Cuenta atrás para que Mogán multe por alojar a inmigrantes en hoteles

Dentro de dos días acaba el contrato que el Ministerio de Migraciones formalizó con propietarios de establecimientos turísticos para buscar una solución alojativa «temporal» a las personas inmigrantes que llegan a Canarias a bordo de pateras y cayucos. Y del ministerio no se informa de cómo evolucionan los traslados de estas personas a los espacios públicos que se han habilitado este mes y, sobre todo, si culminarán en fecha.

Mientras tanto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, prosigue con su amenaza de sancionar a los propietarios que mantengan alojados a inmigrantes en hoteles, apartamentos y apartahoteles del municipio que dirige a partir del cuatro de enero.

Bueno se ampara en varios textos normativos para fundamentar su actuación sancionadora, como las leyes de Ordenación del Turismo de Canarias y la del Suelo y de Los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Según un informe que maneja la alcaldesa y asume con el silencio el Gobierno de Canarias, se indica que «la persona titular o explotadora de un establecimiento de alojamiento en el que esté desarrollándose la actividad sustitutoria de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (Mena), estaría incurriendo en una conducta contraria al ordenamiento jurídico susceptible de ser calificada como infracción turística muy grave -según la ley turística antes mencionada-, así como una infracción urbanística -en virtud de la ley que tiene carácter territorial-.

El ministerio tampoco ha aclarado la base normativa de los contratos que suscribió en su momento con los propietarios de establecimientos turísticos, después de haber transcurrido una semana desde que se le envió la consulta.

A todo ello se añade el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El concejal de Turismo, Alejandro Marichal, había dado órdenes hace una semana para averiguar cuántos establecimientos turísticos alojaban a personas inmigrantes, como paso previo, a aplicarles el mismo régimen sancionador que pretende Onalia Bueno.

Sin embargo, la alcaldesa de este municipio grancanario, Conchi Narváez, le mandó parar porque, anunció, «no vamos a sancionar la acogida humanitaria de inmigrantes».

Igualmente, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha aseverado que ningún menor inmigrante será desalojado del establecimiento turístico en el que se encuentre si no se le puede ofrecer una alternativa alojativa.

El departamento que dirige Noemí Santana señala además que este tipo de contratos que se suscribieron no caducan el 31 de diciembre, como ocurre en relación a los adultos.