Fachada de las oficinas municipales. / JUAN CARLOS ALONSO

El Ayuntamiento capitalino paga los 100 euros que debía por una sentencia de julio de 2020

Los servicios jurídicos municipales reclaman que se deje sin efecto el auto de 2022 que imponía multas coercitivas al alcalde

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA

El Ayuntamiento dio orden de abono, el jueves pasado, de los cien euros con que había sido condenado en costas por una sentencia de julio de 2020.

El impago de esta cantidad provocó un procedimiento de reclamación judicial que culminó en un auto, dos años más tardes, que imponía al alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, una multa mensual de 150 euros hasta que el Consistorio abonara los cien euros que emanaban del fallo de 2020.

Este mismo lunes, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de la capital grancanaria emitía una diligencia en la que se hacía constar la consignación de los cien euros por parte de la administración pública.

Anular la multa

En el escrito de cumplimiento de la orden judicial de abono de esta cantidad, los servicios jurídicos municipales no solo acreditan la transferencia bancaria sino que también piden «que se deje sin efecto el auto de fecha 20 de abril de 2022 por el que se imponían multas coercitivas al alcalde hasta el efectivo pago de las costas judiciales, levantándose dicha medida impositiva».

Por el momento no consta el pago de ninguna de las multas. El último paso dado por el Ayuntamiento antes de efectuar la transferencia fue, precisamente, el de recurrir el auto que imponía la multa al regidor socialista.

Al respecto, el juzgado respondió este lunes a las dos partes que se atengan ahora al resultado de este recurso.

Este proceso judicial arrancó en una denuncia impuesta por la Policía Local a un taxista en 2019. La parada que hizo en el hospital general de Gran Canaria Doctor Negrín para acudir a los servicios del centro médico fue interpretada por los agentes como un abandono del vehículo «sin causa justificada».

Sin embargo, la defensa letrada del taxista, Rubén Pérez Naranjo, del despacho Campanario Abogados, defendió que lo que se había producido era un «estacionamiento indebido».

Este argumento fue compartido por la magistrada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2, Esperanza Ramírez, quien determinó la nulidad del acto y fijó el pago de cien euros en concepto de costas a la administración local en 2020.

Su impago, por parte del Ayuntamiento, originó una pieza de imposición multas. Así, en abril de 2022, se emite un nuevo auto en el que se fija la cantidad de 150 euros al mes en concepto de multas y se desecha el argumento de la falta de personal para justificar el impago de esta cantidad.

Falta de personal y desproporcionalidad

El recurso del Ayuntamiento incidía, no obstante, en este aspecto. Y apuntaba además la existencia de «numerosas bajas por enfermedad común y covid del personal del servicio».

Además, los servicios jurídicos municipales entendían que la cuantía de la multa (150 euros al mes) resultaba «desproporcionada» en comparación con el importe de las costas judiciales.

«Se produce una vulneración del principio de proporcionalidad en relación a la cuantía de las multas, toda vez que las costas ascienden a un importe inferior a una sola multa coercitiva», decía.

Sin embargo, la otra parte presentó, a su vez, un escrito de alegaciones contra ese recurso municipal con el que se insistía en la necesidad de que se abonaran los cien euros. «Desidia y desinterés son calificativos demasiado morigerados para calificar la actuación del Ayuntamiento», explicaba el abogado defensor de los intereses del taxista.

Calcular nuevas costas

El procedimiento abierto en el año 2019 tampoco acabará ahora con el abono de los cien euros de las costas judiciales.

La diligencia emitida este lunes por el letrado de la Administración de Justicia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 determina que la representación legal del taxista deberá presentar una nueva «propuesta de tasación de costas y liquidación de intereses». Y le da un plazo de cinco días para hacerlo.

Se trata, en concreto, de determinar las costas originadas, no en el procedimiento original (los 100 euros que se pagan), sino las que devienen del procedimiento de ejecución de esas costas.

«Serían las costas de las costas», según explican las fuentes consultadas por este periódico, «porque todo procedimiento de ejecución forzosa conlleva la imposición de costas al ejecutado».