La fiscal dice que ataron a Nono y «estamparon» su cabeza contra la pared

Comenzó el juicio ante un jurado popular por el crimen de Antonio Ojeda García, conocido por sus allegados como Nono, un vecino de Pedro Hidalgo que fue, según la Fiscalía Provincial de Las Palmas, asesinado por una pareja para robarle el dinero que percibía mensualmente de pensión. «Le estamparon la cabeza contra la pared», exclamó.

Este lunes, tanto la fiscal Cristina Coterón como los abogados de las respectivas defensas, Guillermo Nieves e Israel Godoy, expusieron al jurado popular sus planteamientos.

Por una parte, la representante del Ministerio Público describió en su alegato inicial ante e Tribunal del Jurado que estas dos personas retuvieron a la víctima, le dieron numerosas palizas, y el varón llegó a «estampar la cabeza» de Nono contra la pared, hasta causarle la muerte. De forma paralela, expuso que la acusada no hizo nada por evitar el crimen, es decir, cometió un asesinato no como ejecutora material del mismo, sino en grado de comisión por omisión.

Coterón indicó que la pareja conocía y sabía dónde vivía el fallecido en su casa de Pedro Hidalgo, y que cobraba una pensión de orfandad y otra de incapacidad; tenía un grado de discapacidad psíquica reconocida del 66% y dificultad para caminar por un problema en las piernas.

A la víctima, según el Ministerio Público, la situaron en una pequeña habitación sin puerta, con un somier y un colchón como único mobiliario y, durante el tiempo que duró su cautiverio, estuvo atado con cuerdas por las muñecas y los tobillos.

También sufrió frecuentes golpes en la cara y el cuerpo por parte del acusado y en presencia de la procesada, que tampoco hizo nada por evitarlo pese a que la víctima le pedía auxilio, añade el escrito de la Fiscalía.

Además, cuando la pareja salía del domicilio, lo amarraban al somier, señala dicho documento, que añade que le hacían recoger los excrementos del perro que tenían.

Mientras tanto, la defensa de J.F.B.S. alegó que los hechos no son como expuso la acusación y que, en cualquier caso, su cliente sufre serios problemas de salud mental, combinado con el consumo de sustancias estupefacientes.

El letrado de Ylena R.S. –Israel Godoy– insistió en la inocencia de su patrocinada pidiendo al jurado que analicen los hechos para que entiendan que, en ningún caso, fue autora de asesinato por comisión por omisión.

El letrado de Ylena R.S. dijo al jurado que iba a tratar de demostrar durante estas sesiones que su clienta estaba «totalmente sometida» a su pareja y que sentía «terror» del acusado.

Mientras, el abogado de éste –que cogió la causa hace un solo un mes desde el turno de oficio– manifestó que intentará mostrar que no participó y que la muerte de Nono no fue querida ni tampoco existió alevosía, así como que sufría una enfermedad psíquica y es consumidor de drogas.

En esta primera jornada celebrada ante la presidencia del magistrado Secundino Alemán, declararon dos hermanos y una prima de la víctima. Ésta dijo que Nono le contó que la pareja acusada de estos hechos, ocurridos en septiembre de 2021, «se lo llevaban y pegaban» los días antes de cobrar para quitarle el dinero.

Pero mientras esta testigo y el hermano de la víctima declararon que Nono tuvo problemas desde años atrás con las drogas, una hermana de la víctima lo negó y solo acertó a decir que no sabía nada, que «nunca lo vi borracho ni afectado por las drogas». Estas tres personas son las únicas que reclaman como indemnización la cantidad de 50.000 euros por el daño moral causado que les han causado.

Según el relato de la prima, los dos acusados fueron vistos el 16 de septiembre por un vecino del barrio de Pedro Hidalgo cuando sus supuestos captores fueron en un coche a la casa del taxista que le guardaba su documentación y la cartilla, para así poder cobrar la pensión que le pasaban los días 23 de cada mes.

La prima también ha manifestado que el fallecido había sido secuestrado con anterioridad durante tres meses en una casa donde permaneció encerrado en un cuarto junto a otro discapacitado hasta que se escapó al tirarse por la azotea.

Cuando el abogado de la defensa de la acusada le preguntó que si había denunciado estos hechos, la testigo dijo que sí, pero que su primo luego retiró los cargos.

Los hechos que se juzgan supuestamente ocurrieron entre los días 14 y 15 de septiembre, cuando se sitúa el secuestro, y el 23 de ese mes de 2021, que es cuando los servicios de emergencias fueron alertados por los acusados de su muerte.

El juicio se reanudará este martes y continuará durante toda la semana con las declaraciones de testigos, policías, peritos e informes finales.

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