El Ayuntamiento dice que la carretera de Almatriche es del Cabildo grancanario

Medina aconsejó, a quien tenga dudas, a consultar el visor que tiene el Cabildo de Gran Canaria en su web, en el apartado de la red de carreteras, para comprobar que la institución insular sigue siendo responsable del mantenimiento, conservación y explotación de esta carretera. En efecto, si se hace esta comprobación, puede verse que el propio Cabildo señala en su web que la carretera es de «titularidad insular». Y aunque se informa de su traspaso al Ayuntamiento, en virtud del convenio de 2003, se reconoce que el acta de entrega es «desconocida».

Inmaculada Medina explica que sin este acta de entrega y recepción no se puede considerar formalizado el traspaso, aún cuando así conste en el acuerdo firmado entre las dos instituciones. Y, sin él, no podrá actuar en la vía, como demandan los vecinos. «Queremos hacerlo pero ahora no podemos porque no es nuestro», detalló la concejala.

Medina se presentó en la tarde de este viernes en la concentración de protesta que organización los vecinos de Almatriche y que se repetirá, si no se soluciona antes el problema, todos los viernes de junio. La edila les trasladó la información de que el problema es que la vía sigue siendo insular y, por tanto, el Ayuntamiento no puede hacer nada.

La concejala recordó a este periódico que la última cesión a la ciudad de las zonas contempladas en el convenio de 2003 se produjo en el año 2014. Se trató del tramo de la GC-300 comprendido entre las glorietas de San Lázaro y de Las Mesas.

Los vecinos consideran «inaudito» que el Ayuntamiento y el Cabildo «se pasen la papa caliente» y no se sienten a resolver sus problemas. «Ya entendemos los 40 años de abandono», expuso Fernando Miguel, portavoz vecinal.

Los ciudadanos de esta parte del municipio se sienten discriminados por las instituciones ya que «el enfrentamiento a muerte entre el Ayuntamiento y el Cabildo» impide que tengan aceras por las que caminar en condiciones mínimas de seguridad o que se abra la conexión con Siete Palmas, que lleva toda la vida cerrada. «Sabemos que estamos en un barrio obrero y que no tenemos ningún interés económico, pero esto no se puede soportar más, la gente baja por la calzada y cualquier día van a atropellar a alguien», prosiguió Fernando Miguel.

Tras las dos primeras movilizaciones, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado ya los primeros pasos para acercarse a los vecinos. El primero lo dio este viernes la concejala Medina al desplazarse hasta el lugar de concentración para explicarles su versión de la situación legal de la vía. El segundo será la reunión que tienen prevista los vecinos el lunes con los concejales de Urbanismo, Javier Doreste, y del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Mercedes Sanz.

Sin embargo, los vecinos no tienen demasiadas esperanzas puestas en esta reunión, a la vista del clima de enfrentamiento que existe entre las dos instituciones sobre la responsabilidad de la actuación en el entorno de la GC-310. «Nos van a engañar», reconocía este viernes Fernando Miguel, «estamos en medio de la lucha entre el Ayuntamiento y el Cabildo».

Los vecinos seguirán manifestándose a lo largo de junio. Y si para entonces no hay acuerdo, en septiembre retomarán las protestas. Lo que reclaman es mejorar los equipamientos del barrio con aceras, alcantarillas, marquesinas para guaguas, pasos de peatones con semáforos, un parque infantil y más limpieza, así como abrir la prolongación de la calle Juan Hidalgo con Siete Palmas.

El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, acaba de informar que a fin de mes se reunirá con el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria para tratar este asunto, entre otros temas. «No nos vamos a pasar la pelota», respondió, «esa carretera necesita un arreglo y la obra la tiene que asumir una de las dos administraciones».

El edil entiende que se puede buscar una solución pero insiste en que debe formalizarse la cesión o firmarse algún tipo de autorización que permita la inversión municipal en esta zona.