Un 40% más de fondos a los ayuntamientos para cubrir necesidades sociales

23/01/2019

La Dirección General de Políticas Sociales de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias incrementará este año sobre un 40% su aportación global a los municipios del archipiélago.

El aumento presupuestario con respecto al año 2018 y 2017, y los protocolos de reparto previstos, fue trasladado este martes a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que ahora tendrá que dar su visto bueno en la Comisión de Servicios Sociales.

Además, en la reunión se abordó el reparto de fondos durante 2019 en el área de Protección a la Infancia y la Familia, que incrementa su presupuesto para este ejercicio en 731.904 euros, lo que supone un montante global de 5,8 millones de euros para atender a los menores y prevenir situaciones de riesgo.

De esta forma, el departamento que dirige Cristina Valido "cumple" así con su compromiso de garantizar la financiación necesaria para que los ayuntamientos, primera puerta de entrada de los ciudadanos, tengan recursos suficientes para dar cobertura a situaciones de emergencia, informa la Consejería en una nota.

"Hemos tenido una reunión para avanzar en la formalización de los protocolos que tendrá lugar el próximo mes que se financian con las aportaciones del Gobierno de Canarias. En todas ellas, en global, crecemos sobre un 40% en las aportaciones que hacemos a los ayuntamientos, después de un año, 2018, en el que ya habíamos crecido casi sobre el 35%", resaltó Valido.

En concreto, la Dirección General de Políticas Sociales ha dado los primeros pasos para el procedimiento de los dos protocolos de reparto de fondos, que incluirían el Plan Concertado de Servicios Sociales y el de Prestaciones Básicas. En total, estas partidas experimentarán una subida global del 40% con respecto a las del año pasado.

El primer protocolo, que incluye el Plan de Prestaciones Básicas, el Plan Concertado y el Plan de Apoyo a la Ley Canaria de Inserción, está dotado con 20,5 millones, de los que el Estado aporta 1,09 millones de euros y el resto la Comunidad Autónoma.

Para este protocolo se contará con una partida de 8,9 millones de euros, montante que va destinado a la contratación de personal de los servicios sociales.

El reparto de este dinero se hará según criterios establecidos por el Estado, que prima, entre otros, el número de población, la tasa Arope, la insularidad o la tasa de población infantil.

La partida de prestaciones básicas contará con 3,8 millones para apoyar programas que desarrollan los ayuntamientos, entre ellos los de ayuda a domicilio y mayores.

Además, la cuantía para el Plan de Apoyo a la Ley Canaria de Inserción aumenta más del doble su presupuesto, pasando de 3 millones en 2017 a 5 en 2018 y a 6,9 en 2019.

Más fondos en infancia en 36 municipios

El objetivo de este refuerzo es que los ayuntamientos puedan gestionar, desde que se apruebe la Ley de Servicios Sociales, que todas las familias con menores a cargo y sin ingresos reciben de manera indefinida la Prestación Canaria de Inserción.

El segundo protocolo corresponde a los 12 millones de euros aportados por el Estado hace menos de un mes (correspondiente a una partida de 30 millones incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2018) para luchar contra la pobreza.

El tercer protocolo estará dotado con 18 millones de euros correspondientes a los 30 millones 2018, que el Estado adeuda con Canarias y que, según el compromiso logrado por la consejera Cristina Valido, serán ingresados por el Ministerio de Sanidad a la Comunidad Autónoma antes de dos meses.

El área de Infancia distribuirá 5,8 millones de euros entre los municipios canarios este año, 731.904 euros más que en 2018. Esta financiación, que se reparte en función del número de menores censados en cada municipio, irá destinada a centros y servicios de día --36 municipios incrementan su presupuesto y el resto lo mantiene-- y a reforzar los equipos municipales de atención a la infancia y la familia.

Este crédito contribuirá a poner en marcha políticas de prevención con los menores y las familias, además de llevar a cabo actuaciones concretas en situaciones de emergencia.

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