Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 27 de mayo
El Cabildo de Soria compró tierras a la familia de una alcaldesa del PP

El Cabildo de Soria compró tierras a la familia de una alcaldesa del PP

En 2006 se firmó la compra de la finca en Vigaroy -también llamado Vigaroé- a la familia Cruz Hernández, uno de cuyos integrantes era marido de la entonces alcaldesa de Tejeda.

Lunes, 4 de febrero 2019, 17:48

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

En la oposición del Cabildo de Gran Canaria hay partidos que tienen experiencia en la compra de terrenos para la corporación. Pero con el añadido de que fueron operaciones sin oferta abierta al público ni bolsa de inscritos, sino con negociación directa.

Fue lo que pasó durante el mandato del Partido Popular en el Cabildo entre los años 2003 y 2007, con José Manuel Soria en la Presidencia de la institución. El grupo de gobierno optó por la adquisición directa, esto es, sin abrir una solicitud de propuestas, de unos terrenos en Tejedapor su valor medioambiental. Se trata de la conocida como finca de Vigaroé.

La superficie adquirida fue 1.348.000 metros cuadrados y el coste de la operación se cerró en 463.837 euros.

Aquella operación bajo el mandato de Soria se acordó con la familia Cruz Hernández, muy conocida en Tejeda. Los vendedores eran los hermanos Diego, Corina y María Dolores Cruz Hernández. Diego Hernández, fallecido en 2008, fue alcalde de Tejeda y estaba casado con Encarnación Domínguez, militante del Partido Popular y primera edil de Tejeda cuando se hace la compra.

Encarnación Domínguez fue durante años la referencia del PP en aquel municipio. En 1993, se convirtió en la primera alcaldesa de su municipio y la primera mujer en presidir un Ayuntamiento de Gran Canaria en democracia. Gobernó Tejeda durante 18 años.

Consejera de Patrimonio

La compra de los terrenos por parte del Cabildo contó con informes del Servicio de Patrimonio y de Medio Ambiente. El decreto de adquisición tiene fecha de 23 de noviembre de 2005 y la escritura de compraventa se selló el 19 de enero de 2006. Era entonces consejera de Patrimonio la también titular de Educación, María del Carmen Rosario Godoy, que sigue en el Cabildo como integrante del grupo del PP.

Se da la circunstancia de que el PP es ahora uno de los grupos más beligerantes con el gobierno del Cabildo por la compra de los terrenos de Amurga, una operación en la que aparecen como vendedores de varias fincas la esposa y cuñados de Román Rodríguez, presidente y portavoz parlamentario de Nueva Canarias.

Desde las filas del PP, su portavoz en el Cabildo, Carlos Ester, llegó a reclamar en el anterior pleno la dimisión de Antonio Morales por esa operación de compraventa.

Este lunes el pleno volverá a abordar el asunto, en una sesión instada por la oposición, que pidió más tiempo para estudiar el expediente. La compra ya ha sido judicializada por el consejero de Unidos por Gran Canaria Daniel Reyes.

Vínculos

En el anterior pleno, desde el grupo de gobierno se le recordó al líder de Unidos, José Miguel Bravo de Laguna -ahora candidato por Coalición Canaria y su partido-, que durante su mandato se inició un expediente de compra en el que aparecían personas vinculadas a su familia.

Desde las filas del grupo del PSOE, su líder en el Cabildo y secretario regional del partido, Ángel Víctor Torres, recordó que la propuesta de acuerdo que se trasladó al Consejo de Gobierno del 28 de diciembre de 2018 incluía «tres informes favorables a la compra, tres tasaciones y un informe de intervención»; es decir, «siete informes favorables al interés general». Torres recordó, en esa línea, que «ya en 2014 estos terrenos se ofrecieron al Cabildo, incluso más caros». Acto seguido agregó que, en todo caso, los consejeros del PSOE deberían «haber sabido que la esposa de Román Rodríguez figuraba entre los propietarios», porque «de haberlo sabido se habría actuado de otra forma, llevándolo a la Comisión de Pleno con los demás grupos políticos». Pero luego subrayó que «se ha confirmado que todo el procedimiento cumple con la más estricta legalidad y que se defiende el interés general». «Lo que hay que hacer es disipar dudas, porque el Cabildo lleva tiempo detrás de este terreno incluso antes de llegar este grupo al Gobierno» y por eso «se va a trabajar con rigor para disipar todas las irregularidades, pero si es correcto debe avanzar», añadió.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios