El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria entrega al juzgado el informe de vulnerabilidad de la anciana de Guanarteme
El propietario se considera perjudicado porque necesita vender el pisopara poder comprar en Málaga, donde vive de alquiler
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó el viernes pasado el informe de vulnerabilidad social de Margarita Viera, una medida que retrasa el desalojo obligado al que se enfrenta la anciana de Guanarteme y que estaba previsto para el pasado lunes. Fuentes de los servicios sociales municipales explicaron que se envió el documento al juzgado desde que conocieron la noticia del desalojo de la anciana, haciendo constar los problemas de desarraigo que pueden causar en Margarita Viera, una mujer que tiene 97 años, así como el hecho de que en la vivienda hay personas dependientes.
Los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confirmaron que se optó por la opción de vulnerabilidad social debido a que el nivel de ingresos de la familia impedía presentar una declaración de vulnerabilidad económica.
El Consistorio capitalino también le ofreció un hospedaje a la familia de Margarita Viera, pero sus familiares lo rechazaron, indicaron las mismas fuentes.
La declaración de vulnerabilidad social fue emitida por un trabajador social del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria.
Su aportación al juzgado ha obligado a aplazar, de manera temporal, la orden de desalojo. Se trata de una suspensión momentánea que da tiempo a los inquilinos para buscar una nueva casa, pero que no anula el lanzamiento que permitirá a la propiedad recuperar el inmueble.
El dueño necesita la casa para venderla
El propietario de la vivienda en la que está alquilada Margarita Viera, uno de sus hijos, que padece una discapacidad, y su nieto, también se considera perjudicado por esta situación.
Según explicó su abogado, Aramis Martel, el dueño de la casa en la que vive de alquiler la familia de la anciana de Guanarteme no es un gran tenedor ni un fondo buitre. «Es una persona que vive de alquiler en Málaga y que necesita vender la casa para poder comprarse una vivienda allí», expuso el representante legal del propietario. De hecho, asegura que su defendido ya ha perdido la oportunidad de comprarse una vivienda en Málaga porque no pudo vender el piso que tiene en Guanarteme. «Se ha visto perjudicado por esta situación», expuso Martel.
El abogado recordó que el propietario está tratando de recuperar su vivienda para poder venderla desde hace dos años y que antes de presentar la demanda, envió tres burofaxes a la familia para explicarles que necesitaba la vivienda ya que no dispone de otra propiedad.
También aclara que no se ha presionado a la familia de Margarita Viera, como demuestra el hecho de que lleva año cobrando 700 euros mensuales por el alquiler sin aplicarle ninguna subida al precio. «En veinte años no le ha subido ni un euro», aclaró.
Aramis Martel se queja de la estrategia de presentación de recursos que ha alargado el procedimiento de desalojo de su vivienda de la calle Perú, en el barrio de Guanarteme.
La presentación del informe de vulnerabilidad social a fines de la semana pasada ha retrasado la materialización de la orden de desalojo que dictó el juzgado para este lunes, ya que el juez debe examinar la documentación aportada.
En su opinión, la situación económica de los inquilinos no supone un obstáculo para que puedan encontrar un alquiler en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque no tenga que ser de manera necesaria en el barrio de Guanarteme.
La familia de Margarita Viera está tratando de que la anciana se quede en el entorno de Guanarteme porque su vida ha estado ligada a este barrio. Su límite es de unos 800 euros mensuales.
Hay que recordar que la familia de esta vecina fue objeto de una «estafa inmobiliaria» en 2011, cuando el marido de la anciana acordó permutar la casa familiar de la calle Simancas por tres viviendas en un nuevo inmueble. De acuerdo a los hechos que relata la familia alquilada, su casa fue demolida, pero la compensación nunca se produjo porque la constructora entró en situación concursal y el edificio se lo quedó el banco. Y, encima, la constructora se iba a hacer cargo del alquiler hasta tener lista las viviendas compensatorias y solo pagó durante 18 meses.
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