La presidenta de Juristas contra el Ruido, Yomara García, se dirige a los concejales de la oposición. / C7

El Ayuntamiento capitalino tarda hasta un año en realizar inspecciones de ruido

Juristas contra el Ruido denuncia la falta de medios de la corporación y que la ordenanza no está adaptada a la ley estatal

Javier Darriba
JAVIER DARRIBA Las Palmas de Gran Canaria

La presidenta de la asociación nacional Juristas contra el Ruido, Yomara García, denunció este miércoles que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no actúa de forma eficaz en la lucha contra la contaminación acústica.

«Pese a los esfuerzos de los funcionarios, los expedientes no avanzan, se incumplen los plazos, la policía local está desbordada, no se mide, los sonómetros no se usan desde hace tiempo y hay muchos vecinos que están desesperados porque tienen que esperar muchísimos meses, incluso años, señaló.

La abogada también criticó que se tarde hasta un año prácticamente en realizar las inspecciones, lo que obliga a los ciudadanos en muchas ocasiones a acudir a la vía judicial para defender sus derechos.

Sacar el ruido del centro urbano

Yomara García impartió este miércoles una jornada formativa a los concejales de la oposición en el Consistorio capitalino.

En este encuentro, la presidenta de juristas contra el ruido resaltó que las actividades molestas «tienen que sacarse del centro de las ciudades».

Dijo que no puede establecerse un debate entre el derecho al descanso y la inviolabilidad del domicilio, por un lado, y el derecho al ocio, por el otro. «El uso predominante es el residencial», aclaró, «se trata de un debate erróneo porque los derechos no son equiparables».

Y ni siquiera pueden superarse los límites de agresión acústica cuando los consistorios establecen excepciones ante fiestas de interés general. «Este tipo de limitaciones no son un cheque en blanco», expuso, «porque no se suspende el límite de recepción domiciliaria».

Hay que tener en cuenta que el nivel máximo de ruido permitido en un dormitorio es de 30 decibelios, cuando una conversación normal puede alcanzar los 55 decibelios.

Unmomento de la reunión en las oficinas municipales. / Cober

También se criticó que la ordenanza no esté adaptada a la ley estatal. La norma municipal es de 2002, mientras que la orden española es de 2003. Y aunque han transcurrido veinte años, aún no se ha producido esa necesaria adaptación en aspectos claves como el procedimiento de medición.

A todo ello hay que sumar el hecho de las carencias humanas y materiales que padece el Ayuntamiento. Enumeró García que hay informes de la Policía Local que se han hecho con sonómetros de tipo 2, cuando la ley obliga a realizar las mediciones con sonómetros de tipo 1/clase 1; que en el servicio de Actividades Clasificadas se haya pasado de ocho a dos técnicos y que carezcan de sonómetros calibrados; o que se diga que la Policía Local no tiene competencias inspectoras, cuando es su obligación como policía administrativa.

Tampoco se han ordenado desde el punto de vista de la contaminación sonora las diferentes zonas de la ciudad a través del Plan General de Ordenación Urbana; ni se ha incluido en el mapa del ruido de Las Palmas de Gran Canaria el impacto del ocio nocturno y otras actividades. Tan solo se analizó el tráfico y se dedujo que en torno a un 28% de la población soportaba niveles sonoros superiores a lo permitido.

Moción al próximo pleno

La gestión de los problemas del ruido será llevada al próximo pleno en virtud de una moción que presentará el concejal no adscrito José Guerra. En esta moción se propone devolver el papel inspector de la Policía Local; acordar que el Ayuntamiento no recurra las sentencias que sean favorables a los vecinos en los litigios relacionados por ruido; la firma de un protocolo con la Fiscalía para impulsar los atestados policiales en esta materia; y, por último, la renovación de la ordenanza municipal.

Aunque a la reunión no fue ningún componente del gobierno, el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, remitió una nota de voz sobre esta problemática. «El ruido de la noche tiene diversos orígenes, uno es el de los locales de ocio y es fácilmente controlable a partir de medidas disciplinarias como los limitadores de sonido, la doble puerta... El problema es el ruido convivencial, el de la aglomeración de la gente en la calle y no hay ninguna ley que prohíba a nadie reunirse», dijo.

El edil recordó que el Ayuntamiento ha encargado un estudio para determinar el origen del ruido entre Isla de Cuba y la plazoleta de los Betancores. El resultado que den los sonómetros instalados determinarán las soluciones que adopte el gobierno.

Molestias en la calle

«No creemos que esto sea de una solución fácil, de poner más policías o prohibir a la gente que se reúna en la calle porque también atentaríamos contra derechos fundamentales, como el derecho al descanso», añadió el concejal de Urbanismo, «nuestro deber es intentar conciliar esos derechos».

Sin embargo, la presidenta de Juristas contra el Ruido, Yomara García, aseguró que «como tal, no existe el derecho fundamental a estar en calle, sino el de libertad de circulación, y precisamente ese derecho es conculcado por la ocupación de la calle por parte de personas que no dejan transitar, no dejan dormir y obligan a los demás a vivir con inmisiones yotros efectivos aditivos bajo su ventana».

La especialista recordó que « en todas las ordenanzas se contempla la prohibición de proferir gritos en la calle o tener actitudes que vayan contra la convivencia ciudadana o contra la salud pública».

Vídeo. La opinión de la oposición sobre la gestión del ruido. / cober

Desde la oposición se quejan de que el problema de los ruidos se ha agudizado en la ciudad en los últimos años por la «mala gestión» del tripartito. Así lo cree el concejal del PP Ángel Sabroso, quien lamentó que el Ayuntamiento condene a los vecinos que deben convivir con ruidos causados por locales de ocio a ser defendidos «exclusivamente por los tribunales de justicia» dado que la administración pública local, que debe velar por garantizar su derecho a la salud, «no hace nada para protegerles».

«No puede ser que la ciudad más importante de Canarias esté sin sonómetros calibrados en los últimos años; que la Policía Local haya dejado de realizar las labores de inspección de los locales que incumplen porque de repente hay un nuevo criterio que dice que la Policía Local solo colabora con Actividades Clasificadas; que de ocho técnicos especializados en esta materia hayamos pasado a dos y nadie haga nada; que la Policía Local no tenga vehículos; o que solo se pueda recibir una llamada en el centro de emergencias», lamentó.

El viceportavoz de Coalición Canaria, David Suárez, reconoció que uno de los retos a los que se enfrenta la capital es compatibilizar la actividad económica con el descanso de los vecinos.

Y el edil no adscrito José Guerra recordó que la Policía Local, como cuerpo administrativo, « tiene la obligación de perseguir el ruido».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, que no estuvo presente en la reunión, remitió luego un mensaje que ponía el énfasis «en llegar a un equilibrio en la convivencia, pero siendo conscientes de que el ocio, los eventos culturales y el carnaval son muy importantes para la ciudad».