Crónica de la corrupción: Así se gestó Las Teresitas
Canarias7.es agrupa en una sola entrega los tres capítulos publicados en la edición impresa sobre el origen del “pelotazo” de Las Teresitas, a partir del relato que recoge la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife en su sentencia sobre el caso.
CAPÍTULO 1.
Había una ciudad que quería ser Las Palmas de Gran Canaria y tener una playa como Las Canteras, pero con más hoteles y apartamentos en primera línea. Había unos empresarios que, o eran adivinos, o contaban con información privilegiada sobre la próxima salida del horno del Tribunal Supremo de una sentencia que facilitaba la urbanización del frente litoral de Las Teresitas. Había un alcalde dispuesto a dar todo tipo de facilidades porque era uno de los adalides de un partido que siempre, sobre todo en Tenerife, se había entendido a la perfección con los jefes patronales. Y había una entidad financiera -Cajacanarias- en cuyo consejo se sentaban esos políticos y esos empresarios que iban tan en paralelo que parecían machihembrados.
Los nombres son ya conocidos y están casi todos en la lista de condenados por el caso de Las Teresitas: los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia; el entonces alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, que aspiraba a saltar de esa plaza a la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Canarias; el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, que pilotaba el intento de Santa Cruz de ser la única capital de Canarias; y una caja de ahorros que dirigían al alimón Rodolfo Núñez y Álvaro Arvelo. Para ser justos, sobre estos dos últimos conviene subrayar que no se sentaron en el banquillo, pero para ser exquisitamente justos hay que dejar constancia de que la sentencia los deja, como profesionales bancarios, a los pies de los caballos y, en la práctica, como parte del engranaje de la operación.
Pero vayamos a cómo empezó todo. Así lo cuenta la sentencia en los hechos probados: «El día 26 de junio de 1998 la sociedad Inversiones Las Teresitas SL (ILT) compró a la Junta de Compensación de Playa de Las Teresitas las 101 parcelas que integraban su parcelario por la cantidad de 5.500 millones de pesetas». ¿Quiénes integran ILT? Antonio Plasencia Santos, el hombre de referencia en el sector de la construcción en Tenerife, el mismo que ha sido condenado por las extracciones de áridos en Güímar y durante décadas un empresario que estaba en todos los grandes negocios de Tenerife pero que no se dejaba ver demasiado. A su lado, al 50% en esa sociedad, Ignacio González Martín, casi en las antípodas del anterior porque sí le gustaba la popularidad, hasta el punto de haberse dejado tentar por la política, presidir la Cámara de Comercio y ser el patriarca de una familia de hijos empresarios también con proyección mediática.
¿Y por qué ese repentino interés por Las Teresitas? Es una de las preguntas que no contesta la sentencia, y quizás no hurga en la respuesta a sabiendas de que los recursos llegarían al Supremo. Porque es en ese tribunal donde, tres días después de la compra, el 29 de junio de 1998, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia revocando una del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y declarando la validez de la revisión del Plan Parcial de 1998. ¿Fue clarividencia empresarial, fue el azar... o fue un soplo judicial? A ciencia cierta lo saben los empresarios condenados y, si fue una filtración interesada, quien la hizo desde instancias judiciales, pero sin esa sentencia del Supremo no habría existido jamás el caso Las Teresitas. Es para muchos el pecado original, ese que seguramente pasará a la historia envuelto en penumbra.
El relato de la sentencia pasa a la otra piedra angular para construir la operación: la financiación de la compra de los terrenos. En apariencia, Ignacio González y Antonio Plasencia tenían capital de sobra pero no se dispone de 5.000 millones de las antiguas pesetas de hoy para mañana. Aparece así en escena Cajacanarias, que les concede un préstamo hipotecario de 5.600 millones de pesetas, instrumentado en escritura pública de 26 de junio de 1998, con tres años de carencia para las amortizaciones durante los cuales la sociedad ILT únicamente tendría que abonar los intereses trimestralmente. «Y era a partir de la fecha de 26 de junio de 2002 cuando, de forma trimestral, tenía que hacer frente, además de a los intereses, a una amortización anual de 800 millones de pesetas».
