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La joven, también rumana, relató en sede judicial cuando prestó declaración que había conocido al acusado –detenido en su país natal y ahora en Madrid a la espera de ser trasladado a la isla– cuando tenía solo 14 años y, desde ese momento, recibió palizas de su parte. A pesar de esto, cuando cumplió 18 años y fue convencida de venirse a Gran Canaria con él «en busca de un futuro mejor», pero nada más legar, «me obligó a ejercer la prostitución en una casa de la calle Molino de Viento», en la capital grancanaria. Durante su estancia en la isla, el encausado no permitía a su esposa «hablar con nadie y me vigilaba constantemente» y también ejercía un «férreo control sobre mi trabajo» contabilizando «los preservativos que empleaba en los servicios antes y después para determinar el importe exacto del dinero que había ganado. Todo lo que conseguía, se lo tenía que dar a él», declaró la denunciante.
La joven, que dijo trabajar como prostituta todos los días de la semana de 9.00 a 18.00 horas, confesó que su marido le obligaba a ejercer, incluso «cuando me encontraba con la menstruación, teniendo que usar toallitas húmedas para poder seguir manteniendo relaciones sexuales».
Dijo que, «enamorada», se quedó embarazada de él y «me obligó a abortar para que pudiera seguir prostituyéndome», a lo que se negó, pero siguió trabajando hasta que cumplió cinco meses de gestación. Cuando nació el bebé, la presunta víctima contó que el varón se lo llevó a Rumanía a los dos meses y la seguía obligando a trabajar como prostituta «amenazándome con dejar desatendido a mi hijo si no cumplía con mi trabajo».
Narró en sede judicial como, el día del primer cumpleaños del menor, en la calle, el denunciado le dio dos bofetones y ya en la casa, le golpeó con un «ambientador de aluminio en la cabeza» y con el «puño en las costillas», delante del niño y estando embarazada, circunstancia que ambos desconocían. Por este motivo, el marido la obligó a abortar y esta vez sí consiguió su propósito. Desveló en su comparecencia que sabía que el denunciado había cometido los mismos actos con otras mujeres –entre ellas otra de las que se sumó a la denuncia– y que tenía miedo del mismo porque era una persona agresiva y que, sin ir más lejos, tenía una pistola en su casa de Rumanía.
Por estos hechos, la magistrada Auxiliadora Díaz dictó una orden de detención internacional sobre el acusado, amparándose en el Convenio de Estambul sobre violencia de género, que habilita a los juzgados de la mujer a instruir casos con delitos como la trata de seres humanos y la prostitución coactiva.
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