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El empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez. JUAN CARLOS ALONSO
La Fiscalía pide para Ramírez 6 años de cárcel y multa de 2,89 millones por otro presunto fraude fiscal

La Fiscalía pide para Ramírez 6 años de cárcel y multa de 2,89 millones por otro presunto fraude fiscal

Tribunales ·

La acusación también se dirige contra Alicia Pérez, Jacobo López, Antonio Redondo y los hermanos Jesús Miguel y Gladys Acosta por la gestión de Sinergias y Marsegur

Francisco José Fajardo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 5 de marzo 2024, 01:00

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Nuevo contratiempo judicial para el empresario Miguel Ángel Ramírez. Si hace unas semanas la Fiscalía Provincial de Las Palmas se querelló contra el presidente de la UD Las Palmas por el conocido como caso Damco, ahora ha elevado un escrito de acusación en el que le pide una condena de seis años y el pago de 2,89 millones de euros de multa por dos delitos contra la Seguridad Social cometidos, presuntamente, en la gestión de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur Canarias o también conocida como Novo Segur.

Además de Ramírez, hay cinco acusados más que, según el Ministerio Público, deberían indemnizar de forma conjunta y solidaria a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 791.572 euros por la supuesta cuota debida por la «infracotización de los trabajadores» que tenían a su cargo en la mercantil Novo Segur Seguridad Privada, que anteriormente se denominó Marsegur Seguridad Privada. Los restantes acusados son Alicia Pérez Sánchez -a la que la Fiscalía le pide la misma condena que a Ramírez-, Jacobo López Perdomo -se enfrenta a tres años y multa de 517.394 euros-, Antonio Redondo Álvarez, Jesús Miguel Acosta Santana y Gladys Acosta García -a estos tres últimos le pide tres años de prisión y 2.374.718 euros-.

En la causa había una sexta persona acusada, Marta Rosa Hernández Marrero, pero se ha dado la triste circunstancia de que falleció este pasado sábado 2 de marzo.

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En este nuevo procedimiento, que nació en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria y será juzgado por la Audiencia Provincial, el Ministerio Público pone su diana sobre la presunta «infracotización de sus trabajadores» derivada de no haber incluido en la configuración de las bases de cotización «las remuneraciones a que tenían derecho» con arreglo a los convenios estatales del sector de empresas de seguridad y a los propios convenios de ambas mercantiles «con una evidente intención defraudatoria», sostiene la Fiscalía.

La redactora del escrito es nuevamente la fiscal delegada de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, que ejerció en su momento la acusación del procedimiento por presunto fraude fiscal de Seguridad Integral Canaria que está aún pendiente de sentencia y de la querella origen del caso Damco.

Salarios inferiores

Ríos detalla que los acusados imponían a los trabajadores de Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Novo Segur Seguridad Privada -anteriormente Marsegur- unas «condiciones salariales inferiores a las que les correspondían con arreglo a la normativa aplicable».

Con ello, añade la acusación, además de «perjudicar a los trabajadores», estas presuntas prácticas delictivas causaban «un notable perjuicio al sistema público de Seguridad Social» dado que se reducía la «base de cotización de cada uno de los trabajadores, dejando de incluir en la misma conceptos salariales que no se pagaban o reduciendo el importe de aquellos» que sí fueron retribuidos «pero por debajo de las cantidades obligatorias».

Todo esto reducía considerablemente «el importe de la cotización» que debieron ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

Sinergias

En lo que se refiere a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, Ríos detalla que se constituyó el 22 de marzo de 2013 con un capital social de 60.200 euros que se dividieron en 100 acciones que valían 602 euros cada una. La acusada Alicia Pérez suscribió 99 y Francisco Ramírez -padre de Miguel Ángel Ramírez- suscribió la restante.

Contra esta mercantil, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Las Palmas extendió actas de infracción y liquidación por la antes referida «infracotización de sus trabajadores» que le generó una deuda con el Estado de 172.464,76 euros entre febrero de 2014 a julio de 2015. Todo ello al entender que aplicaba un «convenio de ámbito inferior al de empresa que, además, no había sido inscrito ni publicado en lugar de los convenios estatales o el propio».

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Sinergias «carecía de convenio de empresa» y a pesar de ser «obligatoria» la aplicación de los acuerdos estatales o de empresa, «imponía a sus trabajadores» las condiciones que se recogían en un acuerdo «extraestatutario» que era «era inaplicable» y que fue denunciado por ilegal. Detalla el escrito que la situación económica de la empresa «no era adversa» mostrando una cifra de negocio en 2014 de 542.886 euros, con unos resultados positivos de 108.298, que en 2015 subieron a 1.564.278 con 159.070 de ganancias.