«El préstamo indicado», agrega la sentencia en los hechos probados, «fue cuestionado por el Banco de España» pero todo siguió adelante. «De una parte se puso en duda la existencia de una valoración razonable del proyecto, toda vez que la valoración de las fincas realizada por Tasaciones Inmobiliarias SA (Tinsa), y tenida en cuenta para la concesión del crédito, constituía simplemente una estimación dado que no estaba fechada; no se había hecho ninguna comprobación urbanística por indicación expresa de la propia caja de ahorros; los valores que de ella se hacían constar se referían al supuesto de parcelas totalmente gestionadas y urbanizadas y a falta de solicitud de licencia para empezar a construir, situación que no se correspondía con la realidad; e incurría en error en los metros cuadrados que se consideraban edificables». Leído ahora, cabe preguntarse cómo fue posible pero la respuesta está en lo que era típico en Tenerife entonces: si había orden político-empresarial de que un proyecto saliese adelante, nadie osaba levantar la mano para cuestionarlo.
Por si lo anterior fuese poco, Cajacanarias concedió el préstamo a una empresa que era al 50% de Ignacio González, consejero de la propia entidad y que, como subraya la sentencia, «había votado a favor de la concesión del préstamo». Pero aún había más: «Ignacio González Martín participaba en ILT al 50% por medio de Felipe Armas Jerónimo, que actuaba como su testaferro».
La cuadratura en forma de círculo de ese préstamo llegó de la mano de Miguel Zerolo, que lo mismo se sentaba en la Alcaldía que también en el consejo de Cajacanarias. Así lo relata la sentencia: «Pese a tener pleno conocimiento de que el ámbito de Las Teresitas iba a ser adquirido por ILT y de que la operación iba a ser financiada por Cajacanarias, de la que era consejero, en lo que constituía la operación crediticia mayor de la historia de la caja, no asistió al consejo de administración que autorizó el préstamo, si bien sí estuvo presente en la sesión siguiente en la que se aprobó el acta de la anterior».
La rueda, por tanto, había comenzado a girar. Los engranajes estaban perfectamente engrasados: los empresarios tenían el dinero gracias a un préstamo tan fulgurante como ventajoso y que, con las exigencias hoy -pero también las de entonces, las de la debida cautela bancaria y las del sentido común- seguramente sería imposible de conceder; los terrenos eran suyos y el Supremo les abría las puertas de un gran negocio y Zerolo estaba en el Ayuntamiento que lo iba a hacer posible.
CAPÍTULO 2.
El enjuague estaba en marcha. Como se adelantó ayer, en la primera entrega de esta serie de tres reportajes sobre cómo se maquinó el «pelotazo» en Las Teresitas, la connivencia de políticos y empresarios era clave. Y Cajacanarias estaba para poner la alfombra, el dinero y una tasación «manipulada» que fue determinante.
La sentencia notificada la pasada semana lo cuenta con crudeza: Cajacanarias no solo concedió a Ignacio González y Antonio Plasencia un crédito milmillonario a velocidad de vértigo y sin las debidas garantías, sino que, por si fuera poco, se encargó «posteriormente de facilitar al Ayuntamiento una tasación de los terrenos del frente de playa elaborada por Tinsa y que será utilizada -como tasación independiente de la caja- para convencer a los órganos de control del Ayuntamiento y a los concejales de que el precio de los terrenos debía ser el que se pagó. Sin embargo, en realidad se tratará (...) de una tasación manipulada conforme al interés de los propietarios de los terrenos elaborada por Tinsa a instancia de estos y conforme a las hipótesis urbanísticas ajenas a la realidad indicadas por los propios señores Plasencia y González». O sea, un doble traje a medida: primero para que la caja de ahorros concediera el préstamo a los empresarios y luego para que el Ayuntamiento tragase el anzuelo.
