Los especialistas ambientales reclaman que las cabras de los espacios protegidos sean abatidas

Esa es una de las principales conclusiones del Encuentro de Especialistas de las XXX Jornadas Forestales que acaban este sábado con una salida de campo y que este viernes pusieron el foco en el impacto ambiental y económico de las cabras abandonadas en los proyectos de repoblación forestal, en particular en las repoblaciones acometidas por el Cabildo en la finca de Tirma y en el Monte de Arguineguín (Cortadores).

«Existe un consenso muy amplio» entre los profesionales de las distintas disciplinas ambientales y los responsables de la gestión del medioambiente en que «la mejora de muchas de nuestras especies y ecosistemas requiere la retirada de las cabras asilvestradas. Este consenso tiene además una base científica amplísima e incuestionable», mantiene otra de las conclusiones del Encuentro que se preguntó: ¿Cómo abordamos el mandato legal sobre las cabras asilvestradas en los espacios naturales protegidos?

Después de tantos años sin resolver el mandato legal de extraer a las cabras asilvestradas de los espacios protegidos por las administraciones implicadas, «desde las asociaciones para la defensa de la biodiversidad se propone poner en conocimiento de la Fiscalía la situación actual para que facilite la toma de decisiones al respecto», señala el escrito común de los especialistas que participaron en el Encuentro.

El comunicado hecho público este viernes considera «imprescindible» trasladar a la población la nítida separación entre la situación del sector ganadero de la situación de abandono de unos animales domésticos, las cabras, «que tienen un impacto muy negativo en la conservación de las especies vegetales, en la merma de la capacidad de regeneración natural de la isla y en sus propias condiciones de vida y que no generan beneficios al conjunto de la sociedad».

Por el contrario, subrayan las conclusiones del Encuentro, la presencia de cabras abandonadas y asilvestradas ramoneando libremente por las joyas botánicas de Gran Canaria, constituye «un impedimento al derecho constitucional de disfrutar de un medio ambiente sano. El posicionamiento de científicas y técnicos, así como de amplísimos sectores de la sociedad ha de servir como base para la toma de decisiones», sostienen claramente los especialistas.

Conscientes de que «estamos ante una realidad socialmente compleja en la que siempre habrá sectores de la población en desacuerdo», los especialistas proponen orientar las extracciones en vivo (apañadas) «hacia zonas en las que sea conciliable su coste, la relación entre el riesgo, el esfuerzo y el resultado, evitando al máximo el posible sufrimiento animal» durante el traslado de los animales tras su captura.

Y es que de la experiencia obtenida de los animales avistados, capturados y extraídos en las apañadas hechas en las Reservas Naturales Especiales de Guguy y Los Marteles, la Reserva Natural Integral de Inagua, los Parques Naturales de Tamadaba y Pilancones, el Parque Rural del Nublo y el Monumento Natural de Tauro, entre otros espacios protegidos, se concluye que las características del territorio insular «hacen que los movimientos para la extracción sean muy peligrosos, tanto para las personas como para los perros que colaboran».

Además, «en muchos casos el traslado de los animales capturados hasta los puntos de salida conlleva forcejeo, sufrimiento y pone en riesgo tanto a los animales como a las personas». Por otra parte, el manejo de cabras asilvestradas y «la posibilidad de su contacto con ganado estabulado o la entrada de su carne en la cadena de alimentación implican un riesgo sanitario».

En paralelo, al coste ambiental «se le añade un coste económico completamente insostenible al malograr gran parte del esfuerzo que se realiza en las labores de restauración y conservación».

El sobrecoste que tuvieron las últimas repoblaciones forestales acometidas en la finca de Tirma y el Monte de Arguineguín (Cortadores) para reducir el impacto ambiental de las cabras asilvestradas en las plantas fue el ejemplo elegido ayer por Javier López, Jefe de Sección de Restauración e Infraestructuras Ambientales del Cabildo, para demostrar que la presencia de ganado abandonado no solo mengua el éxito de las reforestaciones sino que las encarece al obligar a colocar mallas protectoras.

Según las cuentas que expuso en las XXX Jornadas Forestales, dentro de su ponencia sobre el impacto ambiental y económico de las cabras abandonadas en los proyectos de repoblación forestal, en la iniciativa acometida en el Monte de Arguineguín en el año 2015 un 29,24% del gasto se destinó a la colocación de una mala metálica para la protección de las plantas frente a las cabras.

La exposición de este especialista en repoblaciones de la Consejería de Medio Ambiente recordó, entre otros datos, que una cabra en libertad consume una media diaria de 1,5 kilos de plantas y está en desplazamiento durante 9 horas.

También estima el coste de las distintas medidas posibles para el control de la población de ganado asilvestrado y concluye que el método más barato son las batidas, con 120,45 euros por animal retirado. En el caso de las capturas en vivo sería de 588,62 euros. En la gambuesa social es de 2.174,6 y en el de la cetrería se eleva a 2.813,45 euros.

La población de cabras asilvestradas que campa por la cuarta parte de la superficie insular que suman el Parque Natural de Tamadaba, la Reserva Natural Integral de Inagua, el Monumento Natural de Tauro y el Parque Rural del Nublo se estimó este año en 511 ejemplares, un 20,2% más que en 2022 y un 27% menos que en 2020.

En el último censo que el Cabildo hace en esos espacios del oeste se avistaron 214 individuos en 48 observaciones diferentes realizadas por las dos personas que recorren los mismos 10 transectos de esos espacios. Esta vez vieron 97 machos, 80 hembras, 34 juveniles y 3 individuos sin identificar.

Sumando las 147 cabezas estimadas en Guguy en mayo, la población se eleva a un mínimo de 658 animales.