El Tribunal Supremo confirma que la terraza del Faro es ilegal

Una sentencia desestima dos recursos de casación, anula el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y declara que no cumple con el planeamiento ni preserva el patrimonio arquitectónico

GABRIEL SUÁREZ / MASPALOMAS

El Tribunal Supremo, a través de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha dictado sentencia declarando «no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por el Abogado del Estado y por la entidad GrandItalia, S.L.U., contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de fecha 1 de junio de 2017, que estimó el recurso de Maspalomas Resort S. A. y dejó sin efecto el acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de 10 de mayo de 2011, de convocatoria del concurso público para la construcción y explotación, en régimen de concesión de dominio público, del bar terraza en la zona exterior del Faro de Maspalomas.

En su sentencia considera que la recurrente, Maspalomas Resort, «ostenta interés legítimo propio» para recurrir los acuerdos, y resuelve de manera categórica el alcance de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de los puertos de interés general y de la nueva Ley de Puertos del Estado que regula los uso y actividades distintos de los de señalización marítima que pueden ser autorizados en los faros.

Plan General. En cuanto a las razones para la anulación del acuerdo de convocatoria del concurso destaca el apartamiento de la finalidad recogida en el artículo 94 de la Ley 48/2003, y el incumplimiento de la normativa del Plan General de San Bartolomé de Tirajana.

La entidad Miguel Cazorla e Hijos, S.L. fue la adjudicataria de la concesión, y más tarde GrandItalia, S.L.U. se subrogó en los derechos y obligaciones de la concesión.

La sentencia achaca a la Administración no haber justificado en el expediente los requisitos para establecer usos alternativos en el Faro, especialmente en relación con la finalidad de la protección del patrimonio arquitectónico insular.

La sentencia no indica realmente que no puedan desarrollarse otros usos diferentes a los de señalización marítima o portuarios, ni tampoco establece que deban necesariamente ir encaminados dichos usos directamente a la preservación del patrimonio histórico, sino que se debe justificar como el uso pretendido, en este caso un bar-terraza, contribuye a la preservación del patrimonio y como se cumple el requisito de interacción puerto-ciudad.

A juicio de la Sala, no se impide la realización de otros usos. Lo que ocurre es que en los faros pueden ser autorizados esos usos siempre que se justifique que persiguen o que coadyuvan a preservar el patrimonio arquitectónico que constituyen los faros. Es entonces por la falta de la debida justificación y motivación de tal uso exclusivo y la necesidad imprescindible de ajustarse al planeamiento urbanístico, por lo que el Supremo impone el rechazo de los recursos de casación.