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Caso Mascarillas ·
A pesar de que los proveedores de RR7 insistieron en que el producto fue rechazado por no estar homologado en Europa, lo cierto es que eran falsificacionesA pesar del tiempo transcurrido y los diferentes giros que ha ido dando el caso Mascarillas, una de las grandes preguntas que muchos se siguen haciendo es:¿los cubrebocas 3M que llegaron a Gran Canaria y fueron destruidos, eran falsos o el problema fue que no estaban homologados en Europa? Esa duda la despejó la propia compañía americana en un informe pericial sobre el material retenido por Aduanas de fecha 25 de marzo de 2021:«El sello de Perú que se muestra es una falsificación». Más claro, el agua.
Un documento que examinaba el cargamento de 910.080 mascarillas, modelo 1860, que llegaron a la isla de Gran Canaria el 10 de marzo de 2021 procedentes de la capital de Etiopía, Adís Abeba, tras una gestión realizada por el proveedor de origen jordano, pero residente en el Reino Unido, Ihsan Mahmhoud Mohamed al Sabbagh. Rayco Rubén González, administrador único de RR7 United SL, abonó a esta persona a través de su amigo personal y enlace, el intermediario Lucas Cruz, la cantidad de 2,283 millones de euros por esta mercancía y lo hizo transfiriendo mediante un supuesto agente fiduciario de nombre Charles Douglas, este montante económico el 16 de febrero del mismo año a la empresa Yilehal Import & Export CC, de Sudáfrica.
Nada más llegar este cargamento al Aeropuerto, la Agencia Tributaria realizó una inspección del producto el 12 de marzo en el que hicieron constar la llegada a la isla de 1.304 bultos de los que abrieron solo 15 y verificaron que había en su interior mascarillas 3M modelo 1860. También se toparon con otros 720 cubrebocas de color azul «sin poder determinarse si se trataba de higiénicas o quirúrgicas», detalla el informe y otras más de la marca Saike Care. Esto hizo sospechar a los agentes de Aduanas que, de inmediato, notificaron a RR7 United la retención del cargamento al ser «sospechoso de vulnerar algún derecho de propiedad intelectual.
De esta forma, se pusieron en contacto con el despacho de abogados Elzaburu y que ejercen la representación legal de 3M en España para que les dieran información sobre el producto. Respondieron a Aduanas el 16 de marzo pidiéndoles fotografías de lo incautado, información sobre el destinatario y el remitente y las condiciones de almacenaje del material. Tras recibir la documentación requerida, Elzaburu remitió a la Agencia Tributaria el informe antes referido en el que dejaba claro que la mercancía vulneraba sus «derechos de propiedad industrial» y autorizaba a la Aduana a «la destrucción» de la misma.
El administrador de RR7 contactó con el proveedor, que a su vez le envió un documento firmado por Charles Douglas en el que insistía en que el producto era original ya que lo habían verificado, una información que resultó ser tan falsa como las propias mascarillas.
Esta tesis fue la que siguió manteniendo el proveedor Ihsan Mahmhoud Mohamed al Sabbagh, incluso en declaraciones a este periódico cuando afirmó que la mercancía que envió a Gran Canaria estaba en regla y que, en cualquier caso, recibió una comunicación de 3M alertándole de que ese producto no estaba homologado en Europa. Un elemento más que se introducía en esta compleja ecuación.
A instancias de Lucas Cruz, RR7 envió un escrito de oposición a la destrucción del material el 18 de marzo, pero nuevamente siete días después, Elzaburu hizo llegar a las autoridades un escrito redactado por la asesora jefe de propiedad intelectual de 3M, Colette Durst, que certificó lo que ya se sabía y que es que marca jamás «fabricó más de 910.000 mascarillas 1860 con el código de lote B20018», que aparecía en el material adquirido por RR7.
Además, señaló que las 3M 1860 no tenían «certificación CE» y, por lo tanto, no se vendían «en el mercado europeo», dato este último que presuntamente utilizó como cortina de humo el proveedor y el intermediario para hacer creer a Rayco Rubén González que el motivo de la destrucción del material era solo ese y no el real: eran falsas.
Incluso, el propio Lucas Cruz llegó a decir a Rayco Rubén González que iba a denunciar al Servicio Canario de Salud (SCS) por los daños y perjuicios ocasionados a RR7 por haberles pedido un material que no se podía homologar para Europa. Una elucubración que no se sostenía por su propio peso ya que los informes de Aduanas y 3M eran demoledores.
La conclusión de este episodio del caso Mascarillas fue la lógica. RR7 United SL tuvo que eliminar el cargamento, haciéndose cargo su administrador del importe del almacenaje, transporte y destrucción.
Meses después y al no prosperar tampoco el segundo cargamento de mascarillas Honeywell negociado con Conrado Domínguez, Rayco Rubén González denunció a Lucas Cruz y a Ihsan Mahmhoud por la presunta comisión de un delito de estafa.
Francisco José Fajardo
Francisco José Fajardo
francisco j. fajardo / F.s.a.
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