Blas Acosta, en su etapa de presidente del Cabildo majorero. / javier melián / acfi press

La Audiencia rechaza el recurso de Blas Acosta en el caso Gesturpa y abre la puerta al juicio oral

La Fiscalía aprecia presuntas ilegalidades cometidas en la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara, de la que fue, en julio de 2003, administrador único cuando era concejal de Urbanismo

Catalina García
CATALINA GARCÍA Puerto del Rosario

Blas Acosta, actual viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias y expresidente del Cabildo de Fuerteventura, será juzgado por el llamado caso Gesturpa por supuestos delitos societario, administración desleal e insolvencia punible.

'Diario de Fuerteventura' informa de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso presentado contra el auto del Juzgado número 6 de Puerto del Rosario que, en septiembre de 2020, acordó dar por finalizada la fase de instrucción y continuar la causa penal por el trámite del procedimiento abreviado, al apreciar indicios de delito.

La Audiencia Provincial destaca que la resolución del Juzgado que instruyó el caso Gesturpa«contiene una amplia y prolija exposición de los hechos» que fueron investigados en la instrucción sobre las presuntas ilegalidades cometidas en la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara, de la que Blas Acosta fue destinado en julio de 2003 como administrador, primero mancomunado y luego único, cuando era concejal de Urbanismo, según recoge el citado diario.

Antes del recurso de Acosta, el Juzgado de lo Penal había fijado la celebración del juicio para el 25 y el 26 de octubre de 2022, después de que el Juzgado de instrucción decretase la apertura de juicio oral. La Fiscalía solicita para el entonces concejal de Pájara una condena de cuatro años y tres meses de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación para cargo público, por los supuestos delitos de administración desleal e insolvencia punible.

En concreto, destaca la Fiscalía, el exconcejal «formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales» de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, «aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables», cita textualmente 'Diario de Fuerteventura'.