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El proyecto de construcción y rehabilitación del centro de primeras llegadas Canarias 50 que impulsa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España tiene como objetivo el acondicionamiento del antiguo edificio militar «para ofrecer un servicio de acogida digno y mejorar significativamente la eficiencia energética y las posibilidades de uso del centro, garantizando una capacidad óptima de 661 usuarios y una máxima de 992 usuarios».
Así consta en el proyecto básico, fechado en julio de 2023, que fue presentado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a principios de septiembre.
Ese número final de 992 personas acogidas es algo inferior al que se hace mención en el informe de la sección municipal de Control Urbanístico. Cuando se hace la descripción de la parcela se habla de que «dispone de una capacidad de 1.680 usuarios».
El albergue en el Canarias se distribuye del siguiente modo en los tres sectores en que está dividido el campamento: en el primer sector, el definido por las calles Catamarca, Nouadhibou y Harimaguadas, ofrece la capacidad de alojar a 450 individuos; en el segundo, delimitado por las calles Veintidós de Mayo de 1986 y Catamarca, el número de personas que puede ser acogida asciende a 960; y en el tercero, constreñido por las calles Veintidós de Mayo de 1986 y Doctor Juan Domínguez Pérez, la cifra es de 270 personas.
La intervención del Estado detalla que la obra tiene la finalidad de «garantizar a los usuarios unas condiciones de vida adecuadas y progresar en su formación personal y, a su vez, genera un espacio donde las organizaciones de acogida/operadores puedan planificar y gestionar las instalaciones».
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Javier Darriba
La propuesta del Ministerio de Migraciones choca con las determinaciones del Plan General de Ordenación para este espacio, de ahí que el Ayuntamiento haya emitido una resolución de disconformidad en lo relativo a las ampliaciones, «tanto los módulos ya ejecutados como las nuevas edificaciones que se proyectan».
Sin embargo, como el Estado declaró la obra como de interés general, ahora será la Comunidad Autónoma la que deberá pronunciarse sobre el ajuste del proyecto a las determinaciones urbanísticas, pese a lo cual, la declaración de interés general hace muy complicado que se pueda parar la obra.
El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Onán Cruz, confirmó que la solicitud del Estado aún no ha sido remitida a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Desde que llegue, la Comunidad tiene un mes para emitir su informe. Sin embargo, ya ha dado orden de que se dé preferencia a este asunto y se responda con celeridad.
Onán Cruz aseguró que la declaración de interés general obligará al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a incluir los nuevos equipamientos del Canarias 50 dentro del Plan General de Ordenación en la siguiente revisión de las normas urbanísticas que se acometa desde el Consistorio capitalino.
Por su parte, el presidente del Foro por La Isleta, Félix Alonso, mostró su sorpresa por la intención del Estado de realizar obras que consolidarán el Canarias 50 como un centro de primera acogida de personas migrantes «ya que el compromiso adquirido en el año 2000 fue de que en tres años revertiría a la ciudad».
Hay que recordar que cuando el Estado decidió montar el dispositivo de primeras llegadas, la ciudad negociaba con Defensa la adquisición del suelo. El anterior alcalde, Augusto Hidalgo, reconoció que se estaba barajando el pago de 11 millones de euros por el Canarias 50. Entonces se dijo que cuando se cerrara el centro, las instalaciones revertirían a la ciudad a coste cero o por un precio módico.
«La Isleta no renuncia al Canarias 50», expuso Félix Alonso, quien recordó que el barrio adolece de instalaciones sociales, comunitarias y deportivas. Por eso, reclamó que también se tenga en cuenta las necesidades de La Isleta y, «en el peor de los casos, que sea un espacio compartido».
Fuentes ministeriales explicaron a este periódico que en el proyecto básico se plantea «instalaciones de uso compartido con la comunidad de vecinos».
Hasta ahora, nunca se ha permitido a los vecinos acceder ni hacer uso de las instalaciones, confirma Félix Alonso.
El Partido Popular solicitará en el próximo Pleno municipal que el Canarias 50 no consolide su uso como centro de acogida para migrantes y que se revierta a la ciudad para convertirlo en zonas verdes y espacios deportivos, tal y como recoge el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado en 2012, en consonancia con la aspiración que asociaciones y colectivos de La Isleta llevan años manifestando. «Lo que nos está expresando de forma clara el gobierno de Pedro Sánchez es su voluntad de construir una instalación estable para acoger a inmigrantes de todas las Islas en La Isleta y no solo llegados a Gran Canaria», explica la portavoz popular Jimena Delgado. «Lejos de lo que nos han venido diciendo hasta ahora desde el pacto municipal, el Canarias 50 es titularidad del Ministerio de Migraciones y no hay previsión de ningún tipo, más bien al contrario, de que revierta su uso a la ciudad para la construcción de un gran parque e instalaciones de ocio y deportivas, como nos llevan años prometiendo, también en campaña electoral», prosigue la líder del PP capitalino. «Como esta instalación no se ajusta al planeamiento municipal el PSOE ha establecido que el proyecto es de interés general por razones de urgencia y excepcional interés público. Por este motivo será el Consejo de Ministros quien en último término decida sobre la ejecución del proyecto en el plazo de un mes y previo informe de la Comunidad Autónoma», insistió la política conservadora.
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