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El gobierno municipal impuso su mayoría para frenar la posibilidad, planteada por Ciudadanos y respaldada por el resto de la oposición, de frenar la obra de instalación del carril bici del Paseo de Chil y abra un proceso participativo para llegar a un acuerdo con los vecinos, que rechazan el procedimiento y la gestión del proyecto.
A cambio, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, se mostró dispuesto a mantener nuevas reuniones y estudiar soluciones intermedias, como la posibilidad de crear estacionamientos entre palmeras, crear una zona verde para residentes o mejorar el transporte público.
Sin embargo, el carril bici se mantiene como parte de la estrategia de jerarquización del espacio público, dando prioridad, por este orden, al peatón, la bicicleta, el transporte público y, por último, el vehículo privado.
Los vecinos afectados por la instalación, representados por Enrique Rubio Royo, calcula que la calle pierde 145 plazas de aparcamiento con el carril bici. También denunció que la vía ciclista no se ajusta al proyecto original porque en la memoria se aclaraba que el espacio necesario para el recorrido de las bicicletas se hacía a costa de la reducción del ancho de los carriles.
«Apoyamos un carril bici que mantiene los aparcamientos», señaló, «pero no ha habido participación de los afectados». También advirtió de los problemas que puede generar para una zona carente de servicios, de transporte público y en la que se concentra mucha gente mayor. En todo caso, su tono fue constructivo y se mostró abierto a llegar a un consenso con el Ayuntamiento capitalino.
En esta moción también tomó la palabra César Acosta Lantigua, de Seguridad Ciclista, para defender la necesidad de repensar la ciudad, en la que el 80% del espacio público está ocupado por los coches. «El problema no lo genera el carril bici, sino los automóviles y el uso que hacemos de él», sentenció.
La movilidad fue el pilar sobre el que se articuló el pleno, y no solo por el carril bici de Paseo de Chil, sino también porque se abordó la situación de los agentes de movilidad. Al respecto, una propuesta de Ciudadanos para dotar de seguridad jurídica al cuerpo de agentes de movilidad fue respaldada por unanimidad.
La portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, reclamó el cambio de reglamento «para que dejen de ser floreros», algo que el gobierno aceptó porque, según el edil de Recursos Humanos, Mario Regidor, ya se está trabajando en ello. La finalidad es que puedan multar con plenas garantías, ya que esta función fue anulada por sentencia por un error en la creación del cuerpo, en el año 2013.
Por el PP, Ángel Sabroso lamentó que se haya tardado más de un año y criticó que se optara por privatizar la seguridad de la cabalgata del carnaval en vez de recurrir a los agentes de movilidad; y David Suárez, de Unidos por Gran Canaria, reclamó que se tenga en cuenta también a los que forman la lista de reserva.
La voz de este colectivo la puso Ancor Hernández, quien criticó la falta de compromiso de esta administración. Esta queja se refleja en que «nunca se nos ha dotado de vehículos que nos garantice seguridad y que facilite el traslado con agilidad y fluidez»; y en el hecho de que «se nos ubica en instalaciones que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad». Entre ellos, citó la falta de extintores o la carencia de aseos y lavabos.
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