Es en este punto donde la sentencia es inmisericorde con Rodolfo Núñez y Álvaro Arvelo, que por entonces timoneaban Cajacanarias. «La versión de los hechos presentada por el Sr. Núñez Ruano», dice el fallo, «no ha resultado creíble para el tribunal (...) por su actuación posterior al facilitar al Ayuntamiento la ya mencionada tasación de Tinsa; y por las sospechas que genera el hecho de que tuviera que llegar a admitir haber recibido cuatro millones de euros del acusado Sr. Plasencia, transferencia que justificó únicamente como un préstamos personal recibido por razones de amistad».
Esa generosidad de Plasencia con quien llevaba la presidencia de Cajacanarias fue investigada por la Policía Nacional durante las pesquisas del caso pero finalmente Núñez no formó parte de la lista de acusados. Como tampoco Álvaro Arvelo. Agrega el tribunal en su sentencia que la declaración de este -primero director general y luego presidente de Cajacanarias- también planteó «las mismas dudas» que la de Núñez, pues se mostró «durante el juicio oral incapaz de ofrecer explicaciones razonables a la mayor parte de las cuestiones que le planteaban las acusaciones, e incluso encontró dificultades para negar de forma rotunda al tribunal el haber recibido cantidades económicas procedentes de alguno de los acusados».
Llegados a este punto, muchos se pregunta cómo es que no se dedujo testimonio, lo que habría permitido iniciar procedimientos contra Núñez y Arvelo, pero ese es uno de los misterios que seguramente rodeará el caso y a la propia sentencia. Porque la lectura de la misma abre un campo de interrogantes de lo más generoso.
Y apareció Amid Achi.
Todo iba en apariencia viento en popa: el consejo de Cajacanarias iba a aprobar el préstamo a Inversiones Las Teresitas y el Ayuntamiento preparaba el convenio de compra. Pero entonces apareció Amid Achi Fadul, entonces consejero de la entidad financiera. El tribunal del caso Las Teresitas ve creíble su relato en calidad de testigo en la vista oral, donde contó cómo se abstuvo en la votación del crédito -un hecho «que tenía un carácter absolutamente excepcional y carecía de antecedentes en la historia de la caja»-. Según Amid Achi, lo hizo por «la insuficiencia de garantías; la falta de ofrecimiento de garantías personales por el Sr. Plasencia, y el hecho de que no constara la intervención en la operación del Sr. González -consejero de la caja presente en ese momento-, que al parecer era ya conocido que era el hombre que estaba detrás del irrelevante Felipe Armas [el testaferro]». Asimismo, Amid Achi explicó que en el siguiente consejo cambió el voto y lo hizo a favor «porque fue presionado» y vio peligrar sus negocios futuros. Sus detractores aseguran que Achi discrepaba de la operación porque no participaba en ella, pero el tribunal subraya en este punto que su testimonio goza de toda credibilidad.
La ausencia de Zerolo.
El tribunal no vio baladí la ausencia de Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife en el momento de los hechos juzgados, en la reunión del consejo de Cajacanarias -del que era integrante- en que se aprobó el préstamo. Según el fallo, «el alcalde quiso intencionadamente no estar presente aquel día (...) si bien sí que estuvo presente en la sesión siguiente en la que se aprobó el acta en la que constaba la aprobación del crédito con la abstención del señor Achi». De hecho, prosigue la sentencia, el sentido económico de la operación financiera vino determinado «por la actuación posterior» de Zerolo, que se resume así: comprar a Plasencia y González el frente de playa por un precio «superior al real», modificar el planeamiento para que el negocio privado fuese mayor y «la transferencia gratuita de aprovechamientos urbanísticos públicos a los terrenos propiedad de los acusados Sres. Plasencia y González».
CAPÍTULO 3.
El relato de cómo se maquinó, a tenor de la sentencia de la Audiencia Provincial, el cúmulo de delitos que integran el caso Las Teresitas acaba en esta tercera entrega. La protagonista es hoy Pía Oramas, hermana de la diputada de CC. Su negativa a ser cómplice desató la histeria municipal.
