Caso Menas: bótox, hoteles, restaurantes y gastos de gasolina desorbitados con dinero público

Entre otros, en este caso Menas impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, los investigadores detectaron que la directora del centro Guiniguada cargó a la tarjeta de la ONG responsable de este servicio, un pago de 1.500 euros correspondiente a tratamientos de belleza y 1.113 en facturas de restaurantes como Vinófilos, El Vasco de Vegueta o Triciclo.

Esta investigada es María de los Ángeles Barroso, que en la anterior legislatura fue la secretaria y tesorera del comité ejecutivo de la provincia de Las Palmas de Vox y en los recientes comicios apareció en el número ocho de la lista de Unidos por Gran Canaria para la alcaldía de la capital. El presidente de UxGC, Lucas Bravo de Laguna, ha mostrado su sorpresa al conocer la información publicada por este periódico. «Me he enterado por CANARIAS7», ha señalado en declaraciones a este periódico, para añadir que «es una simple afiliada y queremos conocer su versión antes de tomar cualquier tipo de medida».

Es diplomada en Educación social y ya fue objeto de polémica después de que un grupo de trabajadores del recurso la tildara de «racista» por su supuesto comportamiento en el trabajo y los comentarios que realizaba.

En concreto, se realizó un 'full/face', es decir, un tratamiento facial integral en el Centro Médico de Belleza Hedonai. Compró un bono de seis sesiones que pagó con la tarjeta del centro y, según la fundación, fue por error, aunque a la Fiscalía no le consta que posteriormente hubiese realizado el reintegro de los 1.500 euros abonados.

A este dato se le unen otros presuntamente alejados del objeto de la fundación y que la misma intentó justificar como gastos realizados por los cuatro investigados en el ejercicio de sus funciones como responsables de los centros.

Entre ellos, la UDEF detectó duplicidad de facturas para intentar acreditar abonos, pagos de hoteles de cuatro estrellas, tickets de combustible equivalentes a recorrer 1.500 kilómetros diarios en Gran Canaria, la compra de fruta por valor de 104.275 euros al hermano de uno de los directores o centenares de reintegros de efectivo en cajeros que activaron la alerta por operativa bancaria sospechosa. En total, la suma del efectivo que extrajeron de los terminales fue de 1.615.631 euros.

Esto derivó en que la entidad ING les cancelara las cuentas y alertara al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la UDEF y a la delegación de Las Palmas de la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencias e interpuso una querella.

La misma recayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria que ahora investiga a la fundación como persona jurídica y a los cuatro directores como personas físicas por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos.

Entre las facturas aportadas por el centro gestionado por la referida María de los Ángeles Barroso, los investigadores llegaron a la conclusión de que el 57% de los ingresos procedentes de las arcas de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, fueron extraídos por la responsable en decenas de disposiciones en efectivo. La cuantía total asciende a 66.486,45 euros.

También comprobaron que hubo un desvío de fondos desde la cuenta del centro a la personal de la investigada de «como mínimo» 6.353,07 euros, «sin que exista justificación para ello», sostiene el fiscal en su querella.

La diferencia entre el dinero recibido para afrontar los gastos corrientes del centro y su justificación semanal la cuantificaron en 14.750,43 euros tras el estudio de las 24.709 páginas de facturas digitalizadas que fueron aportadas a la Fiscalía por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Muchas de ellas, según la UDEF, estaban incluso duplicadas, confirman fuentes policiales a este periódico.

El análisis de la documentación aportada por el polémico establecimiento hotelero sureño arroja una factura de 387,60 euros por «la estancia y consumo de restaurante en el hotel de cuatro estrellas Servatur Casa Blanca en Puerto Rico» de su director Fernando Pérez Romero.

Esta persona sacó del cajero en metálico en el periodo investigado desde 2020 a 2022, la cantidad de 353.825 euros, es decir, el 68% y, además, hizo presuntas transferencias a su cuenta personal «por importe de 4.318 euros, sin que aparentemente exista justificación para ello y sin que consten declarados ante la Agencia Tributaria», sostiene el fiscal Anticorrupción en la querella.

La diferencia entre el dinero recibido para pagos de Puerto Bello y lo que finalmente acreditó el gestor investigado fue de 18.193,62 euros y presentó «facturas para justificar gastos del centro que aparentemente se corresponderían con gastos personales» por 2.288,07 euros.

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI, con sede en Madrid, recibió desde junio a diciembre de 2021 fondos públicos para la gestión del centro Acorán por importe de 1.857.130 euros. Pero de este dinero, solo transfirieron a la cuenta del director una cantidad mínima de 171.601,71 euros «a fin de sufragar gastos corrientes del centro».

Este dinero lo enviaron a una cuenta bancaria titulada por la fundación, en la que el director querellado Fernando Pérez Romero constaba «como autorizado» y disponía de una tarjeta de débito.

Sacó el 72% de los fondos también en efectivo –1,33 millones– en un 'modus operandi' que repetían todos los investigados, a pesar de tratarse de dinero público que exige un control y transparencia absoluto. La «discrepancia» entre el dinero recibido para «gastos corrientes» y lo que está justificado para cumplir con la labor de asistencia a los menores ascendió a 8.816,85 euros.

En esta ocasión, tanto los agentes encargados del estudio como el fiscal Javier Ródenas se encontraron con un escenario totalmente nuevo con respecto a los otros centros de menores investigados.

La fundación remitió a Anticorrupción «como justificación» de pagos semanales, un gasto «en combustible tan elevado y frecuente» que resultó a esta parte «completamente desproporcionado para la actividad de un centro de menores con una capacidad para 110 plazas». A esto hay que añadirle que también aportaron «justificación de gastos de los menores en bonos de guagua», lo que hace menos entendible el primero de los supuestos.

Concretamente, detalla la querella, entre las facturas de combustible desde el 26 de mayo al 31 de diciembre del año 2021, se sumó un importe total de 20.288,46 euros, lo que supone una media de 3.385 euros mensuales, o de 99,22 diarios. Un dato que, según los cálculos realizados, «implicaría realizar recorridos de más de 1.200 kilómetros diarios» solo en la isla de Gran Canaria.

El Grupo I de la UDEF detalló en su informe que «en el indicado periodo constan facturas de combustible diarios y, en la mayor parte de los días» detectaron «varios repostajes por diferentes importes», llegando a verse el caso de «algún día en el que se reflejan hasta 12 repostajes de combustible». Además, en las facturas presentadas por la fundación «no figura la matrícula del vehículo repostado», desvelan.

Del mismo modo, advirtieron la presencia de tickets de los traslados de estos menores en «transporte público (bonos de guagua)» por importe de 6.129,90 euros en ese medio año. Esto supone una media mensual en traslados en guagua de más de 1.000 euros. Una cantidad, a juicio de la Fiscalía Anticorrupción, que hacen «aún más irreal el elevado gasto de combustible aportado como justificación».

En La Santa, el centro que también ha sido polémico por las numerosas quejas de vecinos y hasta partidos políticos al registrarse disturbios provocados por los menores, también hay una gran partida presupuestaria que, a juicio de Anticorrupción, estaría en los límites de la legalidad.

En concreto, se trata de una factura de 104.275,01 euros por fruta que abonó el investigado Enrique Dévora a una empresa que, casualmente, es propiedad del hermano del director de Puerto Bello, Fernando Pérez Romero.

104.275,01 euros solo para fruta a pesar de que ya tenían contratado un servicio de catering.

El caso Menas, desvelado por este periódico el pasado 3 de junio, está residenciado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria y su titular ya ha comenzado a remitir oficios para que se practiquen las diligencias que sean oportunas tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.