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El comité empresa de Limpieza Viaria se reunió este viernes con varios concejales de la oposición para hacerles llegar su versión de lo que está sucediendo con el servicio y para responder a la concejala del área, Inmaculada Medina, quien les acusó de que el Ayuntamiento no va a poder mantener en sus puestos de trabajo a los 187 peones a los que se les acaba el contrato entre el 7 y el 11 porque la representación de los trabajadores se negó a fraccionar parte de la subida salarial negociada en la RPT.
Para el comité, lo que está haciendo Medina es tratar de chantajearlos al vincular el mantenimiento de los puestos de trabajo con la subida salarial, cuando se trata de dos asuntos diferentes: la RPT se negoció hace meses y el problema que surge ahora con los 187 es que el Ayuntamiento no quiere encontrarse con una sentencia judicial como la que ha obligado a incorporar a otros 138 trabajadores, que también acabaron su contrato hace un año, y cuyo despido ha sido declarado nulo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
«Nos están chantajeando para que renunciemos a parte de la subida salarial que aprobamos entre todos, no solo Limpieza Viaria sino también Recogida y Servicios Especiales», expuso César Santana, de Co.bas, quien aseguró que lo que quiere el Ayuntamiento es perpetuar la precariedad salarial de todo el colectivo.
En la última reunión, el Ayuntamiento propuso dejar solo a 96 trabajadores, tratando a los otros 91 como si fuera un despido improcedente, que da derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado. A cambio, el resto del personal debía renunciar al 50% de la subida salaria acordada este año; y al 25% en el siguiente.
Sin embargo, esta propuesta no contempla que los trabajadores recuperen el dinero al que renuncian, que es un 38% de la subida salarial acordada en la RPT con el propio Ayuntamiento. Para hacerse una idea de lo que representa, estos trabajadores -mileuristas gracias a la antigüedad- tendrían que verse obligados a renunciar a unos 3.600 euros en tres años.
«Quieren que nos sacrifiquemos nosotros cuando ellos se subieron el sueldo en un minuto», prosiguió Santana.
Marcelo Guerra, de Intersindical, también advierte que la propuesta del Ayuntamiento es ilegal porque implicaría que los trabajadores de plantilla cobrarían los salarios fijados en la RPT (con los descuentos propuestos), mientras que los 96 no despedidos cobrarían menos pese a realizar la misma función.
El comité calcula que con la incorporación de la bolsa de 138, el número de barrenderos de la ciudad ronda los 220, cuando son necesarios 407. Por eso, advierten de que puede haber problemas en carnaval, si bien se espera un refuerzo de contratados del IMEF que curiosamente también son 187. «Esto va a generar denuncias por cesión ilegal de trabajadores», anunciaron.
La situación fue calificada como «vergonzosa» por parte de la edil de Ciudadanos Beatriz Correas, quien aseguró que este problema se puede dar también en otros servicios municipales.
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