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El tripartito autoriza las obras del Canódromo

El tripartito autoriza las obras del Canódromo

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria otorgó el pasado viernes la licencia definitiva a Realia eludiendo la sentencia que daba por caducado el permiso. Un nuevo giro en una de las polémicas urbanísticas más importantes de la historia contemporánea de la ciudad.

Jueves, 1 de enero 1970

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resolvió el trámite de licencia administrativa definitiva para que Realia concluya las torres sobre el parque del Canódromo, objeto durante los últimos 20 años de conflictos vecinales, políticos y hasta judiciales.

Este periódico publicaba el pasado mes de febrero que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 6 de la ciudad daba por caducado el permiso concedido a Realia en 2006, posteriormente prorrogado en 2008, para la obra de dos edificios con 14 plantas de envergadura, trabajos que se reanudaron el pasado verano.

Eso no ha sido impedimento para que el Ayuntamiento gobernado por PSOE, Nueva Canarias y Podemos haya tramitado una nueva resolución que permite la conclusión de unos trabajos cuyo esqueleto luce en el corazón de Ciudad Alta desde hace décadas.

Como aconteció con el comienzo de los trabajos en la reposición de Las Rehoyas y en la autorización para el taller de megayates en el Muelle del Refugio, el tripartito da vía libre a estas obras durante el estado de alarma por la Covid-19.

Según el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, la sentencia citada anteriormente «en nada desvirtúa la ejecución de la licencia administrativa en cuestión, máxime cuando no consta que haya sido declarada la firmeza de la misma».

El quiebro administrativo que ha utilizado el tripartito para conceder la licencia definitiva a Realia, que cuenta con cuatro años para finalizar las obras, se basa en el reformado del proyecto presentado por la constructora el pasado 11 de abril de 2019. Estas «pequeñas modificaciones» se basan en las normativas de captación solar y en la señalización vial de los accesos a los futuros edificios.

Largo recorrido

Así se escribe un nuevo capítulo, tal vez definitivo, de una de las polémicas más relevantes de la política urbanística municipal originada durante el último mandato de José Manuel Soria como alcalde y con Juan José Cardona, por aquel momento, responsable de Urbanismo.

La oposición vecinal al proyecto llegó hasta el Tribunal Supremo, que en 2014 declaró ilegal los cambios del Plan General.

La polémica forma parte de la vida política de la ciudad en las dos últimas décadas. Incluso el PSOE, en la etapa de Jerónimo Saavedra como alcalde, organizó una comisión de investigación que calificaba la operación urbanística de especulación del PP.

Sin embargo, tanto la ampliación de la licencia en 2008 como la resolución positiva para que la empresa culmine las dos torres de 120 viviendas se han producido bajo mandatos del Partido Socialista.

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