Miguel Zerolo y Ana Oramas fueron durante años referentes de la nueva generación de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, luego rebautizada como Coalición Canaria junto a otros partidos. Se habían criado políticamente a la sombra de Manuel Hermoso y los dos despuntaron pronto. Y además eran buenos amigos. Por eso nadie pensó que fuese una hermana de Ana Oramas quien pusiera trabas, en el seno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a la operación que se fraguaba con los empresario Antonio Plasencia e Ignacio González. Pero así fue y el seísmo político-empresarial por esa posición alejó a la hoy diputada del entonces alcalde. Y sumió a Ana Oramas en un silencio sepulcral sobre Las Teresitas del que no quiere salir.
Pía Oramas era entonces arquitecta municipal y ya en 1997 había estudiado una posible valoración de los terrenos de Las Teresitas. Recibe de nuevo en 2001 el encargo de manos del entonces concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y se pone manos a la obra. Pronto surgen los problemas, como relata la sentencia: «Desde un primer momento se produce una discrepancia entre el Sr. Parejo y la Sra. Oramas: el primero reclama una valoración del 100% del aprovechamiento correspondiente a los 179.000 metros cuadrados de edificabilidad del frente de playa, pero la arquitecta municipal insiste en que la valoración del suelo (si se pretende obtener una valoración del precio real) debe incluir» tres elementos que Parejo y compañía quieren evitar: el deslinde de Costas, la necesidad de revisar el Plan Parcial de 1998 y la necesidad de materializar las cesiones de aprovechamientos lucrativos.
El tribunal concede «plena credibilidad» a Pía Oramas cuando relató en la vista la «colérica» reacción de Manuel Parejo ante sus reservas. Ella llega a proponer que sea su jefe municipal directo, Epifanio Gómez, quien se encargue de la tasación, pero aquí aparece otro dato que revela la ausencia de fronteras entre lo público y lo privado en Tenerife en aquellos años: Gómez alega incompatibilidad porque realizaba trabajos «fuera del Ayuntamiento por cuenta de (...) Antonio Plasencia». Sin comentarios... Pía Oramas también dejó constancia de las presiones que recibía para cambiar su criterio, pero se mantuvo firme. Desde entonces, su dictamen fue uno más entre los muchos que manejó el Ayuntamiento y fue convenientemente ocultado a los concejales cuando llegó el momento de aprobar el acuerdo con los empresarios. Luego, los hechos le dieron la razón. Y la Justicia ahora también.
El día que Zerolo se acordó de Tinsa.
Aquello tenía que parecer una negociación seria e incluso tensa entre el Ayuntamiento y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González sobre cuánto valían los terrenos que habían comprado de manera sorpresa y gracias a un generoso préstamo de Cajacanarias. Esa «simulación de negociación» aparece descrita con todo lujo de detalle en la sentencia, que destaca el papel clave jugado por el entonces alcalde, Miguel Zerolo, que también era consejero de Cajacanarias.
«El Sr. Zerolo y el Sr. Parejo», concluye el tribunal, «faltan a la verdad cuando afirman que el alcalde pidió a Cajacanarias una tasación de cuya existencia tenía noticia por su condición de consejero: por el contrario, lo que hicieron de verdad fue introducir al simulacro de negociación otra tasación de parte (de los vendedores), realizada conforme a las hipótesis de los vendedores (en su beneficio) y en la que se aprecian reiterados indicios de manipulación del precio con intención de incrementarlo (...) Se presenta como tasación objetiva, independiente y confiable de Cajacanarias lo que en realidad es una tasación en la que las hipótesis de partida han sido manipuladas y prefijadas de común acuerdo por los acusados (con la intervención incluso del Sr. Parejo en reuniones con los tasadores de Tinsa)», según admitió uno de los tasadores al declarar como testigo.
Sobre esos tasadores, el fallo agrega que «ninguno de los dos peritos de Tinsa, a pesar de la cualificación que cabe presuponerles, fue capaz de justificar razonablemente en el juicio oral el motivo por el que la tasación no incluye referencia alguna a los efectos del deslinde de Costas, a la aplicación de la moratoria (pues admiten que el incremento de plazos afecta al valor del suelo) o de la normativa de estándares».
En conclusión, el amaño estaba consumado y el Ayuntamiento acabó comprando al precio desorbitado que deseaban los vendedores. Los informes que cuestionaban esa cantidad (52 millones de euros) fueron sepultados.
