El almacén del despilfarro sanitario: millones de guantes y mascarillas inservibles

Se trata de mercancía pagada por el Gobierno de Canarias acogiéndose a la flexibilidad en los procedimientos administrativos que se aplicó ante el estallido de la pandemia.

Esa ausencia de los controles habituales hizo que llegase material de menor calidad a lo contratado o incluso que no cumplía con la normativa comunitaria.

En mayo de 2022, los técnicos de la Audiencia de Cuentas cifraron en 2,1 millones de euros el valor de esa mercancía en el citado centro sanitario. Así se recogió en el preinforme de fiscalización de las compras sanitarias en pandemia que fue muy crítico con la gestión realizada y que, una vez elevado al pleno del citado órgano consultor, fue rechazado tras las presiones del Gobierno de Canarias a consejeros de la Audiencia.

En concreto, en el almacén de la Candelaria hay montañas de cajas con mascarillas, guantes de nitrilo, monos de polipropileno, solución antiséptica, pantallas de protección facial, y buzos.

La Audiencia de Cuentas subrayó que se trata de material que «los servicios de prevención de ese hospital han considerado que no cumplen los requisitos mínimos de calidad para ser utilizados, destacando los guantes de nitrilo ambidiestro sin polvo talas mediana y grande y las mascarillas FFP2 gomas sin válvula ajustable no látex, desechable, productos que superan el millón de unidades».

Desde el Servicio Canario de Salud se alertó en 2020 al Comité de Gestión de la emergencia sanitaria creado por el Gobierno de Ángel Víctor Torres, comité presidido por el propio presidente, de la realización de compras «sin control» y que estaba llegando «material innecesario».

Pero no solo en la Candelaria hay montañas de cajas con material inservible. También en Gran Canaria. Sin embargo, la Audiencia de Cuentas se topó con la falta de colaboración del Servicio Canario de Salud. Así quedó reflejado en el preinforme: «En relación al material bloqueado en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, a pesar de haber solicitado la remisión de los datos, tanto a la jefa de Contratación como al director de gestión del citado complejo además de a la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, estos no han sido remitidos, circunstancia esta que ha impedido realizar los análisis pertinentes y ha imposibilitado que se puedan realizar las oportunas verificaciones y emitir un pronunciamiento al respecto».

Ese preinforme de la Audiencia fue enviado para la presentación de alegaciones al Servicio Canario de Salud. El encargado de redactarlas y firmarlas fue el entonces director del citado ente, Conrado Domínguez. El documento fue supervisado por el consejero de aquel momento, Blas Trujillo, y también por la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Las alegaciones no fueron estimadas por la Audiencia, que las adjuntó al preinforme pero no retocó los aspectos más críticos del mismo.

Lo ocurrido con esa propuesta de dictamen y su contenido serán previsiblemente objeto de análisis en la comisión de investigación que ha aprobado esta semana el Parlamento de Canarias.

En dicho preinforme se advirtieron posibles irregularidades contables en la contratación con la empresa RR7 para la compra de un millón de mascarillas. Eso llevó al presidente de la Audiencia, Pedro Pacheco, a elevar el documento al Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias y las archivó meses después al entender que ya la Agencia Tributaria Canaria había iniciado el procedimiento para recuperar, vía apremio, el dinero entregado a RR7.

A día de hoy, el Gobierno de Canarias no ha podido recuperar un solo céntimo. Ese contrato centró la querella de la Fiscalía Anticorrupción que se instruye desde hace quince meses en la Fiscalía Europea, que acaba de ampliar la lista de investigados y ha citado a declarar a los implicados entre abril y mayo. Se mantienen como querellados Conrado Domínguez, el dueño de RR7 (Rayco González) y la que fuera directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez.