Secciones
Servicios
Destacamos
Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
Opciones para compartir
Desde que en mayo de 2022 CANARIAS7 desvelara la investigación del caso Mascarillas dirigida por la Fiscalía de Anticorrupción de Las Palmas, las tramas presuntamente corruptas por parte de empresarios, políticos y cargos del Gobierno de Canarias, no solo no han cesado, sino que en los últimos años han salido a la luz más casos donde los delitos por prevaricación, malversación, fraudes a la Administración Pública y tráfico de influencias, entre otros, han provocado varios escándalos de relevancia nacional.
Las tramas de las que hablamos son el caso Mascarillas, el caso Koldo y el caso Damco.
La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación contra -entre otros- el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, por pagar cuatro millones de euros a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. Además de Domínguez fueron incorporados a la causa como investigados el propietario de RR7 United, Rayco González, y la directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez. Este caso, desvelado en exclusiva por CANARIAS7, provocó la dimisión de Conrado Domínguez.
El 20 de febrero la Guardia Civil detuvo a Koldo García, quien fue asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte entre 2018 y 2021, como presunto cabecilla de una trama de comisiones irregulares en la adjudicación de contratos públicos en lo más crudo de la pandemia. Según apunta la investigación, Koldo García se llegó a hacer con un patrimonio millonario a raíz de los contratos para proporcionar mascarillas entre la empresa Soluciones de Gestión y administraciones públicas en los que él habría intermediado abusando de su cargo público. Esa empresa, inactiva hasta 2020, pasó de cero a 54 millones de euros de facturación en un año.
En este caso, la Fiscalía Provincial de Las Palmas interpuso una querella en la que acusa de seis delitos contra la Hacienda Pública al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al político Lucas Bravo de Laguna, y los empresarios Christian Cerpa y Noel Jammal, por haber vendido en 2020 y 2021 material al Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia por importe de 22,9 millones de euros, todo ello articulando un entramado para no tributar lo debido y sin justificar la actividad. Fue la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, la redactora de la querella que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria.
Estas tres tramas, que tienen en su mayoría a ciudadanos canarios implicados, tienen en común los contratos de material sanitario que se adjudicaron a empresas en los primeros meses de la pandemia, cuando había más incertidumbre y escasez de mascarillas. Todos estos contratos, además, se ejecutaron por la vía de urgencia, es decir, con un control mínimo sobre su adjudicación.
Noticias relacionadas
Francisco José Fajardo
Mateo Balín
Francisco Suárez Álamo
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.