Sociedad

Vista del guardia civil de La Manada por el pasaporte

05/07/2018

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil condenado a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 junto a otros cuatro miembros de La Manada, ha llegado sobre las 13.45 horas a la Audiencia de Sevilla para seguir la vista sobre su libertad provisional tras intentar renovarse el pasaporte.

Guerrero entró solo en el edificio de la Audiencia, desde donde seguirá por videoconferencia en una sala de la Sección Primera la vista que se celebra en la Audiencia de Navarra tras pedir la Fiscalía su vuelta a prisión, si bien su abogado Jesús Prieto había llegado bastante antes que él y justo tras el condenado han entrado su padre y su novia. El guardia civil no ha hecho ninguna declaración a los numerosos medios concentrados en la puerta del edificio judicial, como tampoco antes su abogado, que ha llegado con su pareja.

Tanto el padre y la novia de Guerrero como la pareja de su letrado están citados a comparecer en esta vista junto a los dos funcionarios de la comisaría de Policía sevillana a la que acudió, acompañado de su padre, el pasado lunes 25 de junio, según su abogado, para preguntar qué tenía que hacer al tener que entregar el pasaporte en los juzgados en el marco de las medidas cautelares de su auto de libertad provisional y no tenerlo en su poder además de creer que estaba caducado.

Vista del guardia civil de La Manada por el pasaporte

Frente a esta versión, la Policía ha elaborado un informe según el cual Guerrero pidió renovar su pasaporte sin aludir al cumplimiento de ningún auto judicial y al saltar la alerta en el sistema de que no podía hacerlo -al tener prohibido salir del país y deber entregar su pasaporte en los juzgados-, se le comunicó y se marchó.

Vista del guardia civil de La Manada por el pasaporte

Su padre está citado porque le acompañó a la comisaría el lunes, justo antes de que fuera a los juzgados de Sevilla a firmar -como debe hacer tres veces a la semana- por primera vez desde su puesta en libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros el viernes anterior, como el resto de los miembros de La Manada.

Sobre la filtración de datos de la víctima

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitará al Gobierno de Navarra información sobre la filtración de datos personales de la víctima de La Manada cuando se divulgó la sentencia para determinar si se ha vulnerado la normativa de protección de datos.

La Comisión Permanente del CGPJ se ha reunido este jueves para valorar un informe realizado por la vocal Victoria Cinto, en el que aprecia "un funcionamiento irregular en materia de protección de datos" por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que remitió la sentencia al departamento de Comunicación.

Sin embargo, la Comisión ha decidido retirar del orden del día dicho informe porque considera necesario recabar más información antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos.

Por ello, ha acordado dirigirse al Gobierno navarro para saber las garantías de seguridad que ofrece la Sede Judicial Electrónica y si se han adoptado medidas adicionales a raíz de la filtración que posibilitó que datos personales de la víctima, como su nombre y apellidos o su dirección, fueran publicados en algunos medios digitales y en las redes sociales.

Documentos descargados

El CGPJ también pedirá al Gobierno Foral que le notifique los documentos concretos que se descargaron entre el 26 de abril y el 8 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la filtración, además de la formación sobre el expediente judicial electrónico y el Código Seguro de Verificación (CSV), que fue impartida a los miembros de la Carrera Judicial y letrados de la Administración de Justicia en Navarra.

También se dirigirá a la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, para que le informe sobre cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron.

Precisamente, la publicación del CSV fue la que motivó la filtración pues, aunque los datos de la víctima sí que estaban borrados de la sentencia, ese código permitió acceder al documento original en la página web del Gobierno Foral.

A raíz de la divulgación de los datos personales de la víctima sus abogados presentaron una denuncia por presuntos delitos de amenazas y contra la intimidad de la joven madrileña en medios de comunicación digitales y redes sociales.

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