Estas cifras no justificaban «la reducción salarial de sus trabajadores» que generaron «perjuicios económicos» a la Seguridad Social ya que las cuotas a pagar se calculan «en función de la base de cotización, de manera que cuanto menor es esta menor será también la cuantía de la prestación». Y ello, añade la fiscal, «sin obviar el perjuicio económico directo» para los trabajadores en sueldos, pluses y horas «por cantidades inferiores o las legalmente debidas cuando no suprimidas íntegramente».

El acta de liquidación fue impugnada por Sinergias, siendo desestimada la queja por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria por sentencia dictada el 2 de mayo de 2018.

Por este caso de Sinergias están acusados Miguel Ángel Ramírez, Alicia Pérez y Jacobo López, que fueron sus administradores.

Marsegur o Novo Segur

En lo que respecta a Marsegur, fue constituida el 28 de noviembre de 2011 y su capital social fue de 60.200 euros, suscrito y desembolsado por los dos socios fundadores, Alicia Pérez y -que suscribió una acción de las cien en que se dividió- y Jesús Miguel Acosta -las 99 restantes-.

El 28 de agosto de 2017 le cambiaron el nombre a Novo Segur Seguridad Privada» y también figuraron como administradores los acusados Gladys Acosta y Antonio Redondo.

Insiste la fiscal en que imitó la gestión presuntamente delictiva de Sinergias generando una deuda con la TGSS de 791.572 euros entre noviembre de 2012 a diciembre de 2016, «con el consiguiente perjuicio para el sistema público de Seguridad Social».

Detalla la acusación que aplicó «unas tablas salariales propias» que no tenían «la condición de norma, es decir, en este caso ni siquiera se acudió al artificio de confeccionar un convenio propio». Además, «no ingresó importe alguno relativo a la cotización correspondiente por vacaciones devengadas y no disfrutadas».

Novo Segur abonaba «salarios por debajo de lo establecido en los convenios aplicables al sector de la seguridad privada cuando no la exclusión de conceptos salariales sin justificación alguna».

Los investigados por Novo Segur son Ramírez, Pérez, Redondo, Acosta y su hermana Gladys.

Foto de archivo de trabajadores de Sinergias. C7

Seguimientos en el día a día y rastreos en las cuentas de Alicia Pérez

El escrito de acusación de la Fiscalía detalla los movimientos de los acusados, con seguimientos y rastreos a sus cuentas, sobre todo en el caso de Alicia Pérez.

Describe el Ministerio Público que cuando fue colocada como accionista de Sinergias, tenía una sola cuenta corriente con -758 euros de saldo en diciembre de 2012 y, teóricamente, dispuso 59.598 euros para adquirir el capital de Sinergias, aunque «en realidad» fue Ramírez «quien puso» ese dinero, apunta Evangelina Ríos.

Tenía una American Express Centurión, considerada la tarjeta «más exclusiva del mundo», cuyo titular era Ramírez en la que cargó entre 2014 y 2016, operaciones por «elevados importes» que ascendieron a 444.243 euros.

Con el paso del tiempo, esta otrora «destacada trabajadora» de Seguridad Integral Canaria constituyó «una sociedad para prestar los mismos servicios que aquella», era beneficiaria de una exclusiva tarjeta [...] cuyo titular es el dueño de la empresa a la que va a hacer la competencia, le compra gran parte de su cartera de clientes» cuando van va a solicitar la declaración de concurso de SIC sin pagar «por tal adquisición» y, además, «percibía sueldo e incluso dietas de la sociedad que asesoraba a la que, desde 2015, había de considerarla su competidora».

Vivía en una casa a nombre de Gestiones y Asesoramientos 3000 «cuyo principal cliente no es otro que la propia SIC» y que es propietaria de «lujosos inmuebles de cuyo uso disfruta Miguel Ángel Ramírez», conducía un BMW 430i propiedad de Sinergias y los investigadores la vieron con el empresario en restaurantes, el Estadio de Gran Canaria, Madrid, Miami o Málaga.

También acreditaron que «en ningún momento» la vieron «ir o acercarse siquiera» a las oficinas de Sinergias en la calle Obispo Rabadán, a pesar de ser su administradora.

Pérez figura en la actualidad como CEO de la empresa Lilium by APS que se dedica a la representación de futbolistas -cuenta con varios en la UD Las Palmas-, producción de contenido audiovisual y musical, promoción y estrategias en redes sociales.

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