RR7 desmonta la versión de Conrado Domínguez y revela una comisión final de 100.000 euros
Caso mascarillas ·
Mostró unos mensajes en los que acreditaba que gestionó con el director del SCS un precio de 3,9 millones para el contrato y luego le pidieron que lo aumentara a cuatro para comisiones
Rayco Rubén González, administrador único de la empresa RR7 United -adjudicataria de un contrato de emergencia de cuatro millones de euros que dio lugar al caso Mascarillas-, desmontó ayer la versión que ha mantenido hasta el momento el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, cuando este negó en, hasta tres ocasiones, haber hablado y negociado con el empresario la adquisición de un millón de cubrebocas 3M.
Al contrario, acreditó aportando mensajes de móvil que, no solo gestionó parte del acuerdo y fijó un precio de 3,9 millones de euros con Domínguez, sino que subió el importe de la factura 100.000 euros más por indicación de la persona de confianza del responsable sanitario, Oswaldo Lastras, manifestó. ¿Para quién iba destinado ese dinero? le preguntó el fiscal, a lo que González respondió que no podía asegurarlo, aunque «imaginaba» que era para comisiones independientes a la suya y la de sus intermediarios que ya habían negociado anteriormente.
Además, el empresario señaló que la persona que gestionó toda esta operación fue el comisionista Samuel Machín en contacto directo con el «íntimo amigo de Conrado», en referencia a Lastras.
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Investigados Las personas que figuran en este procedimiento como investigados son Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud; Ana María Pérez, ex directora general de Recursos Económicos de Sanidad, Rayco González, administrador único de RR7, su esposa, su madre y un primo, como responsables de las empresas a las que supuestamente desvió parte de los fondos que ganó con el contrato.
También detalló que quien se «encargó de todo» en este proceso como fue la adquisición de unas mascarillas 3M falsas que llegaron a la isla, la renegociación del acuerdo ya extinto por un cargamento de productos de la marca Honeywell y la compra de vehículos de lujo en Italia con el dinero que ganó RR7 con este contrato, fue el «asesor financiero Lucas Cruz», a quién posteriormente denunció por estafa.
González compareció de forma voluntaria ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria en calidad de investigado por los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales ya que, hasta el momento, se había acogido a su derecho de no declarar.
Además de desvelar todos los detalles que no contó en su momento cuando declaró ante el fiscal Anticorrupción, el empresario entregó su teléfono móvil para que el Grupo II de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial vuelque su contenido y analice todas aquellas conversaciones, audios, vídeos, documentos que tengan relación con la investigación.
Tanto el magistrado instructor como el fiscal Anticorrupción fueron bastante incisivos en sus interrogatorios, sobre todo, en lo que respecta a cómo se gestó el contrato entre el SCS y RR7 United, ya que la versión que ofreció ayer Rayco Rubén González distaba mucho de la mantenida por el propio Conrado Domínguez.
Hay que recordar que el responsable sanitario declaró al fiscal en agosto y al juez en septiembre que con Rayco «nunca» había hablado, un argumento que se vino abajo tras mostrar el empresario decenas de mensajes que intercambiaron desde el 7 de mayo de 2020 hasta el 5 de marzo de 2021.
En los mismos y según el administrador de RR7 United, el día 1 de junio a las once de la noche le dijo al propio Conrado Domínguez por mensaje que el precio que le iba a cobrar por las mascarillas era de 3,9 millones de euros, aunque le llamó la atención el hecho de que, al mismo tiempo, el comisionista Samuel Machín le envió un mensaje advirtiéndole que no mandara precio alguno del cargamento al director del SCS.
La razón que le dio era, según leyó en el mensaje durante su declaración, que «hay que subirlo, me acaba de llamar Oswaldo... Ahora te explico, vale?», le escribió, para, un minuto después, recibir este otro WhatsApp del intermediario: «Súbelo a cuatro».
El fiscal le preguntó a este respecto que quién le había dado el precio inicial de 3,9 millones a Domínguez, a lo que Rayco respondió con un escueto «yo». Por lo tanto, insistió el Ministerio Público, ¿cómo es que pasó luego una factura de cuatro millones? «Yo le pasé la factura a Conrado por cuatro millones como me dijeron y no me preguntó nada por ese sobrecoste», añadió.
¿Y dónde fue a parar ese dinero?, insistió: «Pues imagino que a alguna comisión de alguien. Yo acordé 200.000 euros con la gente que estaba trabajando conmigo, pero esos 100.000 más no sé para quién serían». Insistió en que mantuvo bastante comunicación con Domínguez en esta fase inicial, aunque posteriormente todo el proceso lo gestionó Machín.
