La Guardia Civil inició la investigación el pasado 17 de abril, cuando el SEPRONA de Santa María de Guía recibió una denuncia presentada por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas en la que se ponía en conocimiento la venta de manera irregular de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria, siendo necesaria la receta para su venta.
En la propia denuncia se indicaba que los hechos venían sucediendo desde el año 2017 y la ocurrencia de este ilícito se venía desarrollando en una tienda de animales que se encontraba ubicada en el municipio de Arucas.
Inspecciones en la tienda de animales
Durante las inspecciones realizadas en el establecimiento los días 28 de abril y 4 de mayo, el SEPRONA halló efectivamente diversos medicamentos sujetos a prescripción veterinaria bajo el mostrador, dispuestos para su venta. Varios de estos medicamentos presentaban los envases abiertos faltando parte del contenido, pues estaban siendo vendidos por unidades sueltas según las necesidades de los clientes.
Así que, se pudo constatar que los medicamentos estaban siendo vendidos sin la preceptiva receta veterinaria, no llevando ningún tipo de control sobre la venta de éstos.
Del mismo modo, también se pudo comprobar que el comercio carecía de autorización emitida por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias para la venta de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria, motivo por el cual se procedió a cursar denuncia administrativa por los hechos acontecidos.
A raíz de las irregularidades constatadas en la inspección, el SEPRONA continuó recabando pesquisas con el fin de determinar de qué forma se obtenían los medicamentos sujetos a prescripción veterinaria que luego eran vendidos en el comercio infractor.
Un primer veterinario implicado
Fruto del desarrollo de la investigación y todas las pesquisas recabadas, se identificó a un primer veterinario, el cual mantenía una relación de amistad con el propietario de la tienda, llegando a facilitarle sus datos profesionales con los que el investigado pudo registrarse en un comercio especializado en la venta de productos veterinarios. De esta forma, el propietario de la tienda podía comprar medicamentos sujetos a prescripción veterinaria sin presentar recetas para su dispensa.
Aprovechando el propietario de la tienda la amistad con el veterinario para hacer uso de sus datos y así beneficiarse de la condición del mismo permitiéndole la compra de medicamentos veterinarios sujetos a prescripción veterinaria sin presentar receta y así posteriormente re-vendía en su tienda sin ningún tipo de control a los clientes.
Como continuación de la investigación del comercio dispensador de productos veterinarios, se comprobó que éste no realizaba un control eficiente sobre el registro de sus clientes, facilitando la ausencia de control la inscripción fraudulenta del propietario de la tienda de animales aportando datos profesionales del veterinario indicado anteriormente, no solicitando el Centro dispensador de productos veterinarios por su parte al comprador ningún tipo de documento oficial para certificar su condición profesional de veterinario, cometiendo así una irregularidad, cometiendo infracciones administrativas por las cuales fue sancionado ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias.
Ante las irregularidades cometidas por el propietario de la tienda de animales objeto de la primera inspección, este aportó varias recetas con el fin de intentar justificar la tenencia de los medicamentos veterinarios hallados en su tienda, siendo las recetas presentaban una fecha anterior al día de la inspección realizada por el SEPRONA, haciendo sospechar a los agentes aún más ya que el día de la inspección carecía de recetas al respecto.
Los agentes actuantes determinaron que las todas las recetas presentadas, fueron confeccionadas días después de la inspección realizada, presentando en cambio fechas anteriores al día de la inspección. De esta forma se trataba de justificar la tenencia de los medicamentos por parte del investigado.
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