«Con las víctimas de violencia sexual llevamos 16 años de retraso»

-La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer muestra datos impactantes, como que una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida. ¿Esperaban estas cifras

-Primero me gustaría decir que la Macroencuesta es una fuente de conocimiento oficial, rigurosa y bajo los parámetros de Eurostat. La perspectiva de género que reclamamos en el Poder Judicial, la Fiscalía y la Abogacía no es sensibilidad, es conocimiento de derechos humanos y también tiene que estar basado en datos. La prevalencia de los números de violencia de género, más o menos, la sospechábamos, no nos ha sorprendido. Han impactado más los de violencia sexual. Claro, nunca se había preguntado por tantos ítems. La violencia de género por parte de la pareja o expareja, yo ya la estoy llamando violencia de género íntima porque si solo llamamos violencia de género a la de la pareja o expareja parece que la otra no es de género, la intuíamos. Uno de los temas que creo que impactan mucho es el de saber no solo el dato de denuncias falsas, que ese no es nuestro, es del Consejo General de Poder Judicial, que es el 0,007% y decir otra cosa es una falsedad, sino que hay muchísimas denuncias que no se están interponiendo. La violencia oculta. La violencia en la pareja la denuncia ante la Policía o un juzgado el 21,7% de las mujeres, es decir, el 78,3% está oculta y estos datos, además, coinciden con los de Poder Judicial y la Fiscalía. En la violencia sexual se denuncia el 11,1%, y por las mujeres víctimas solo el 8%, es decir, prácticamente el 80% de la violencia sexual fuera de la pareja no se denuncia. Esto es impresionante saberlo. Y también son impresionantes para mí los datos sobre los menores que son víctimas de la violencia sobre la pareja, contra sus madres, porque, además, tiene impacto directo sobre lo que debería ser objeto de investigación penal. Si una mujer dice que ha sufrido violencia de género y tiene hijos y los menores de 14 a 18 dicen, uno de cada cuatro, el 24,7%, dice que sus madres han sufrido violencia de género por sus padres o por la pareja aunque no sea su padre, y el 77% de ellos, y esto es del Macroestudio de Menores de la Delegación, se considera víctima directa, entonces deberíamos llegar a la conclusión de que cada vez que una mujer pone una denuncia por violencia de género, la Unidad de Valoración Forense Integral debería investigar en un 77% también a los hijos menores como víctimas.

-Da la impresión de que solo estamos llegando a una parte muy pequeña de las violencias machistas.

-Exacto, esa es la clave. Tenemos respuesta institucional y judicial para una parte muy pequeña y, además, una protección integral desde 2004 a la violencia íntima. Pero llevamos 16 años de retraso con las víctimas de segunda o de tercera, que son las víctimas de violencia sexual. Y eso es lo que pretende arreglar el proyecto de ley de garantía de la libertad sexual que comprende todas las medidas de la ley orgánica de 2004 algo mejoradas, también dentro de esa evolución de 16 años, las rutas especializadas para mujeres con discapacidad, para mujeres migrantes, para mujeres víctimas de trata y para niños y niñas víctimas de violencia sexual. Aumentar la protección integral a todas estas víctimas que se quedan fuera de la ley de 2004.

-La violencia de ETA fue terrible, pero las violencias machistas suman más víctimas y parece que aún no hay conciencia de ello.

-Solo las asesinadas por violencia de género íntima son ya más que las víctimas de terrorismo. Por eso hablamos de víctimas de primera, de segunda y de tercera. No pueden esperar.

-¿Los juzgados de violencia contra las mujeres deberían hacerse cargo de todas las violencias machistas?

-Sería complicado con el actual mapa judicial. Es una previsión del tratamiento integral y de la respuesta especialista a todas las violencias machistas. Si exigimos formación especializada a la violencia de género evidentemente una de las equiparaciones imprescindibles es, efectivamente, que los juzgados sean especializados en violencia sexual. Los juzgados se llaman de violencia sobre la mujer, no dicen violencia de género o violencia íntima. Esa es una medida esencial que Justicia, pero contando con medios y presupuesto, que se especialicen tanto en género como en violencia sexual como en infancia porque deberían también conocer conforme a la ley la violencia sexual contra menores.

-La ley canaria amplia los supuestos de violencia de género fuera de la pareja o expareja ¿Va a cambiar la nacional en ese sentido?

-El derecho penal es competencia exclusiva del Estado, la parte penal depende de este anteproyecto de ley. Es verdad que, por comunidades autónomas, la ley canaria es una de las más avanzadas con respecto a la ley de 2004 y comprende otras formas de violencia. Hemos reconocido la actuación de ICI porque realmente frente a otras etapas se ha apostado por estas políticas incluso la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en Canarias llegó a ser inferior al 10%. Tenía un montón de millones de euros en remanentes que tuvo que devolver. Ahora está claro que, con este Gobierno hay un impulso inédito tanto a las políticas autonómicas como a la ejecución de los fondos del Pacto del Estado. Además, nos consta que han hecho un esfuerzo para cumplir con el Pacto del Estado y no solo en la Consejería de Igualdad o en el ICI, sino en otras, proponiendo proyectos en Justicia de oficinas en atención a las víctimas y eso es una política transversal. Quiero poner en valor lo que están haciendo ahora porque son punteros también en la lucha por la igualdad porque eso es prevención.

- Las denuncias por parte de familiares, amistades o la vecindad siguen siendo ínfimas. ¿Por qué cree que no hay una mayor implicación?

-Hay que romper y eso. Sinceramente creo que en Canarias todavía queda mucho poso educacional y tradicional de considerar que la violencia de género es un problema privado y esa tradición de considerar de que no debemos meternos en casa de los demás. Pero esto no es meterse en casa de los demás, es que es un deber legal poner en conocimiento de las autoridades cualquier delito del que se sepa. No hace falta denunciar, basta con llamar al 016 o al 112. Y nadie ha sufrido consecuencias legales por haber puesto en conocimiento un caso de violencia y que después no se haya considerado así. Durante el estado alarma estuvimos aplaudiendo al personal sanitario porque salvaban vidas. Las personas que llaman, los vecinos, amigos y familiares que denuncian también salvan vidas porque las mujeres no pueden llamar. Rompamos ese embudo de silencio que, además, tiene otro efecto. La víctima se siente creída antes, apoyada por la comunidad de vecinos, por su familias, por su entorno laboral. Y esto tiene incidencia en los niños y niñas. Si en el colegio se cree a los menores, se les apoya y se ayuda a denunciar y si esto cuenta con informes técnicos del equipo de psicología de un centro escolar, de un educador aunque sea de un entrenador o monitor de actividades, ya es otro adulto que está apoyando. Si un niño tiene terror a ir con si padre ya es un indicio clarísimo de que lo que dice la madre es cierto. Porque el miedo ya es un síntoma. Si vas a urgencias y te dicen la fiebre es un síntoma que no se debe nunca desechar , siempre se tiene que contar al médico o medica, pues esto es un síntoma auténtico, no es una sensación. No solo la sociedad, los vecinos, los amigos y familiares, también desde el ámbito educativo, o desde el sistema sanitario se puede hacer mucho y colaborar en la visibilización y en la protección de las víctimas.