El Ayuntamiento busca una salida negociada con el Estado para el destino del Canarias 50

«Vamos a seguir trabajando para alcanzar el mejor acuerdo que garantice el cumplimiento del Plan General y la dignidad de las personas», aseguró la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, quien intervino en el debate plenario sobre el Canarias 50 justo antes de rechazar la moción presentada por el PP para paralizar el proyecto de consolidación del centro de primera acogida de personas migrantes.

Las palabras de la alcaldesa dejan entrever que hay abierta una negociación con el Estado y refrendan la intervención previa del concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, quien había indicado que el grupo de gobierno favorecerá todas las propuestas en favor de la solidaridad, la dignidad y la convivencia, siempre «con acuerdos compatibles con el Plan General». En su opinión, el Canarias 50 resulta «esencial para transformar la ciudad que queremos».

El Ayuntamiento emitió este mes una resolución de disconformidad respecto a las obras de ampliación que presentó el Estado con el fin de mejorar las instalaciones y la atención de las personas acogidas en el antiguo regimiento de infantería. La renuencia municipal se debe a que el proyecto choca con las disposiciones del planeamiento urbanístico, que fijan los usos deportivo y de zonas verdes, así como un vial en esta parte de La Isleta.

El rechazo municipal conduce ahora al Ministerio a tramitar una declaración de interés general, previo informe de la Comunidad Autónoma, para poder sacar adelante el proyecto.

Precisamente el hecho de que todavía no se haya tramitado esta opción -el portavoz de CC, David Suárez, confirmó que la petición del Estado todavía no ha sido registrada en Política Territorial- es lo que justificó el rechazo de la mayoría de gobierno a la propuesta del PP. En el tripartito se está convencido de que la negociación con el Ministerio de Migraciones permitirá tener un acuerdo satisfactorio para las dos partes sin que el Gobierno de España tenga que recurrir la declaración de interés general para poder sacar adelante el proyecto de ampliación del Canarias 50.

«Hasta que no se apruebe en consejo de ministros no está aprobado», expuso Roque, «vamos a llevarlo hasta donde podamos». El edil de Urbanismo insistió, en todo caso, que se quiere evitar el conflicto a la hora de definir el futuro del Canarias 50 porque tampoco hay que perder de vista la obligación de atender a los más necesitados que llegan a las costas canarias.

«Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad responsable, solidaria, acogedora, diversa, cosmopolita e inclusiva. Y ejemplo de ello ha sido el barrio de La Isleta, que ha contribuido desde sus orígenes a la inclusión de personas de todas partes del mundo», expuso el edil, «nosotros desarrollamos nuestras políticas desde la solidaridad y respeto a los más vulnerables». Y se desmarcó de actuaciones «contrarias a la dignidad humana», como la que ha planteado el Ayuntamiento de Mogán al negarse a sufragar los costes de los entierros de las personas que mueren en su travesía en patera desde África a Canarias.

La posición del gobierno fue criticada por el grupo proponente. El concejal del PP Ignacio Guerra denunció que «el PSOE habla de libertad y bunkeriza 38.000 metros cuadrados con muros». Y lamentó que el Ayuntamiento se conforme con dedicar dos módulos de uso común con los vecinos de La Isleta a gimnasio y biblioteca. «Eso no es devolver el espacio a La Isleta», reprochó.

El PP, junto al resto de partidos, rechazó la enmienda de Vox, que añadía a la propuesta inicial la necesidad de que el Ayuntamiento exigiera la ejecución de las órdenes de expulsión. «Esto no tiene nada que ver con La Isleta ni con nuestra moción», expuso Guerra, «la inmigración no tiene que ser excusa para que el Canarias 50 vuelva a la ciudad y sea disfrutado por La Isleta».

El edil de Vox Rafael Miguel de Juan vinculó la actividad del centro de primera acogida a la inseguridad que, según su perspectiva, se vive en La Isleta. «Menudeo de droga, ruidos, reyertas, ocupación de viviendas abandonadas son el pan nuestro de cada día», dijo.

Estas afirmaciones provocaron a Darias para dejar su papel de moderadora y condenar que se vinculara inmigración y delincuencia. «Eso se llama xenofobia y racismo», sentenció, «hay quienes ligan cuestiones urbanísticas con la xenofobia y eso esta ciudad no lo va a permitir».

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, propuso que, si el Canarias 50 no era el lugar adecuado para ampliar las instalaciones de acogida, se busque otro emplazamiento. «Que el Ayuntamiento se mantenga firme y se busquen otros lugares en la ciudad para dar respuesta a las personas que llegan a nuestro territorio», señaló.