Blas Acosta: «Estoy sometido a la pena de telediario, a una condena pública constante»

El primer mandatario majorero entiende que pretenden, con «formas y artes nada correctas, lo que no han sido capaces de lograr por medio legítimos: las elecciones». En su opinión, con la difusión de la petición de condena de la Fiscalía y de apertura del juicio oral, se está «interfiriendo en la situación política desde esferas y con intereses que no están nada claros, algo que no puedo permitir, ni consentir».

Tras afirmar que «soy y he sido siempre respetuoso con la Justicia», Blas Acosta declinó entrar en el contenido de la petición del fiscal del caso Gesturpa y se centró en las formas, «que son muy importantes» para los cargos y los funcionarios de las administraciones públicas. Para, a continuación, desvelar que aún no había recibido el escrito de la Fiscalía: «ni yo, ni mi abogada, tenemos constancia alguna de lo publicado en los medios de comunicación».

Por ello, denunció una «ruptura de la cadena de custodia de documentos públicos», lo que considera una cuestión «muy importante» al entender que «se rompe la confianza en las instituciones, así que espero que actúen en consecuencia los responsables y que la señora jueza haya iniciado, y si no lo ha hecho así se lo pediremos, averiguaciones sobre dónde se han producido estas filtraciones». En este sentido, también ha dado instrucciones a sus abogados para que depuren estas responsabilidades administrativas, civiles y penales «y las que sean necesarias para garantizar mi legítimo derecho como ciudadanos a la presunción de inocencia y a ser juzgado de forma justa. No se puede permitir que un ciudadano deba estar sometido a la pena de telediario, es decir una condena pública constante y sin haber sido juzgado».

Durante los casi veinte años de trayectoria pública, el presidente majorero asegura haber puesto «siempre el cachete» cuando se le acusó «falsamente» en el caso Faycan en 2007 y en el 2015. Todos estos casos producen, se quejó Acosta, «un daño irreparable a la familia, a los hijos, a la pareja, y en el ámbito personal va más allá de un simple descuido o una filtración interesada de una cadena judicial que debe respetar a cada uno por igual».

Sobre el caso Gesturpa, que es la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara para la construcción de viviendas sociales, subrayó que era el único cargo público con la experiencia en su haber de construir y entregar vivienda pública en Canarias , en concreto 248 casas ocupadas desde 2008. «Jamás se ha producido un quebranto patrimonial al Ayuntamiento de Pájara, como lo confirma la Audiencia de Cuentas en sucesivos años».

Acost aconcluyó que «ya está bien que en menos de 20 años haya tenido que pasar unas 50 veces por los juzgados acusado falsamente» y aseguró a los ciudadanos que «jamás ha malversado caudal público» y que hará por averiguar «quién quiere que pague esta pena de telediario».