«¿Cómo puede ser que me echen así, si yo no he dejado de pagar nunca?»

Margarita Viera no podía creerse en la mañana de este viernes lo que su hijo Esteban acababa de comunicarle: que este lunes 16 de junio, a las 11.00 horas, debe dejar, por orden judicial, la casa en la que esta anciana de 97 años habita en régimen de alquiler desde hace dos décadas en la calle Perú del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria.

«¿Cómo puede ser que me echen así, si yo no he dejado de pagar nunca?», se lamenta esta mujer que convive con Enrique, otro de sus vástagos que presenta una discapacidad, y un nieto que optó por residir con ella cuando, muchos años atrás, se quedó huérfano.

Se trata del final de un proceso que comenzó en 2023, cuando el propietario del inmueble comunicó a la familia que no iba a renovar el contrato «porque quería vender el piso», explica Esteban Viñas, que reconoce que le han ocultado la situación a su madre para evitarle el sufrimiento mientras trataban de encontrar una solución.

Y es que a apunta que cuando se les comunicó que la propiedad no quería prorrogar el alquiler, lo que hicieron fue «esperar a la demanda» mientras trataban de «buscar otra vivienda» que se adecuara a la situación económica de su madre y que contara «con ascensor y sin barreras», algo imprescindible tanto para ella como para su hermano.

Asegura que han tratado de buscar una alternativa habitacional en el barrio de Guanarteme, en el que Margarita ha vivido toda su vida. Pero asegura que ha sido imposible pues lo que le exigen para alquilar está muy lejos de lo que pude abonar su progenitora.

«Por ejemplo, aquí en la calle Lepanto, me dicen que tengo que acreditar que percibe 2.800 euros al mes o no me lo alquila», relata.

Explica que «el origen» del problema que ahora afronta su madre comenzó cuando su familia fue víctima de una «estafa inmobiliaria».

«Mi padre hizo una permuta y nos estafaron», dice sobre el acuerdo al que llegó su progenitor sobre el edificio en el que residían en la calle Simancas y que se tiró, «a cambio de tres viviendas» en un nuevo inmueble que nunca han visto.

Añade que esta situación se produjo «en connivencia con el banco», porque «el edificio se terminó» pero nunca se les entregaron las viviendas acordadas.

«Fue una estafa», insiste, «porque terminaron el edificio y dejaron las tres viviendas nuestras hipotecadas cuando hicieron la división horizontal. Y presentaron concurso de acreedores y el banco se las quedó y las vendió».

Dice que intentaron «hablar con abogados» pero de eso han pasado «14 años» y no han conseguido su objetivo.

Además, recalca que fruto de esa permuta fallida su madre vive de alquiler. «De hecho, la promotora debía haber pagado el alquiler de esta casa mientras nos entregaban las nuevas», dice sobre este piso de la calle Perú que ahora debe dejar. «Pero solo lo hizo durante año y medio y luego dejó de pagar», con lo que la anciana tuvo que asumir el coste de una renta que «tiene al día».

Por eso Margarita no entiende su desalojo. «¿Dónde voy yo con mi hijo y con mi nieto?», dice con una tristeza que la lleva a las lágrimas. Pues asegura que «esto nunca lo pensé, porque yo nunca me he portado mal con nadie. Nadie puede decir nada de mí».

Esteban Viñas comenta que «todo el mundo nos decía que de aquí no la echaba nadie, por sus condiciones y porque pagaba el alquiler». Pero el tiempo se les acaba para buscar una alternativa ya que ni él ni otro de sus hijos la pueden acoger pues sus casas no reúnen condiciones, en lo que accesibilidad se refiere.

Aclara que están dispuestos a pagar un alquiler «de hasta 800 euros», lo que implica 100 euros más de los que abonan en la actualidad. Pero no pueden ofrecer más porque ella vive de su pensión y de una pequeña ayuda por su hijo. Y hace un llamamiento público a sabiendas de lo complicado de la situación.

Esteban Viñas, que lamenta que «Asuntos Sociales no reconociera la vulnerabilidad económica» de su madre, dice que ahora mismo están a la espera «de un nuevo recurso que presentó» este departamento del Ayuntamiento, este jueves, en los juzgados» para pedir una prórroga del desalojo, pero sabe que el tiempo apremia.

«La Ley contempla que no se puede desahuciar, al menos hasta diciembre de 2025, con la situación de ella», dice con pesar pues considera que la jueza que ha fijado el desalojo para el próximo lunes no ha tenido en cuenta esto.

De quien sí ha recibido apoyo la familia es de la asociación vecinal Derecho al Techo, que este jueves emitía un comunicado denunciando la situación.

La organización informa en el documento de «un nuevo caso de desahucio en el barrio de Guanarteme» y recuerda que «este no es un caso aislado, sino otro episodio de una cadena de expulsiones que responde a un modelo urbano cada vez más hostil hacia sus propios habitantes».

Además, recuerda que «zonas como Guanarteme, reconocidas como áreas tensionadas, siguen sin contar con una reducción efectiva de los alquileres desorbitados ni con límites reales en las subidas. La especulación con el suelo, la turistificación desenfrenada, el auge de pisos vacacionales y la llegada de franquicias y grandes cadenas, están desmantelando el tejido vecinal y condenando a personas mayores, familias y vecinas de toda la vida a abandonar sus hogares».

«Frente a esto, desde Derecho al Techo decimos con claridad: ¡Ni un desahucio más!», reivindica la organización en un texto en el que dicen defender «barrios vivos, donde se garantice el derecho a permanecer, a cuidar y a ser cuidado. Barrios donde las personas mayores puedan vivir sus últimos años en paz y dignidad, donde la diversidad y la memoria popular no sean barridas por los intereses del mercado».

Por eso, exige «la paralización del desahucio previsto para el 16 de junio hasta que encuentre un realojo» y «una respuesta urgente de las administraciones públicas que garantice alternativas habitacionales dignas y permanentes».

Además, abogan por «políticas efectivas contra la gentrificación y la turistificación» y un «control real de los precios de alquiler y la protección de las inquilinas y los inquilinos».

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