Un juzgado de violencia sobre la mujer que hace historia

El Juzgado nº 2 es el primero de España en instruir un caso aplicando el Convenio de Estambul. Dictó una orden internacional de detención sobre un rumano por trata de seres humanos y prostitución coactiva.

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria está instruyendo por primera vez en España un procedimiento que acusa a un ciudadano rumano de prostitución coactiva y trata de seres humanos además de los delitos propios de violencia como son maltrato habitual y lesiones, aplicando de esta manera el Convenio de Estambul. Se trata de un caso que investiga a un presunto lover boy -aquel que tiene como misión enamorar a una chica hasta el punto de que renuncie a su vida para estar con él y luego la obliga a ejercer la prostitución-, en unos hechos que ocurrieron desde 2012 hasta este año y en el que se vieron implicadas dos víctimas.

Tras la denuncia de una de las afectadas, la magistrada Auxiliadora Díaz inició una exhaustiva instrucción y dictó una orden de detención europea e internacional sobre el acusado, que ha sido capturado en Rumanía y trasladado a España para que pase a disposición del juzgado grancanario. De forma paralela, el órgano judicial dictó un auto tras convocar de oficio las partes a la comparecencia del ART.544 ter para adoptar medidas de protección hacia el menor, que terminó en la pérdida de la patria potestad de su padre atribuyéndola de forma exclusiva a su madre, que ya se ha desplazado hasta Rumanía para recoger al menor.

Los hechos

Según consta en la orden internacional de detención, la denunciante, de nacionalidad rumana, conoció al investigado en su país natal cuando ella tenía 14 años. Durante ese tiempo comenzaron una relación de pareja y cuando cumplió la mayoría de edad, la convenció para venir a España con el presunto propósito de que ésta ejerciera la prostitución. Este extremo era desconocido por la denunciante que pensaba que el viaje a nuestro país era para convivir con su pareja, pero jamás para ejercer de prostituta, actividad que finalmente acabó desempeñando forzada por su pareja sentimental.

Tras un paréntesis, a finales de septiembre de 2015, ambos volvieron a Gran Canaria procedentes de Rumanía para que la denunciante continuara ejerciendo la prostitución. La misma manifestó en sede judicial que en ese tiempo, él la obligó a abortar cuando se quedó embarazada para que siguiera ejerciendo de prostituta más tiempo porque, durante su periodo de gestación, «solo pudo» prostituirse hasta los cinco meses, momento en el que se le empezó a notar la barriga.

Finalmente no abortó y el bebé nació el 2 de febrero de 2016.

Usó a su propio hijo

A raíz de este hecho, el acusado supuestamente obligó a la denunciante a dejar el hijo de ambos en Rumanía cuando solo tenía dos meses de edad, para venirse a Gran Canaria en julio de 2016 con la finalidad de que volviera a prostituirse bajo la amenaza de que si no hacía lo que él quería, podía atentar contra la integridad física y psicológica del menor. De hecho, según el órgano judicial, solo cuando el varón quería, la madre del menor podría ponerse en contacto con su hijo vía telefónica, todo ello supeditado a la entrega de dinero por parte de la mujer fruto de su trabajo como prostituta.

Durante todo el tiempo de estancia de ambos en territorio español, él la golpeaba presuntamente con las manos y objetos y en muchas ocasiones lo hacía en presencia de su hijo. Además, la vigilaba para que sacara el máximo de clientes y si no traía el dinero que él consideraba suficiente, la volvía a golpear. En alguna ocasión incluso llegó a perder la consciencia y vomitó.

También relató la víctima en sede judicial que su pareja la obligó a abortar de un segundo embarazo para que siguiera vendiendo su cuerpo.

Igualmente, las actuaciones judiciales se dirigieron contra el investigado por hechos relacionados con su anterios pareja. La misma declaró que mantuvo un noviazgo con el encausado desde que tenía 12 años hasta el año 2012. Relató en sede judicial que fue traída a territorio español en coche desde Rumanía en compañía de otras dos personas y que desconocía que el investigado pretendía que trabajara como prostituta.

Desde que llegaron a España, el investigado la agredía dándole puñetazos en la cara y golpeándola por todo el cuerpo para que trabajara de prostituta y, ante la negativa de la mujer, las palizas fueron en aumento, según denunció.

A raíz de estos hechos, finalmente cedió y comenzó a ejercer la prostitución mientras el acusado la vigilaba, controlaba sus pasos y, al igual que con la otra denunciante, si no llegaba a las cantidades de dinero que él consideraba, volvía a pegarle palizas.

Por estos hechos, la magistrada dictó la orden de detención internacional y ha sido la Policía Nacional la que ha conseguido capturar a este ciudadano rumano que está a la espera de ser trasladado a Gran Canaria para afrontar un procesamiento por dos delitos de trata de seres humanos, dos de prostitución coactiva -el denunciado obliga a una mayor de edad-, dos de maltrato habitual y uno de lesiones, acusaciones que suman los 32 años de prisión.

«Riesgo extremo» y sin la patria potestad.

El acusado, detenido en Rumanía y trasladado a España, es un individuo que ha sido calificado con una valoración de «riesgo extremo» dentro del protocolo de violencia de género realizado por especialistas de la Policía Nacional. Por ello, el cuerpo policial activó medidas de protección a la víctima como se establece en estos tipos de casos. Además, cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos de amenazas, falsificaciones, prostitución, detención ilegal y lesiones. El investigado se encontraba en Rumanía con el hijo que había tenido con la víctima y, por los hechos que se relatan, la magistrada le ha suspendido la patria potestad del menor, recayendo sobre su madre: «Está viviendo en un clima inapropiado para un menor de tan corta edad y cuya integridad física pudiera estar en peligro», expone el auto.

En vigor desde 2014.

El Convenio de Estambul que ha aplicado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, fue ratificado por el Gobierno de España en 2014 y contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer. Se entiende como tal la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado, la esterilización forzada y delitos como la trata de seres humanos y la prostitución coactiva, como es el caso del ciudadano rumano procesado. Esto implica que los estados deben introducir en sus sistemas jurídicos estos delitos como ahora han hecho en Gran Canaria.