Anticorrupción pidió sin éxito la detención de Domínguez en noviembre de 2022

En un extenso dictamen que redactó Ródenas fechado el 8 de noviembre de 2022, el fiscal advirtió al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Javier García García-Sotoca, que era fundamental proceder a la detención del que era aún director del Servicio Canario de la Salud (SCS). Todo ello debido al riesgo que corría la causa de una presumible destrucción de pruebas por parte de Domínguez y, a su vez, con la intención de recopilar más información y documentación en aras de determinar el posible grado de responsabilidad que podía tener en la comisión de los delitos por los que estaba siendo investigado.

El fiscal Anticorrupción describió un escenario en el que entendía era vital acceder a los correos electrónicos y, sobre todo, a las conversaciones vía mensajería, que Conrado Domínguez mantuvo con los otros investigados como es el caso de Rayco Rubén González, Samuel Machín, Oswaldo Lastras y la que fuera directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez.

De la misma forma, en el referido dictamen de 42 folios, el fiscal Anticorrupción de Las Palmas interesó que fuese detenido también Oswaldo Lastras, amigo personal de Domínguez.

El nombre de Oswaldo Lastras apareció en las conversaciones a las que ha tenido acceso este periódico como una persona de máxima confianza de Domínguez y que contactó en marzo de 2020, en plena crisis sanitaria por la covid-19, con su amigo Samuel Machín y este a su vez con el dueño de RR7, Rayco Rubén González.

Oswaldo Lastras y Samuel Machín tenían en común, además de la amistad, el hecho de dedicarse al negocio del entrenamiento personal y la distribución de productos de Herbalife.

Pese a esa proximidad con Domínguez y que su nombre estaba en los primeros mensajes que aportó Samuel Machín, Oswaldo Lastras no fue citado inicialmente como testigo ni investigado, ni en las diligencias preprocesales de la Fiscalía Anticorrupción como por el juez instructor.

Su inclusión como investigado se produjo cuando el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca decretó el secreto de las actuaciones en octubre de 2022, una semana antes del mencionado dictamen del fiscal Ródenas interesando su detención.

Según declaró Samuel Machín, tanto él como Lastras mediaron en la operación con el deseo de hacer un negocio que pudiera resolver sus vidas.

En la declaración de Rayco Rubén González en sede judicial, este desveló que el día 1 de junio de 2020, le dijo al propio Conrado Domínguez por mensaje que el precio que le iba a cobrar por las mascarillas era de 3,9 millones de euros. En paralelo el comisionista Machín le envió un mensaje pidiéndole que no mandara precio alguno al director del SCS. ¿Por qué? Rayco Rubén González leyó en su declaración el mensaje en el que Machín le decía: «Hay que subirlo, me acaba de llamar Oswaldo... Ahora te explico, vale?». Un minuto después el intermediario le puso otro mensaje: «Súbelo a cuatro».

En ese punto de la declaración, el fiscal Ródenas preguntó al dueño de RR7 quién le había dado el precio inicial de 3,9 millones a Domínguez, a lo que Rayco respondió: «Yo». Y sobre el cambio del precio, agregó: «Yo le pasé la factura a Conrado por cuatro millones como me dijeron y no me preguntó nada por ese sobrecoste».

A la pregunta del fiscal sobre el destino de esa diferencia de 100.000 euros, contestó que imaginaba que «a alguna comisión de alguien. Yo acordé 200.000 euros con la gente que estaba trabajando conmigo, pero esos 100.000 más no sé para quién serían», manifestó en su momento.