son solo algunos de los cientos de casos en los que vecinos de Las Palmas de Gran Canaria han visto como su economía doméstica ha recibido un torpedo en la línea de flotación al recibir embargos por parte del Ayuntamiento a consecuencia de no pagar en las zonas azules y verdes de nuestras calles.
Por ello, dos de los afectados como son Beatriz Gálvez y Roberto Vera han liderado la creación de la Asociación Canaria de Afectados Zona Verde Zona Azul (AZVA).
Ella, su presidenta, acumula una deuda de 5.100 euros, de los que 4.000 le fueron notificados «de golpe» y el resto se lo comunicaron cuando fue al Ayuntamiento a fraccionar la deuda: «Es una normativa que tiene muchos fallos de carácter legar y vamos luchar contra este ayuntamiento por una ciudad transparente, en la que los ciudadanos puedan ir con su coche con normalidad sin sufrir el acoso por parte de la empresa que regula las zonas azules y verdes», manifiesta la presidenta.
Y la historia de AZVA comenzó cuando se creó una página en Facebook en la que muchísima gente mostraba sus casos de embargos por impagos y el descontento con las medidas adoptadas por el Ayuntamiento. «Ahí nos dimos cuenta de que los juicios iban a salir muy caros de manera individual y las deudas que tenían eran menores a los más de 2.000 euros que les iba a costar un proceso judicial, por lo que decidimos hacer una asociación para que actúe como un sindicato con asesoramiento jurídico a los afectados y ayudas legales», detalla Roberto Vera. En estos momentos, la asociación AZVA está en fase de estructura pero ya cuenta con más de 200 socios y 12.000 personas que la siguen en la página del Facebook.
Y, ¿qué solicitan? Persiguen «que se modifique esta ordenanza fiscalizadora con tasas represoras y pedimos unas áreas de pago en zonas céntricas comerciales o administrativas y no en toda la ciudad. Hace falta rotación de vehículos en puntos calientes pero con tiempo gratuito y si no, pues que multen los policías locales. No queremos zonas de pago en zonas residenciales y colindantes a los puntos calientes que asfixian a los ciudadanos», sostienen. «Nunca hemos dicho que no queremos pagar y a todo aquel que necesite ayuda, les esperamos en la asociación».
Lidia Solana: «En donde trabajo solo hay zonas de pago»
Hace seis meses le embargaron 3.850 euros euros sin haber recibido notificaciones previas: «En donde trabajo en Tomás Miller solo hay zonas de pago y me es imposible venir todos los días sin tener que pasar por caja y es imposible. Además, no recibimos notificaciones».
Laura Schez. y Pedro Vázquez: «Enviaron notificaciones a una antigua vivienda»
En el caso de esta pareja, recibieron las notificaciones en una casa donde ya no vivían ni estaban empadronados: «Nos han embargado 3.080 euros y nosotros sin saber nada. Nos dijeron que enviaron las notificaciones a una antigua vivienda donde nunca estuve empadronada».
Alexis Rodríguez: «Nos sentimos engañados por Doreste»
Fue coordinador de la huelga de Movistar en 2015 y «Javier Doreste nos prometió en las elecciones que si salía, nos iba a dar un bono de tarifa plana porque trabajamos en la calle. Ha pasado el tiempo y después de haberle votado, nos sentimos engañados». Debe, al menos, 2.300 euros.
José María Cruz: «Soy comercial, trabajo en la calle y es imposible»
«Soy comercial, trabajo en la calle con un vehículo propio y gasto más de 30 euros al mes en aparcamiento. Después, si te pasas porque el trabajo se complica, llega la multa y me llegaron muchas juntas con un montante total de 1.000 mil euros solo en el año 2016», relata.
Jorge Burón: «Me llegaron embargos por 6.300 euros»
Un día fue al Ayuntamiento a preguntar y le dijeron que tenía 5.000 euros de multa. «Me las enviaron a una casa de San Mateo donde hace 30 años que no vivía allí. Los fraccioné pero me han 1.300 euros más solo de 2016 a 2017 y es imposible», cuenta.
Manifestación el viernes 15
En estos momentos, la asociación AZVA está presentando recursos de reposición «y ahora estamos intentando encauzar a las personas que están desorientadas en la reclamaciones económico administrativa ante el tribunal municipal competente. Pedimos que impugnen las resoluciones que les llegan porque no son conformes a derecho y que se le ponga de manifiesto el expediente sancionador al afectado. Si en un año no contestan, opera el silencio administrativo y se abre la vía judicial», detalla su vicepresidente y abogado Roberto Vera. Además de estas acciones, han convocado una manifestación de protesta que tendrá lugar el próximo viernes día 15 de diciembre a partir de las 18.30 horas con salida desde el número 20 de la calle Triana y llegada en la Delegación del Gobierno de la capital grancanaria.
