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El Consorcio Insular de Emergencias debe unos 15 millones de euros a su plantilla por las horas laborales de más que les impone desde 2012, en torno a 380 anuales hasta 2018 y sobre 500 horas al año desde entonces, una vez que el Tribunal Supremo ha anulado el acuerdo de condiciones de trabajo vigente desde mediados de 2012 a través de dos sentencias firmes.
La millonada a pagar a los 200 bomberos del Consorcio, que sigue creciendo día a día, deriva de la imposición desde mediados de 2012 de una jornada laboral de 40 horas semanales, en lugar de las 37,5 que le correspondían a este colectivo, lo que supone una media de 380 horas más de trabajo al año. Desde 2018, cuando la jornada semanal bajó a 35 horas, el horario hecho de más por cada bombero se eleva a 500 horas anuales.
Así lo desvelaron ayer la Junta de Personal del Consorcio y sus asesores jurídicos, quienes instaron al Consorcio a ejecutar las sentencias y a negociar un plan de contingencia para asumir el pago de la deuda, la reducción de la jornada laboral y un aumento de la plantilla.
El presidente de la Junta, José María Monzón, achacó el incremento «ilegal» de la jornada laboral «a la falta de personal desde 2007», cuando se terminaron de abrir los ocho parques de bomberos del Consorcio, y mantuvo que fue impuesta para cubrir las necesidades del servicio con el personal existente cuando mantener abiertos los ocho parques las 24 horas de los 365 días del año precisaría de un incremento de la plantilla de entre 80 y 100 efectivos.
Los 15 millones de euros en que los bomberos estiman el coste las indemnizaciones económicas que el Consorcio deberá abonarles por las 594.000 horas de trabajo de más realizadas, entre todo el personal, contadas desde el año 2012 «es una cifra alta, muy alta», a razón de 75.000 euros por trabajador.
Luis Miguel López, asesor jurídico de los bomberos, explicó que a raíz de otras dos sentencias del Tribunal Supremo del año 2019 «que dejaban claro que la jornada laboral de 40 horas semanales era ilegal, el Consorcio debió rectificar y dar marcha atrás, pero se enrocó, huyendo hacia adelante».
López detalló que una vez que las sentencias son firmes, el Consorcio dispone de dos meses para su ejecución, lo que incluye volver a la jornada laboral anterior, y advirtió que si no lo hace acudirán al juzgado correspondiente a reclamarla.
También lamentó que «el daño hecho no será abonado por sus autores, sino por todos los contribuyentes».
La imposición de la jornada de 40 horas semanales se puso en marcha en el mandato del Cabildo de 2011-2015 y se ha mantenido desde entonces. El Consorcio está presidido por el Cabildo, pero conformado por la corporación insular, el Gobierno de Cananas y 19 de los 21 ayuntamientos, todos menos la capital y San Bartolomé de Tirajana porque disponen de sus propios cuerpos de bomberos.
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