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El caso Valka, que indaga si en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria actuó una supuesta trama corrupta, sigue creciendo. Dos denuncias sobre supuestas irregularidades en la ordenación de Tamaraceite Sur se han incorporado a la documentación para ver si guardan relación con los hechos denunciados por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y analizados por el magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
La más antigua es la denuncia de un empresario, José López Santana, sobre la expropiación de su negocio en 2014. El 19 de mayo de 2023, tras conocer la denuncia presentada por la asociación Rehoyas Avanza, que marcó el inicio de la investigación que estructura el caso Valka, el empresario envía un correo a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. En él se relataban los siguientes hechos: «Fui expropiado y expoliado» en Tamaraceite Sur, relata el dueño de un antiguo negocio de coches, «con las prisas de urbanizar, me enterraron 17.000 piezas de vehículos (...) lo cual es un residuo tóxico y peligroso». En el correo, se atribuye estos hechos a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) y se concluye diciendo que en Tamaraceite Sur «hay muchísimas irregularidades que son meritorias de una profunda investigación».
La fiscal Beatriz Sánchez comprobó que la expropiación que sufrió el empresario fue confirmada por dos sentencias judiciales, pero aún así decidió incorporar la denuncia a unas diligencias que acabaron confluyendo con la investigación del caso Valka. «Pese a que por parte de los tribunales ya se ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión, confirmando que la expropiación está ajustada a derecho, se acuerda la unión de la denuncia a las diligencias de investigación que versan sobre las posibles irregularidades en la expropiación de terrenos por parte de distintas entidades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por si a la luz de las investigaciones que se desarrollen pudiera tenérsele como perjudicado», recoge el decreto de tramitación.
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La segunda denuncia es más reciente. La interpuso una vecina de Tamaraceite ante el Cuerpo Nacional de Policía el pasado 20 de septiembre y se refiere a un acuerdo urbanístico firmado en marzo de 2004 que, supuestamente, se hizo en base a «terrenos fantasma».
Esta denuncia recayó en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, que finalmente se inhibió en favor del magistrado que instruye las diligencias previas del caso Valka por su posible conexión con estos hechos que se encuentran bajo investigación.
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La denuncia de una finca fantasma sobre la que se articularon una serie de permutas posteriores en Tamaraceite Sur fue lo que originó la investigación del caso Valka. La asociación de vecinos Rehoyas Avanza puso en conocimiento de la Fiscalía, en 2023, que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y desde Geursa se impulsó una operación urbanística que partió de una finca, la 66.808, que no existía en la realidad y sobre la que pesaba una doble inmatriculación.
Esto dio origen a una investigación que se ha ido ampliando a medida que se ha tenido acceso a otras informaciones y tras escuchar las declaraciones de algunos testigos, trabajadores y exempleados de Geursa. Así, aparte de la revisión del plan de Tamaraceite Sur, también se ha puesto sobre la lupa obras como pavimentaciones de algunos puntos de la ciudad, la construcción de un tramo de la MetroGuagua o la adjudicación de varios proyectos relacionados con la jardinería pública.
En estos momentos, están investigados por el caso Valka la gerente de Geursa, Marina Más; el jefe de la oficina técnica de Movilidad y Obras de la empresa municipal, Carlos Cabrera; el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién; el jefe del departamento jurídico de Geursa, Luis Pérez; el exdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Padrón; el empresario Felipe Guerra; y la propia sociedad municipal Geursa.
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