Valido retirará el nuevo decreto de dependencia si no logra consenso

12/12/2018

El borrador elaborado por Políticas Sociales ha recibido más de 60 alegaciones, la mayoría contrarias al texto del Gobierno. Los grupos parlamentarios creen que se prepara un «decretazo»

La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, anunció y reiteró en repetidas ocasiones a lo largo de la sesión plenaria de ayer que el decreto con el que se busca agilizar las valoraciones de la dependencia en Canarias «se retirará si no hay consenso». El documento, que en fase de borrador, ha recibido más de 60 «aportaciones», algunas, dijo, «muy enriquecedoras» y pidió a los partidos con representación parlamentaria que «por lo menos» la dejen intentar sacar adelante el «decreto de nueva generación que necesita Canarias».

Cristina Valido se desgañitó pidiendo a sus señorías que entendieran que el documento que ayer se debatía, y sobre el que ya se han posicionado en contra tanto los trabajadores de la Dependencia, como los colegios profesionales, muchos ayuntamientos y algunos cabildos, no era, como se dijo en el pleno, un «decretazo», sino «un borrador en discusión». Reconoció que «igual faltó comunicación» y que se pudieron cometer «errores», pero también dijo que «no pasa nada» porque, quienes entienden que el borrador propuesto no es el camino, «han estado en el proceso participativo» y estarán, aseguró, «en la mesa técnica» de la que saldrá el documento que finalmente se apruebe. Y reiteró: «Solo si hay acuerdo habrá decreto».

La agria discusión se generó durante el debate de dos comparecencias solicitadas por PP y PSC sobre el contenido del borrador de decreto para agilizar los procedimientos de valoración de la dependencia, en el que todos los grupos con representación parlamentaria, salvo CC, acabaron acusando a Valido de buscar, con este documento, que se produjera un colapso en los ayuntamientos -que harían ahora la primera valoración- para «maquillar» su gestión de cara a las próximas elecciones.

Después de que tanto los diputados del PP, como del PSOE y NC le reclamaran quién elaboró el borrador, Valido admitió (y apuntó que ya lo había dicho en sede parlamentaria) que encargó «un estudio previo» y un «trabajo neutral» a una consultora. Pretendían los grupos evidenciar que los trabajadores rechazaban ese borrador porque no habían sido consultados para su elaboración.

Así lo pusieron de manifiesto la diputada del PP Josefa Luzardo y la del PSOE Teresa Cruz Oval y, además, esta le recordó la «expectación que generó con el anuncio del decreto» que finalmente ha resultado ser, dijo, «un fiasco, un revés y un desengaño».

Luis Campos, de NC, consideró que «peor» no lo pudo hacer porque una gran mayoría de colectivos coinciden en que el decreto propuesto no es el camino, sino una «chapuza» que, de salir adelante, no resolverá los problemas sino que saturará aún más a los ayuntamientos.

Los diputados consideraron que lo que la dependencia necesita es financiación para mejorar los recursos humanos y materiales que permitan desatacar la situación actual, en la que este año -hasta el 31 de octubre- solo se habían valorado a 251 personas en Canarias frente a más de 17.000 en todo el país.

La atención a la dependencia tiene prevista para 2019 una inversión de 18,5 millones de euros consignados en distintas partidas en el proyecto de presupuestos.

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