«Ayudas paliativas» de Interior para los afectados por las inundaciones en San Cristóbal

Domínguez, que intervino después del concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez; la concejala del Distrito, Nina Santana; y la directora general de Gobernanza, Fayna Álamo -en una cita en la que también estuvo presente la edila de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas–; explicó que el plazo para iniciar los trámites «es hasta el 11 de mayo» y que se puede acudir a la Oficina de Asistencia Ciudadana del Distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira, en la Oficina de Registro de la Delegación del Gobierno, en las oficinas de registro de cualquier administración pública o en Correos.

En cuanto a los daños que recogen estas ayudas estatales, les comunicó que se contemplan «por daños en viviendas por destrucción total, que no es el caso, por daños estructurales» y otros «no estructurales» como el caso de la rotura de puertas que se registró en algunas casas. Además, dijo, prevén la pérdida de «enseres de primera necesidad» como frigoríficos, lavadoras, camas o televisores.

Domínguez informó a los presentes que «en base a ese baremo» se establecen «unas cuantías». Así, «como máximo en daños estructurales tenemos 10.320 euros, en daños no estructurales 5.200 y para enseres 2.580 euros».

En cuanto a los requisitos a cumplir por los solicitantes de ayudas, señaló que «son tres».

«El primero», apuntó, «es que sea la primera vivienda» y «todos los que están en el domicilio deben estar empadronados en ella», algo que se tendrá que acreditar.

Una segunda exigencia es la de «ser titular de la vivienda», lo que se puede acreditar con el IBI.

Asimismo, dijo que «para el caso de daños no estructurales» también se pueden acoger quienes tengan cedido «el uso de la vivienda».

Añadió que en el caso de los enseres destruidos, las subvenciones se dirigen tanto a «titulares como a las personas que están en alquiler», que deben acreditar el contrato.

Expuso que técnicos municipales harán los informes de valoración de esas pérdidas por lo que es bueno conservar los objetos. Algo que despertó la inquietud de quienes ya se habían desecho de ellos, por lo que Domínguez les tranquilizó, asegurando que las personas que evalúan los daños son profesionales y no debían temer nada pero que ayudaría tener «facturas o fotos» de los enseres en cuestión.

En cuanto al tercer y último de los requisitos, la técnica señaló que «es el nivel de renta» y que «se mirará el de toda la unidad familiar» de los 12 meses anteriores al hecho causante o el último ejercicio de la Renta, como establece la ley.

Así, por ejemplo, familias de uno o dos miembros con 11.760 euros de ingresos tendrán un 100% de ayudas de las cuantías máximas, que se rebajan al 50% para ingresos de 29.400 euros.

Pero remarcó que para daños que afectan a la estructura de la vivienda, la Ley prevé «un máximo de 10.320 euros» que queda «en el 50% del valor que da el técnico». Por lo que una renta anual «de entre 11.760 y 29.400 euros, cobra la mitad y si supera los 29.400 euros, no tiene derecho».

Los afectados, a los que se facilitó por escrito toda la información, se mostraron en muchos casos contrariados por la exigencia de tanto requisitos para paliar unos daños que se produjeron por un fenómeno natural ajeno a ellos. Además, insistieron en tomar medidas que eviten nuevas inundaciones y se refirieron a la escollera semisumergida.

Íñiguez aseguró que existe un «preproyecto» en el Ayuntamiento para una «escollera semisumergida» y que se está en conversaciones con otras administraciones.