La Policía detiene a otros diez trabajadores de la funeraria de Valladolid

21/02/2019

La Policía Nacional ha detenido este jueves a otros diez trabajadores de la empresas funeraria El Salvador de Valladolid que supuestamente colaboraron en la estafa continuada de venta de ataúdes cometida durante 20 años, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Con estas nuevas detenciones se elevan a veintiséis los investigados en la Operación Ignis, de la que se ocupa el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid y que se centra en el cambio de ataúdes antes de la incineración para su reutilización.

Entre los veintiséis detenidos se encuentran el dueño y dos de sus hijos, que permanecen en prisión por decisión judicial, en concreto el dueño del grupo funerario El Salvador, Ignacio M., sin fianza; uno de los hijos con la opción de salir de prisión si abona 800.000 euros y una hija si paga 400.000 euros.

Los nuevos detenidos son trabajadores de la empresa que, en menor o mayor grado, pueden haber colaborado con la trama, de forma que se les considera supuestos autores de sendos delitos de estafa continuada y de organización criminal.

Las previsiones de la Policía Nacional indican que posiblemente este viernes pasarán a disposición judicial.

Hasta el momento se han presentado más de 300 denuncias ante la Policía Nacional de personas que se sienten perjudicadas en el caso que se investiga, según han precisado fuentes de la Delegación del Gobierno.

La delegada del Gobierno en la Comunidad, Virginia Barcones, tras participar en un acto de su partido, ha detallado que las diez nuevas detenciones se sitúan en la tercera fase del dispositivo y han tenido su origen en la "gran cantidad de documentación" que se incautó en las primeras fases policiales.

Ha matizado que, aunque esta operación ha incluido diez nuevas detenciones de trabajadores de las oficinas del grupo funerario de Valladolid capital, no será hasta que el caso llegue a instancias judiciales cuando se sepa el "grado de implicación" de cada uno de estos empleados.

El Juzgado investiga en concreto si el Grupo Funerario El Salvador se quedaba con ataúdes comprados antes de incinerar los cadáveres y los revendían, con la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015, un número calculado de forma provisional, según fuentes del TSJCyL.