Borrar
Directo La ZEC aborda los resultados de 2022 en el Parlamento canario
Mascarillas millonarias con los mismos protagonistas de siempre

Mascarillas millonarias con los mismos protagonistas de siempre

En la rama canaria de la operación delorme y en el caso mascarillas aparecen los mismos cargos públicos como gestores de contratos sospechosos

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 23 de febrero 2024, 11:24

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La operación Delorme que ha estallado esta semana con la detención de una veintena de personas entre las que se encontraba Koldo García -el que fuera la sombra del exministro José Luis Ábalos-, ha puesto el foco de nuevo en la compra de mascarillas por parte de instituciones públicas en época de pandemia. En Canarias, esta investigación ha salpicado de forma directa porque el Ejecutivo isleño suscribió contratos de hasta 12,2 millones de euros con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL -propiedad del presunto cabecilla-, con la participación en los mismos de cargos regionales como Julio Pérez, Antonio Olivera, Blas Trujillo, Alberto Pazos, Conrado Domínguez y Ana María Pérez, que también estuvieron relacionados con el caso Mascarillas.

Precisamente, estos dos últimos nombres, el que fuera director del Servicio Canario de Salud y la directora General de Recursos Económicos de este área, están siendo investigados por este último procedimiento, la supuesta estafa a la sanidad pública de las islas de cuatro millones de euros con un encargo de mascarillas FFP3 a una empresa, RR7 United, sin relación alguna con el sector ya que se dedicaban a la importación y venta de coches.

La operación Delorme o también conocida como el caso Koldo, investiga una trama que habría cobrado comisiones en compra de mascarillas que habrían afectado a distintas administraciones. Entre ellas estaban el Ministerio de Transportes y de Interior y las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, que protagonizó el escándalo del caso Mascarillas que está siendo instruido en secreto por la Fiscalía Europea.

Distintos perros pero con el mismo collar, porque para que los dos supuestos hechos delictivos se cometieran, tuvieron participación directa en ambos los responsables de la Sanidad de las islas.

Las cifras de los contratos

12,2 millones de euros

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas firmó tres contratos para proveer mascarillas FFP2 o K95.

2,09 millones de euros

El SCS no abonó no los 6,87 millones del encargo original, sino 2,09 millones por no ser material apto.

4 millones de euros

Sanidad pagó cuatro millones a RR7 United por un millón de mascarillas que nunca llegaron a los hospitales.

El 26 de marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia, el presidente canario Ángel Víctor Torres, destituyó a la entonces consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, también del Partido Socialista y a Blanca Méndez, directora del Servicio Canario de Salud (SCS). Días antes se había creado un 'comité de gestión' de la crisis de la pandemia que, entre otras cuestiones, buscaba y agilizaba contratos con suministradores de material sanitario. En el mismo incluyeron a la figura de Conrado Domínguez.

El 27 de marzo, Antonio Olivera fue designado director del SCS y a Teresa Cruz lo sustituyó de forma transitoria como consejero Julio Pérez. Posteriormente, en septiembre de 2020, Domínguez fue designado director del SCS relevando a Alberto Pazos ya con Blas Trujillo ocupando la cartera de Sanidad en las islas.

El primer contrato suscrito entre Canarias y Gestión y Apoyo a Empresas SL tuvo como punto de partida un documento enviado por Ana María Pérez a la empresa vinculada, supuestamente, a Koldo García. Fue por importe de 6,87 millones de euros, que luego se redujeron a 2,09 porque la calidad del producto era inferior.

La empresa fue entregando lotes los días 23, 25 y 26 de abril hasta suministrar 837.000 uniades, pero surgió un problema y es que los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era defectuoso y, por eso, pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que determinó que no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).

Algo similar que lo ocurrido con los cubrebocas que RR7 United trajo a Canarias en el caso Mascarillas.

En estas dos ocasiones, el SCS ya dirigido por Conrado Domínguez dio una segunda oportunidad a estas proveedoras accidentales a pesar del incumplimiento. En el caso Koldo se investiga si fue por un posible trato de favor a la empresa apadrinada por el exministro socialista Ábalos, y en el segundo por si hubo pagos de comisiones desde RR7 United a Conrado Domínguez.

Noticia relacionada

La Audiencia de Cuentas de Canarias señaló el contrato con la empresa vinculada a Koldo García como uno de los realizados en pandemia en los que no se siguieron los procedimientos debidos, con total ausencia de garantías, de manera que podía ser considerado «nulo de pleno derecho», al igual que ocurrió con el acuerdo suscrito con RR7 United.

Así se recogió en una propuesta de informe elaborada por los técnicos de la Audiencia que, al ser elevada al pleno, no fue aprobada, en una decisión sin precedentes en la historia de ese órgano fiscalizador autonómico.

Cifras y más cifras

En abril de 2020 y a pesar del primer incumplimiento, el SCS suscribió un segundo acuerdo con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas por 4,77 millones y el tercero fue por cinco millones, a los que se sumó un pago de 417.814 euros en concepto de fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.

Mientras el segundo y el tercer contrato se completaban, el SCS intentó sacar adelante el primer incumplimiento.

Una resolución del 3 de noviembre de 2020 firmada por Conrado Domínguez autorizó aceptar la contraoferta de la empresa investigada, que propuso que las 837.300 mascarillas servidas se valorasen a precio de quirúrgicas (a 84,5 céntimos de euro la unidad) y se le diese la oportunidad de entregar 555.000 de otro fabricante con calidad FFP2/K95.

Con el visto bueno de Domínguez, el SCS abonó a la empresa no los 6,87 millones de euros del encargo original, sino 2,09 millones: 707.518 euros por 837.300 mascarillas aceptadas como quirúrgicas aunque no lo eran y 1,38 millones por 555.000 FFP2/K95.

El que fuera director del SCS aceptó el cambio porque, según consta en el expediente, en noviembre de 2020 los contagios seguían en ascenso y precisaban de este material.

Varios de los expedientes de adjudicación fueron modificados con posterioridad para hacer constar de forma expresa que esos referidos 12,2 millones de euros se habían abonado en parte con fondos europeos del programa Feder.

Fueron responsables de la Sanidad en las islas

Exconsejero del Gobierno

Julio Pérez

Fue consejero y portavoz del Gobierno

Exdirector del SCS en 2020

Antonio Olivera

Jefe de gabinete de Torres en Madrid

Exconsejero de Sanidad

Blas Trujillo

Designó a Domínguez director del SCS

Exdirector del SCS

Alberto Pazos

Estuvo a cargo solo tres meses

Exdirector del SCS

Conrado Domínguez

Investigado por el caso Mascarillas

Directora general

Ana María Pérez

Firmó los expedientes investigados

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios