El TSJC dice que Negrín debe ser controlado
Santiago Negrín no es un ente autónomo libre de toda fiscalización. Ni siquiera lo es cuando actúa en calidad de administrador único de Televisión Canaria. Así se deriva de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canaria, que obliga al Tribunal Administrativo de Contratos a revisar el concurso de informativos.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, presidida por César García Otero, notificó ayer el auto en el que estima parcialmente el recurso presentado por Videoreport Canarias SA en relación con el concurso de informativos de Televisión Canaria. El procedimiento tiene su origen en la inadmisión a trámite por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de un primer recurso de Videoreport Canarias contra el citado concurso.
Desde un punto de vista práctico, el TSJC concluye que el citado tribunal administrativo, que depende de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, debe admitir el recurso, lo que, en consecuencia, supone revisar el concurso convocado por Santiago Negrín.
En el recurso, bajo la dirección jurídica del despacho Garrigues, se alertaba sobre una veintena de incumplimientos de la normativa vigente en el procedimiento iniciado por Negrín. El TSJC advierte del hecho de que, a tenor de la respuesta del Tribunal Administrativo y del Parlamento de Canarias, cuyos juristas dijeron que no eran competentes para fiscalizar a Radiotelevisión Canaria ni a sus sociedades, «estaríamos ante un poder adjudicador sin control, fiscalización o supervisión jurídica, en vía administrativa».
Agrega el TSJC: «Los riesgos, dada la cuantía del contrato son notorios y también atendiendo el interés público en que el servicio se preste efectivamente, pero por encima de eso se debe considerar que en un contrato sujeto a regulación armonizada, donde es necesario garantizar al máximo los principios de concurrencia, transparencia y eficacia imperantes en la contratación administrativa, al parecer y a tenor de la resolución recurrida y de la emitida por el Parlamento, no hay quien supervise a quien está actuando como poder adjudicador».
El TSJC rebate así la tesis esgrimida por el propio Negrín, el Gobierno canario, Coalición Canaria y últimamente el PSOE de Ángel Víctor Torres.
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