El Supremo confirma la condena del caso Las Teresitas

29/03/2019

Se confirma la connivencia y cooperación de los intervinientes en la alteración del precio de los terrenos adquiridos para su venta al Ayuntamiento, alterando el precio del valor real de los mismos, con perjuicio a las arcas municipales.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que condena al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo –Coalición Canaria–, a siete años de cárcel por malversación y prevaricación, los mismos que para el que era concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. También ha dado firmeza a la pena impuesta a los empresarios involucrados en la trama, Antonio Plasencia –expresidente de la patronal Fepeco–, e Ignacio González –expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz–, sentenciados a cinco años y seis meses de prisión, mientras que el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y su secretario Víctor Reyes, deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo de reclusión.

Hay que destacar que el Consistorio nunca tramitó la exigencia de devolución de los 52,5 millones de euros que pagó por el frente de Las Teresitas.

Esta resolución dictada por el Alto Tribunal también mantiene las penas de inhabilitación de 17 años y medio para Zerolo y Parejo; siete años para los dos empresarios y 14 años para Víctor Reyes y José Tomás Martín, respectivamente, en una investigación que nació en 2001, cuando el Ayuntamiento de la capital tinerfeña adquirió los terrenos anexos a Las Teresitas por 52,5 millones, cuando su precio de tasación según los propios técnicos del Consistorio estaba fijado en 19 millones. Esta compra la realizaron, según el fallo dictado en primera instancia por la Audiencia Provincial y ahora ratificado por el Supremo, a una mercantil propiedad de Antonio Plasencia e Ignacio González, que en 1998 habían adquirido la totalidad del frente costero y la trasera del Valle de las Huertas y el Cercado gracias a un crédito de 33 millones que les concedió Cajacanarias «en condiciones extraordinariamente llamativas» y que fue cuestionado por el propio Banco de España.

La resolución estima probado que una parte de esos terrenos correspondientes a 11 parcelas del frente de playa y que tenían un valor de mercado de 20 millones, las compró el Ayuntamiento en 2001 por 52,5, a través de un convenio en el que, además, se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que quedaron en manos de los dos empresarios y que vendieron luego por 90 millones.

La transferencia del aprovechamiento urbanístico y el cambio de uso de parte del suelo privado se realizaron «a título gratuito, a costa del interés público y sin contraprestación de ninguna clase», según la sentencia, por lo que el desfalco de las arcas municipales fue aún mayor. En el expediente del convenio urbanístico fueron omitidos tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y por Pool Gest, que valoraban los terrenos en 20 millones de euros, documentos que ignoraron los acusados con la intención de ejecutar su plan.

¿Y ahora?

Esta sentencia será enviada oficialmente a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife quien, como responsable de su cumplimiento, debe de abrir una pieza de ejecución. De forma paralela, puede darse la circunstancia de que los condenados presenten recurso de amparo ante el Constitucional y soliciten a la Audiencia la suspensión de la ejecución de la pena en tanto se tramite el mismo. También es posible que alguno de los penados desista de cualquier tipo de acción e ingresen voluntariamente en prisión.

En cualquier caso, el fallo del Supremo implica el agotamiento de la vía jurisdiccional.