El BIC del Oasis frena nuevos edificios

En principio no tienen claro si van a recurrirla, pero sí que no van a ceder competencias al Cabildo para el Plan Especial de Protección que deberá ser elaborado y aprobado de forma subsiguiente a tal declaración, cuando esta adquiera firmeza, lo cual aún está por verse.

«Como tenemos hasta octubre para decidir si recurrimos, nos vamos a dar tiempo para estudiar la sentencia con mayor profundidad», matizó ayer el concejal de Urbanismo Fernando González Montoro, quien precisó, que como ese plan requiere de informe favorable del Cabildo «entonces es previsible que al final termine siendo aprobado por la institución insular, y de esa manera haciéndose responsable de las posibles indemnizaciones que llevará aparejado, porque aunque todo el suelo está colmatado y ahí es poco lo que se puede ordenar, sí es cierto que impedirá nuevas construcciones», aseguró.

Pero el mayor galimatías de todos resulta de la falta de elementos sustantivos a los que proteger como sitio histórico. «¿Qué vamos a proteger?. Se preguntaba ayer insistentemente un técnico, aclarando que el suelo, la charca, las dunas y el palmeral ya está con la debida protección ambiental que emana de la declaración de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. «De momento, salvo que venga alguien a decírnoslo, no encontramos elementos históricos para proteger, porque tampoco sabemos con exactitud el sitio donde al parecer desembarcó Cristóbal Colón y por lo que sabemos en el lugar no hay palmeras u otros árboles con 500 años de antigüedad».

En cuanto al dictamen del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, que la sentencia del TSJC entiende que es vinculante para el Consejo de Gobierno, difieren señalando, que «era preceptivo pero nunca vinculante», y que por eso mismo el Gobierno se apartó de los informes y emitió su propia opinión al respecto.

Respecto a las consecuencias jurídicas de la sentencia señalan, que la declaración de BIC por si sola no es nada sin el Plan Especial de Protección, y que es este en definitiva el que establecerá limitaciones al derecho de propiedad en los bienes inmuebles incluidos en su delimitación. «A ver quien asume o va a pagar las indemnizaciones de los derechos adquiridos por esos propietarios», se preguntó el edil González Montoro, tras recordar que en ese lugar existen licencias consolidadas y bienes que previsiblemente sufrirán restricciones.

«El Plan Especial en teoría lo tiene que hacer el Ayuntamiento, para lo cual tiene un tiempo prudencial para su elaboración y exponerlo en información pública, pero es preceptivo y vinculante en este caso el informe del Cabildo; y si el Ayuntamiento en ese plazo prudencial, que la ley establece en dieciocho meses, no consigue su aprobación inicial, subsidiariamente lo tiene que ejecutar el Cabildo, que tendrá que asumir las indemnizaciones, si las hubiera», afirmó.

Esto último no hará sino incrementar las fricciones con la institución insular, cuyas relaciones con las autoridades de San Bartolomé de Tirajana no están pasando por su mejor momento a raíz de las diferencias surgidas en relación con la licencia para la construcción del parque Siam Park en El Veril.

En relación a una posible delegación de las competencias en materia urbanística para que sea el Cabildo quien directamente se haga cargo del Plan Especial del BIC, desde la oficina técnica del Ayuntamiento se respondió ayer que hasta ahora no ha habido «ni habrá» cesión o delegación de competencias en materia urbanísticas a favor del Cabildo ni de ninguna otra administración.