Juicio por el caso Eólico

Los pagos fueron de «naturaleza delictiva»

07/07/2018

Los peritos policiales que comparecieron ayer en el juicio por el caso Eólico explicaron que Celso Perdomo y Mónica Quintana utilizaron cuentas corrientes de un banco en Luxemburgo para aprovechar que este país, por aquel entonces, era un paraíso fiscal.

El juicio por el caso Eólico va llegado a su final y ayer, con la comparecencia ante el tribunal del jurado de los peritos, finalizó toda la prueba y no se celebrarán más sesiones hasta el próximo jueves, día en el que se procederá a elevar a definitivas o modificar las conclusiones por las partes y a la lectura de sus respectivos informes. Ayer declararon los policías que realizaron la pericial de esta causa –que sienta en el banquillo a seis presuntos corruptos acusados, unos, de haber amañado el concurso de parques eólicos de las islas en 2004 y, otros, de haber pagado sobornos para hacerse con ellos–. Los agentes fueron contundentes al sostener que los pagos que recibió la pareja formada por Celso Perdomo y Mónica Quintana «fueron de una naturaleza delictiva», manifestaron.

Los agentes relataron a preguntas del Ministerio Fiscal representado por Luis del Río, que se comenzó a investigar al empresario Enrique Guzmán por presuntamente haber pagado una comisión por una parcela en Granadilla en connivencia con Celso Perdomo, que por aquel entonces era el director general de Industria del Gobierno de Canarias. «Hicieron las transferencias de 90.000 y 40.000 euros y de esas mismas cuentas, enviaron 14.000 en junio de 2005 y otros 9.400 en noviembre –en concepto de sobornos– a la cuenta que Mónica Quintana había abierto en el Fortis Bank de Luxemburgo», dijeron los dos agentes. El motivo de esa cuenta en Luxemburgo, según los agentes, era porque «ambos quedaron en abrirla en ese país porque pagarían menos impuestos, un 6 o 7% solo y no como en España. Además, Luxemburgo era un país no colaborador en aquella época –año 2004– y, por ende, un paraíso fiscal».

Escuchas telefónicas.

«La falta de transparencia» en cuanto a la información que esta entidad bancaria ofrecía sobre sus cuentas era total, según los declarantes, que llegaron a la conclusión que «los pagos que se realizaron fueron de naturaleza delictiva, e incluso utilizaron empresas no residentes en España para realizar las facturas que justificarían los ingresos», explicaron.

A requerimiento de los investigadores, la sede en Madrid de Fortis Bank les notificó que no tenía cuentas a nombre de Guzmán y Quintana porque no ofrecía datos de las mismas en su oficina de Luxemburgo, al tratarse de un banco con una opacidad total, «pero gracias a las escuchas telefónicas descubrimos que era así y por eso se emitió una comisión rogatoria internacional a Luxemburgo para que nos facilitase la información y fue tras ese trámite cuando nos confirmaron que había dos cuentas a nombre de cada uno de los investigados. Una de ellas donde se realizaban los ingresos y otra para disponer del dinero. También tenían una tarjeta de crédito», dijeron los especialistas al jurado.

Los mismos explicaron que Haciendo no tenía conocimiento de la apertura de las cuentas corrientes y, de haberse tratado de transferencias en concepto de intermediación, por ejemplo, las mismas se habrían realizado directamente a Celso Perdomo, pero en este caso al tratarse de sobornos, acordaron que las cuentas estuviesen a nombre de su pareja, Mónica Quintana, para no despertar sospechas, según los investigadores.

También reconocieron lo que en su momento declaró otro de los imputados, el alto funcionario Honorato López, que la entidad luxemburguesa no le permitió abrir una cuenta al tratarse de un empleado público de alto escalafón, cosa que sí pudo hacer Quintana, quien «mintió a Fortis Bank» puesto que ocultó ser pareja sentimental de Celso Perdomo. «No podía abrir una cuenta si tenía relación con altos cargos del Gobierno y por eso Celso Perdomo utilizó a Mónica Quintana de testaferro», detallaron.

El jueves, los informes.

El jueves se celebrará la última jornada de esta vista oral y será el turno para que las partes eleven a definitivas sus calificaciones o las modifican. El primero en comparecer será el fiscal Anticorrupción Luis del Río, quien tendrá que modificar sus conclusiones para ajustarlas a las confesiones de los hechos realizadas por cuatro de los seis acusados, y rebajar de esta manera su petición de condenas. A esta sesión tendrán que asistir todos los letrados en una jornada que se prevé maratoniana. El lunes 16 de julio, las partes se citarán con el magistrado presidente para concretar el objeto del veredicto y entregárselo al jurado.