A la izquierda, en primer plano, Abundio Ramos. Al lado, su padre, exalcalde de Teror durante 24 años. / Cober

El exalcalde de Teror Juan de Dios Ramos, condenado por el chalé de su hijo Abundio

La Justicia mantiene que el primer edil del PSOE durante 24 años era «consciente» de que la casa está a 200 metros de donde se autorizó

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO Las Palmas de Gran Canaria JESÚS QUESADA

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al que fuera alcalde de Teror por el PSOE durante 24 años, Juan de Dios Ramos, a 15 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a una multa de 15 euros diarios durante tres meses (1.350) como autor de un delito contra la ordenación del territorio en la construcción y legalización del chalet de su hijo Abundio Ramos en Los Arbejales.

La sentencia condena a Abundio Ramos al derribo de la vivienda levantada entre los años 2003 y 2005 y como autor de dos delitos, uno continuado de falsedad y otro contra la ordenación del territorio, a dos penas que suman dos meses de inhabilitación especial para ejercer como promotor y constructor y dos multas de 15 euros dirarios durante cuatro y dos meses (2.700 euros en total).

Además, considera que el entonces arquitecto municipal, Germán Acosta, es autor de tres de los cuatro delitos de que era acusado, mientras que el exconcejal y responsable de Urbanismo durante los hechos, Armando Santana, y el Secretario Municipal, Rafael Lezcano, resultan absueltos de los delitos contra la ordenación del territorio y continuado de falsedad en documento oficial de los que venían siendo acusados.

En primer plano, la casa que se solicitó rehabilitar. Al fondo, de verde, el chalet construido. / C7

Las penas impuestas al arquitecto municipal por dos delitos contra la ordenación del territorio y otro continuado de falsedad en documento oficial suman 9 meses de prisión; inhabilitación especial para empleo público como arquitecto durante 15 meses, para arquitecto en organismos públicos durante seis meses y como arquitecto durante dos meses, y tres multas por un montante total de 3.150 euros (siete meses a 15 euros diarios).

Responsabilidad atenuada

La responsabilidad criminal de los condenados resulta atenuada en la sentencia «por dilaciones indebidas» en el procedimiento judicial», tal y como el propio Ministerio Fiscal solicitó en sus conclusiones. Por eso se les imponen «las penas inferiores en dos grados, teniendo en cuenta la duración total de todo el procedimiento», iniciado en 2009 y cuyo juicio no se celebra hasta marzo de 2022.

La sentencia considera probado que «al menos desde febrero de 2003», cuando Abundio Ramos solicitó al Cabildo la concesión de calificación territorial para rehabilitar una antigua edificación de dos alturas «hasta, al menos, la concesión de la cédula de habitabilidad» por el Ayuntamiento de Teror, en marzo de 2008, «existió una maniobra continuada y fraudulenta, conscientemente dirigida a dar apariencia de legalidad a la construcción de una edificación para vivienda a favor del hijo del alcalde».

Vista de la vivienda de dos alturas levantada en Los Arbejales y que la sentencia ordena demoler. / C7

De hecho, «de haber observado una tramitación rigurosa y no haber ocultado información y datos esenciales a los organismos competentes, en ningún caso podría haberse autorizado» la obra ejecutada.

A 200 metros

También considera probado que la construcción efectivamente promovida se encuentra 200 metros de distancia de la edificación antigua cuya rehabilitación autorizó el Cabildo «y que no fue objeto de rehabilitación alguna pese a presentarse ante el Cabildo como la obra a renovar».

Un informe de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural confirma que en 2009 esa edificación de dos alturas, con alpendre abajo y pajar encima, permanecía en el mismo estado edificatorio.

Además de al derribo de la vivienda de Abundio Ramos, la sentencia, contra la que cabe recurso de casación en cinco días, también ordena al Cabildo y al Ayuntamiento de Teror a anular las calificaciones territoriales, licencias municipales y el resto de instrumentos habilitantes de una edificación que sigue siendo ilegal en la actualidad.